A pesar de que dos implicados en el caso Yulixa Toloza rechazaron los cargos, el juez aseguró que sabían lo que estaban haciendo
La audiencia de imputación de cargos contra los dos primeros implicados en la muerte de Yulixa Toloza abrió una nueva etapa judicial en el caso del presunto feminicidio relacionado con una clíni...
La audiencia de imputación de cargos contra los dos primeros implicados en la muerte de Yulixa Toloza abrió una nueva etapa judicial en el caso del presunto feminicidio relacionado con una clínica ilegal de Bogotá.
Ambos imputados, Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, capturados en Cúcuta, rechazaron los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, argumentando haber actuado de buena fe.
Los procesados se presentaron ante el juez de Control de Garantías el 21 y 22 de mayo, señalados formalmente por intentar ocultar y alterar pruebas esenciales en la investigación penal del fallecimiento de Toloza, ocurrido tras un procedimiento estético clandestino.
La Fiscalía General de la Nación sostiene que obraron con conocimiento y buscaban impedir el avance de la justicia. El juez estableció que ambos actuaron con pleno conocimiento de los hechos y ordenó su reclusión preventiva, medida que no fue apelada por ninguna de las partes.
Durante la exposición procesal, la defensa insistió en la versión de que los clientes fueron engañados por María Fernanda Delgado, dueña de la estética ilegal señalada en el expediente, y que actuaron sin conocer la magnitud de los hechos.
El abogado defensor indicó que Delgado contactó a su tío, Jesús Hernández, y a Kelvis Sequeira, ofreciéndoles retirar un vehículo a cambio de una suma de dinero para trasladarlo desde Los Patios hasta Cúcuta.
La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas como mensajes, transferencias y testimonios, argumentando que existieron instrucciones directas para evitar la detección y concretar el ocultamiento del automóvil, informó el diario colombiano El Tiempo.
El juez de control de garantías rechazó los argumentos de la defensa, señalando que “tanto Hernández como Sequeira sabían lo que estaban haciendo e intentaron ocultar un vehículo, que es pieza clave en la investigación por el crimen de Yulixa”. Por este motivo, dictó la medida privativa de libertad y dejó la decisión final sobre la legalidad de la captura en manos de un juez de circuito.
Argumentos de defensa y FiscalíaEl abogado de los procesados reiteró durante la diligencia que sus clientes fueron “asaltados en su buena fe”, alegando que desconocían el verdadero motivo por el que María Fernanda Delgado les solicitó mover el vehículo.
Sostuvo que “la señora María Fernanda, quien debe pagar por sus crímenes, engañó a su tío, como consta en las conversaciones”.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación expuso ante el tribunal que los procesados recibieron instrucciones precisas para recuperar, usar tapabocas y no ser identificados al moverse desde Venezuela hacia Colombia en la madrugada del 17 de mayo.
La entidad señaló que los imputados estaban conscientes de que el vehículo Chevrolet Sonic gris de placas UCQ 340 había sido utilizado en actividades criminales y que su propósito era obstaculizar la labor investigativa de las autoridades.
El vehículo clave en la investigación criminal del casoEl Chevrolet Sonic gris de placas UCQ 340 figura en la pesquisa como elemento relevante. La Fiscalía General de la Nación precisó, según el diario colombiano El Tiempo, que en ese vehículo se transportó a Yulixa Toloza desde la clínica ilegal de Tunjuelito hacia zona rural entre Apulo y Anapoima.
Dentro del automóvil se hallaron células epiteliales, cabello, una huella, una tarjeta SIM y un router de transmisión de señal de internet, elementos considerados clave para la reconstrucción de los hechos.
El automóvil fue uno de los principales escenarios de la actividad criminal, permitiendo identificar indicios biológicos y otros rastros relacionados con el caso. Las autoridades sostienen que los imputados pretendían no solo trasladar el vehículo, sino también facilitar su destrucción para eliminar pruebas.
Mientras persiste el debate jurídico sobre la legalidad de la captura, ambos imputados permanecerán bajo custodia en un centro carcelario de Cúcuta. Su comparecencia ante el juez de circuito definirá el curso del proceso en las próximas semanas.