Abelardo de la Espriella enfrenta un nuevo descuadre de dinero por el terremoto y confirman que tendría que gastar más: “Nos vamos a endeudar”

La promesa de ajuste del gasto con la que Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia duró tres días intacta: el terremoto del 10 de agosto de 2026, ocurrido a las 7:34 a. m., obligó a desv...

La promesa de ajuste del gasto con la que Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia duró tres días intacta: el terremoto del 10 de agosto de 2026, ocurrido a las 7:34 a. m., obligó a desviar ese plan hacia una reconstrucción que, en sus primeras cuentas, se mueve entre $20 billones y $40 billones.

Ante las consecuencias del fenómeno natural, se cambió el plan del Gobierno porque el ahorro prometido para recortar el tamaño del Estado dejó de tener como único destino la austeridad y pasó a competir con la financiación de la reconstrucción. El nuevo escenario combina una emergencia con costos de hasta $40 billones, un Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 ya desfinanciado y la decisión oficial de no crear nuevos impuestos.

Y es que De la Espriella se posesionó el 7 de agosto con una consigna de reducción del Estado. Su programa prometía achicarlo 40% en cuatro años, retirar unos 700.000 funcionarios y contratistas, pasar de 19 a 10 ministerios y ahorrar entre $25 y $30 billones anuales.

Costo humano y fiscal del terremoto

El balance oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) al 16 de agosto reportó 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas. Los daños se extendieron a cerca de 450 municipios, con más de 185.000 damnificados y 44.000 familias sin casa.

Las primeras cuentas de la reconstrucción arrancan en $20 billones, equivalentes al 1% del Producto Interno Bruto (PIB), según BTG Pactual. Ese cálculo sube hasta $40 billones si el golpe equivale a dos puntos del producto.

El antecedente que aparece en la discusión es el terremoto del Eje Cafetero de 1999. Dicho desastre costó 2,2% del PIB y el Estado asumió dos tercios de la factura. La escala del daño convirtió una agenda de ahorro en una discusión sobre financiación de largo plazo.

Así las cosas, la emergencia ya no se mide solo por la atención inmediata, sino por la capacidad de sostener obras de vivienda, salud, educación y transporte durante varios años.

Por supuesto, el sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, alteró ese libreto. La ruta de recortes siguió en pie, pero el desastre le puso un destino inmediato a cualquier margen fiscal que logre abrir el Gobierno.

Un terremoto sobre unas finanzas ya deterioradas

La reconstrucción encontró al Estado en uno de sus momentos fiscales más estrechos. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) calcula para 2026 un desbalance de 7,4% del PIB y una deuda neta de 61%, la más alta de la historia.

La explicación de ese desequilibrio cabe en una cuenta simple: por cada $100 que produce la economía, el Gobierno gasta $7 más de lo que recauda. Además, $1 de cada $3 del recaudo se va en intereses. A esa presión se suman otros dos datos: la inflación anual cerró julio en 6,03% y la tasa del Banco de la República sigue en 12%.

Precisamente, el Banco de la República pidió reducir la asimetría entre gasto e ingresos. Esa combinación deja poco margen para abrir la billetera pública sin agrandar el déficit o la deuda.

Ante la situación, Infobae Colombia consultó a varios expertos sobre lo que puede pasar en adelante. La decana de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura (sede Bogotá), Lorena Gutiérrez, fue tajante y dijo que “el sismo no modificó el diagnóstico de las finanzas públicas: reordenó las urgencias. Apretar el gasto sigue siendo indispensable, pero el ahorro ya tiene destinatario y fecha”.

De igual manera, marcó la diferencia entre el recorte administrativo y el costo real de levantar de nuevo las zonas afectadas.

“Conviene separar dos cosas que suenan iguales: adelgazar el funcionamiento estatal y financiar obras. Reconstruir es inversión plurianual e inflexible; no se paga recortando viáticos en un semestre”, dijo.

El presupuesto y las fuentes de financiación de la emergencia

El frente inmediato está en el presupuesto. Por ejemplo, el proyecto del PGN de 2027, radicado el 29 de julio por el anterior gobierno por $575,7 billones, fue devuelto por las Comisiones Económicas del Congreso de la República porque los ingresos aforados llegaban a $545,4 billones y el faltante subía a $30,2 billones.

De esta manera, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, informó que lo presentará otra vez el 26 de agosto con partidas para la reconstrucción. El funcionario descartó nuevos tributos y sostuvo que el presupuesto “está lleno de burocracia” y que de allí saldrán los recortes para financiar la emergencia.

