100 días de Abelardo de la Espriella: las polémicas que marcaron sus primeros meses de gobierno

El 15 de noviembre de 2026 se cumplen 100 días desde que Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia. Desde su posesión realizada en Cali, el 7 de agosto, su mandato ha estado mar...

El 15 de noviembre de 2026 se cumplen 100 días desde que Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia. Desde su posesión realizada en Cali, el 7 de agosto, su mandato ha estado marcado por acontecimientos que han recibido respaldo tanto en el país como en el exterior, en especial sus anuncios de seguridad y su política internacional.

No obstante, su Gobierno también ha enfrentado una sucesión de controversias que ha mantenido al mandatario en el centro del debate público. Las críticas han alcanzado tanto sus actuaciones y anuncios, como hechos que involucran a integrantes de su familia y a funcionarios cercanos.

Las respuestas del Ejecutivo han combinado defensas públicas, decisiones de relevo y la reivindicación de sus resultados, mientras varias controversias han llegado al Congreso y a los despachos judiciales.

Un terremoto y varias ‘réplicas’

El sismo de magnitud 7,4 del 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, fue la primera emergencia de gran escala del Gobierno. El Reporte Situacional N.º 102 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte al 10 de octubre, registró 335 víctimas mortales, 4.516 personas heridas y 105 desaparecidas. El balance incluyó 778.281 personas y 305.791 familias damnificadas en 500 municipios de 16 departamentos, así como 36.478 viviendas destruidas y 207.889 averiadas.

El sismo no solo dejó afectaciones a la población, sino que también evidenció las primeras grietas del gobierno recién posesionado. El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quedó en el centro de la controversia después de que el portal Desigual difundiera imágenes de su permanencia en Santa Marta con su familia durante el fin de semana posterior al terremoto. Según la publicación, el funcionario asistió a una boda y prolongó su estadía en la ciudad mientras la emergencia exigía medidas para miles de personas que habían perdido sus hogares.

La controversia derivó en una moción de censura en el Congreso, impulsada por partidos de la oposición e independientes. Una de ellos fue la senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) que pidió la salida del funcionario, al conocer las polémicas imágenes: “Si en este momento la prioridad de Jaime Andrés Beltrán es irse de vacaciones a la playa, destitúyalo Abelardo de la Espriella. Firme por las vacaciones”, afirmó en su cuenta de X.

Sin embargo, Beltrán sostuvo que no estaba de vacaciones, sino que quería compartir un espacio con su familia que, según él, se había programado antes del sismo de 7,4: “Quise compartir unas horas con mi esposa y mis hijos”, dijo en un video difundido en sus redes sociales.

Durante el debate en el Congreso, el jefe de cartera de vivienda ofreció disculpas a quienes se sintieran ofendidos, aunque defendió su decisión con una frase que intensificó la discusión: “Condenan la familia, pero hacen silencio ante las atrocidades que hacen a escondidas”. El Senado finalmente negó la moción y De la Espriella lo mantuvo en el cargo.

Otra vertiente de la emergencia se concentró en las donaciones gestionadas por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, encabezada por la primera dama, Ana Lucía Pineda. La organización informó que entre julio y octubre administró y canalizó $54.589 millones y sostuvo que no recibió ni manejó recursos públicos. Pineda explicó que una parte del dinero quedó reservada para la reconstrucción de viviendas en coordinación con constructoras y alcaldías.

No obstante, el senador Alejandro Ocampo (Pacto Histórico) cuestionó la falta de información detallada y promovió acciones judiciales para obtenerla. “Nos han dado todas las vueltas posibles”, afirmó al anunciar que un juez ordenó entregar, en 48 horas, las cuentas sobre los montos recibidos, los donantes, el uso de los recursos y los planes para el dinero pendiente. La decisión no establece irregularidades, pero exige a la fundación rendir información completa.

El caricaturista Julio César González, conocido como Matador, también convirtió ese reclamo en el eje de publicaciones en X. El 11 de octubre se dirigió a Pineda con expresiones despectivas: “Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica”, un comentario que generó todo tipo de rechazo en todos los sectores políticos y sociales del país.

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar para establecer si las publicaciones pueden tener relevancia penal por posibles conductas de hostigamiento, injuria agravada o violencia contra la mujer. La actuación está en etapa inicial y no equivale a una declaración de responsabilidad.

La primera dama rechazó los ataques: “No me intimidan, no me detienen”, comentó en una entrevista concedida a Semana. Entre tanto, Matador ha sostenido que sus cuestionamientos apuntan al manejo de las donaciones, “no a su condición de mujer”.

