Alcaldesa de Dagua y gestora social fueron declaradas “objetivo militar” por las Farc-EP en panfleto con amenazas de muerte
La crisis de seguridad en el municipio de Dagua, Valle del Cauca, se agravó en las últimas horas tras la circulación de un comunicado atribuido a la Columna Móvil Jaime Martínez del Comando Co...
La crisis de seguridad en el municipio de Dagua, Valle del Cauca, se agravó en las últimas horas tras la circulación de un comunicado atribuido a la Columna Móvil Jaime Martínez del Comando Coordinador de Occidente de las Farc-EP, en el que se declara como “objetivo militar” tanto a la alcaldesa Karol Villarejo como a la gestora social Ceneibe Jaramillo Correa, exigiéndoles abandonar el territorio en un plazo de 24 horas bajo amenaza de represalias armadas.
El panfleto, conocido públicamente el 13 de mayo de 2026, generó una reacción inmediata de las autoridades departamentales y municipales, que convocaron un consejo de seguridad extraordinario para evaluar los riesgos y adoptar medidas de protección frente a la escalada de intimidaciones contra las funcionarias de la administración local.
El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, Guillermo Londoño, informó que por instrucciones de la gobernadora Dilian Francisca Toro se realizó una reunión urgente con la alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo, los mandos de la fuerza pública y diferentes entidades del Estado para coordinar acciones de respuesta.
Entre las decisiones adoptadas se encuentra el fortalecimiento de las medidas de seguridad para la alcaldesa y la gestora social, así como la activación de mecanismos de denuncia ciudadana y la disposición de recompensas para quienes aporten información que permita prevenir nuevos hechos de violencia o identificar a los responsables de las amenazas.
La Fiscalía General de la Nación designó a un fiscal de la seccional de Cali para asumir la investigación del caso, mientras que la Unidad Nacional de Protección inició un estudio urgente para revisar y reforzar los esquemas de seguridad de las funcionarias amenazadas.
La alcaldesa Karol Villarejo rechazó los hechos y aseguró que las intimidaciones representan una forma de violencia de género contra las mujeres que ejercen liderazgo en zonas afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.
La mandataria confirmó que interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía y pidió a la comunidad colaborar con las autoridades mediante reportes oportunos sobre cualquier situación sospechosa que afecte la tranquilidad del municipio.
“Agradecemos e invitamos a toda la comunidad a que se comuniquen y a que denuncien cada uno de estos actos que generan zozobra e intranquilidad en el territorio”, expresó la alcaldesa en declaraciones recogidas por el diario nacional.
Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro manifestó públicamente su rechazo a las amenazas contra la administración municipal de Dagua y anunció el acompañamiento permanente de la Gobernación del Valle del Cauca para enfrentar la situación de orden público.
A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, la mandataria indicó que solicitó a la comandante de la Policía del Valle, general Sandra Liliana Rodríguez, y a la Secretaría de Seguridad desplazarse de inmediato al municipio para realizar seguimiento directo a las denuncias y coordinar las medidas de protección.
Toro también pidió a la Fiscalía asumir con prioridad las investigaciones para esclarecer el origen del panfleto y establecer posibles responsables.
“Solicito a la Policía y a la Fiscalía ponerse al frente de esta investigación, esclarecer el origen de estas amenazas y evaluar de manera urgente las condiciones de riesgo del municipio”, señaló la gobernadora.
El comunicado atribuido a la Columna Móvil Jaime Martínez sostiene que las amenazas contra Ceneibe Jaramillo Correa obedecen, según el grupo armado, a presuntos actos de corrupción, supuestas mentiras reiteradas al pueblo y un presunto uso indebido de recursos públicos.
En el texto, los autores del panfleto lanzan una advertencia directa contra la funcionaria y le ordenan abandonar el territorio de Dagua en un plazo máximo de 24 horas.
“Si cumplido este tiempo llega a poner un pie sobre el territorio, nuestras unidades se verán obligadas a adentrarse y atacar, considerando su presencia como un acto de provocación directa”, señala el documento ilegal difundido en redes y canales de mensajería.
Además, el grupo armado afirma que cualquier hecho de violencia posterior sería responsabilidad de la funcionaria en caso de no acatar la orden de abandonar el municipio, lo que incrementó la preocupación entre las autoridades y la comunidad.
Las instituciones locales y departamentales mantienen activados los protocolos de seguridad y seguimiento permanente ante el riesgo de nuevas acciones intimidatorias en la zona.