Los recursos inmediatos provienen de varias fuentes:

USD450 millones de una línea contingente del Banco Mundial (USD200 millones ya desembolsados).USD300 millones activados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

También entran aportes del sector privado y de entidades sociales.

La Andi reunió $202.000 millones.Las cajas de compensación aportaron $90.000 millones.

A eso se suma la declaratoria de emergencia económica del 12 de agosto, que creó el Fondo Milagro por 30 días.

Este año ya se había usado una declaratoria en febrero, de modo que el Ejecutivo vuelve a una herramienta extraordinaria para abrir espacio financiero. Gutiérrez puso un límite a ese mecanismo. Anotó que “la declaratoria sirve para arrancar y montar la financiación, no para reconstruir. Lo estructural pasa por ley y presupuesto, bajo control de la Corte Constitucional y del Congreso”.

Austeridad, deuda e inversión para pagar la reconstrucción

Como se recordará, la meta oficial de bajar el déficit del 6,4% al 4,8% del PIB en el primer año quedó más difícil de cumplir. Sin embargo, según la experta, el problema es que el ahorro prometido de $25 a $30 billones alcanzaría para cerrar el hueco presupuestal o para atender el desastre, pero no para las dos cosas al mismo tiempo.

Dicha presión también llega a la reforma tributaria que el Gobierno llevará al Congreso en septiembre. Así las cosas, la discusión sobre austeridad ya no gira solo alrededor del tamaño del Estado, sino sobre qué gastos se recortan y cuáles se preservan.

Gutiérrez llevó ese debate al terreno político y presupuestal. “A este Gobierno lo van a medir por la composición del gasto, no por su tamaño. Si el tijeretazo cae en burocracia y el ahorro se ve en viviendas, colegios y hospitales, la promesa se cumple. Si es solo un traslado de partidas, la cuenta la paga el contribuyente”, anotó.

Emergencia no elimina la necesidad de disciplina fiscal

Por su parte, el CEO de Lumen Economic Intelligence, Luis Fernando Mejía, exdirector ejecutivo de Fedesarrollo y exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), planteó que “la emergencia no elimina la necesidad de disciplina fiscal”.

Ante esto, apuntó que “el terremoto obliga al Gobierno a replantear el ritmo del ajuste del gasto, pero no debería llevarlo a abandonar la idea de la austeridad fiscal. Colombia llega a esta emergencia con unas finanzas públicas muy deterioradas y, por eso, tiene poco espacio para simplemente adicionar gasto y financiarlo con más déficit y más deuda”.

Añadió que el desastre, lejos de diluir la exigencia de recortar, la hace más estricta en otras partidas. Señaló que “la tragedia puede hacer todavía más urgente la austeridad en otras áreas”.

Asimismo, remarcó que “cada peso que se gaste en burocracia innecesaria, contratos prescindibles o programas de baja efectividad es un peso que no está disponible para la reconstrucción”. Agregó que “el desafío para el gobierno será demostrar que puede atender una emergencia de enormes proporciones sin renunciar a la recuperación de la sostenibilidad fiscal”.

La respuesta que exige la emergencia

Por su parte, el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño describió primero el tamaño de la respuesta que exige la emergencia. “El país tiene que hacer un vuelco para llegar a las zonas afectadas, para atender a todos los damnificados, para reconstruir la infraestructura de transporte, de salud, de educación, la infraestructura pública”, dijo.

Planteó que la salida también pasa por diseñar “una senda de deuda creíble”. Agregó: “Nos vamos a endeudar más, vamos a recortar los gastos que no son, vamos a disminuir el tamaño del Estado y vamos a mostrar una senda de convergencia de la deuda pública”.

De igual manera, el exfuncionario insistió en que el mayor endeudamiento debe ir acompañado de señales claras de ajuste.

“Todo el mundo entenderá que nos tenemos que endeudar, pero también tiene que mostrarse ese esfuerzo del Gobierno nacional por recortar lo que no se debe hacer, por focalizar mucho mejor los subsidios, por focalizar el gasto público, por pagar la deuda en salud”, precisó.

Londoño también puso el foco en el nuevo presupuesto que deben rearmar el Congreso y el Gobierno. “Uno no puede gastar más de lo que tiene”, afirmó. Su propuesta no se limita a los recursos estatales. Detalló que “lo importante es centrarse en buscar la inversión no solo pública, sino también privada. Que los empresarios, como lo han mostrado, le ayuden al país en invertir, en generar empleo, en generar empresas, en generar crecimiento”.