Bombardeos a grupos armados y muerte de menores

Una de las decisiones del Gobierno de Abelardo de la Espriella que causó diferentes observaciones en el país fue la reactivación de los bombardeos contra estructuras armadas ilegales.

La primera operación de su administración se realizó entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de agosto en el Catatumbo, Norte de Santander, contra el ELN. El balance inicial del Gobierno reportó dos presuntos integrantes de esa guerrilla muertos y la incautación de cerca de 1,5 toneladas de explosivos, 440 granadas adaptadas para drones y otro material de guerra.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, informó que tres campesinos, incluida una mujer de 44 años, resultaron heridos y que hubo desplazamientos hacia El Tarra. Posteriormente, análisis de Medicina Legal citados por medios de comunicación elevaron a ocho el número de fallecidos, entre ellos un adolescente de 16 años.

Sin embargo, el operativo que puso al Gobierno bajo la lupa fue el ejecutado el 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare, contra una estructura de las disidencias de las Farc. Allí, Medicina Legal identificó tres menores de edad entre las diez personas fallecidas en ese operativo.

Tras la controversia por la muerte de menores en operaciones posteriores, el presidente defendió la ofensiva en X: “Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas”.

El ministro de Defensa, el general retirado Jorge Eduardo Mora, aseguró que los menores muertos en Guaviare “eran combatientes” y que la operación cumplió los estándares jurídicos aplicables y el presidente atribuyó a los grupos armados la responsabilidad por reclutar a niños y adolescentes.

Desde la oposición, señalaron al titular de la cartera como responsable “por la muerte de estos tres niños”, según mencionó el representante Oscar Benavides. Asimismo, pidieron que el Gobierno explicara el cumplimiento de los principios de distinción, precaución y proporcionalidad del derecho internacional humanitario. Sin embargo, congresistas aliados al Ejecutivo enfatizaron que dicha bancada desconocía antecedentes de muertes de menores en operaciones de gobiernos anteriores.

La discusión llegó al Senado mediante una moción de censura contra Jorge Eduardo Mora. El 23 de septiembre, la iniciativa se hundió con 65 votos en contra y 17 a favor, por lo que el ministro continuó en el cargo.

Pero la discusión no se quedó en el Legislativo, también se trasladó a los estrados judiciales. El 3 de septiembre, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá admitió una tutela presentada en favor de menores reclutados que podían resultar afectados por operaciones aéreas y dictó una medida provisional. La decisión impuso medidas de precaución y verificación antes de operaciones aéreas en áreas donde hubiera información o duda razonable sobre la presencia de menores o población civil. Posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa decisión por improcedente, sin resolver el fondo del debate sobre la legalidad de los ataques.

Otros juzgados de Cúcuta y Popayán han requerido respuestas sobre la aplicación efectiva de los protocolos y han admitido incidentes de desacato. La postura oficial es que las Fuerzas Militares pueden continuar sus capacidades operacionales dentro del marco constitucional, legal y del derecho internacional humanitario, con deberes de distinción, proporcionalidad y precaución.

Para finales de octubre, la entidad había confirmado ocho muertes de menores en operativos militares desarrollados desde el inicio de la administración.

Entre redadas y caminatas mortales

La política de seguridad de Abelardo de la Espriella ha incluido operativos policiales y militares acompañados de una exposición directa del presidente. El mandatario ha liderado o acompañado despliegues en Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá, como parte de su estrategia contra organizaciones criminales urbanas.

En los videos divulgados durante esos procedimientos, el presidente ha increpado a detenidos. A uno de ellos le dijo: “¿Sabes lo que se te viene? Vas a saber lo duro que te va a caer la justicia”. A otro lo calificó de “asesino miserable”. En Cali, añadió: “Creía que podía desafiar al Estado. Bienvenido a la Patria Milagro”. El mandatario defendió su presencia como acompañamiento a la Fuerza Pública y afirmó que la estrategia apunta a las cabecillas, las estructuras y las finanzas de las organizaciones criminales.

Las imágenes alimentaron reparos de juristas y defensores de derechos humanos, que advierten que una persona capturada conserva la presunción de inocencia y el derecho a la defensa hasta que exista una condena. El abogado penalista Santiago Trespalacios cuestionó en Caracol Radio los careos del mandatario con personas esposadas y rodeadas por agentes. “El presidente de la República de Colombia está violando la Constitución que juró proteger”, indicó, y sostuvo que “ni siendo un bandido se puede usar su cuerpo indefenso como propaganda política”. A su vez, la defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó que la seguridad se presente como “una guerra hecha para las cámaras más que para proteger a la gente”.

El debate se extendió a videos del presidente Abelardo de la Espriella en los que se le observa caminando entre cadáveres de integrantes de grupos armados abatidos. La primera de esas imágenes fue difundida el 2 de septiembre, tras la operación Azarías en Miraflores, Guaviare, y mostró al mandatario junto a bolsas blancas que contenían los cuerpos de al menos 23 presuntos disidentes de las Farc.

Dos días después, Presidencia publicó otro material junto a cuatro cuerpos tras la operación Centinela de la Patria en Riohacha, La Guajira, entre los que las autoridades dieron de baja a Nain Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito Menor, señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) o Los Pachenca.

El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá ordenó ocultar temporalmente ambas publicaciones de las cuentas oficiales, como medida cautelar dentro de una tutela presentada por el representante Santiago Osorio, por el posible impacto de las imágenes en niños, niñas y adolescentes.

El trámite continuó tras la acumulación de una acción similar, hasta que el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá falló posteriormente a favor del Gobierno, al concluir que los accionantes no estaban legitimados para actuar en nombre de todos los menores. El despacho, sin embargo, exhortó a Presidencia a aplicar alternativas menos invasivas, como advertencias o restricciones de visualización para contenido sensible.

El Gobierno ha defendido su narrativa de “mano dura” y De la Espriella ha presentado sus visitas a los operativos como una forma de respaldar a los uniformados; mientras sus críticos piden separar la comunicación presidencial de los procedimientos judiciales y de las garantías de quienes son detenidos.

Otras controversias

Los desplazamientos aéreos del presidente abrieron otra polémica. El representante José Luis Bohórquez (Pacto Histórico) denunció que las operaciones asociadas a la Presidencia costaron $2.286 millones entre el 7 de agosto y el 8 de septiembre, según reveló tras un derecho de petición presentado por el parlamentario.

El consolidado del Ministerio de Defensa incluyó 219 movimientos de aeronaves, 138 de ellos de menos de 10 minutos, y 43 trayectos relacionados con el aeropuerto Ernesto Cortissoz y la zona de Sabanilla, donde se ubica la sede deportiva del Junior de Barranquilla.

“Presidente, siga trabajando, pero no abuse del helicóptero. No es un juguete. Lo pagamos todos los colombianos”, escribió Bohórquez en X. Un juzgado ordenó al Ministerio de Defensa entregar información completa después de que el congresista cuestionara una respuesta inicial. Los registros no atribuyen por sí solos los 219 movimientos a viajes personales de De la Espriella: incluyen logística, seguridad, traslado de funcionarios y posicionamiento de aeronaves. Tampoco establecen ilegalidad o responsabilidad fiscal. Esa ha sido la principal explicación oficial frente a las denuncias.

Por otra parte, el 3 de octubre, el presidente pidió declarar insubsistente al director nacional de Bomberos, Germán Miranda, por hechos que, según dijo, debían ser esclarecidos por las autoridades. “La simple sospecha será suficiente”, sostuvo De la Espriella al anunciar que no habría contemplaciones frente a conductas que comprometieran la transparencia.

El mandatario adoptó esa decisión tras conocerse unos audios revelados por el diario El Tiempo, en los cuales se le menciona presuntamente gestionando o tramitando acciones irregulares ante la Fiscalía General de la Nación para encubrir hechos del pasado y obstaculizar una investigación

El entonces ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó la medida y afirmó que existían elementos sobre un posible intento de impedir que pruebas de actuaciones anteriores llegaran a la Fiscalía. Miranda había llegado al cargo el 7 de septiembre y ya enfrentaba reparos internos sobre el cumplimiento de requisitos y un proceso de responsabilidad fiscal.

Por último, otra de las polémicas que ha enfrentado el presidente colombiano es la constante salida de funcionarios de su gabinete. La más significativa fue la de Rodrigo Lara que dejó el Ministerio del Interior luego de 76 días en el cargo. La salida ocurrió tras la caída del trámite del Presupuesto General de la Nación de 2027 en el Congreso y en medio de desacuerdos con sectores políticos.

El exministro afirmó que presentó su renuncia a petición del presidente y ofreció respaldo al Gobierno. De la Espriella atribuyó el relevo a “diferencias de criterio y distintas maneras de entender algunas decisiones”, sin exponer un motivo único. Su remplazo fue Alejandro Ordóñez, que venía de ser embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El Gobierno llega así a la antesala de sus 100 días con procesos judiciales en curso, controles políticos ya resueltos y decisiones administrativas cuyos efectos aún siguen en discusión pública.