Callao despeja más de 600 metros de la avenida Venezuela tras 30 años: empresas habían convertido el espacio público en cochera

La Municipalidad Provincial del Callao ejecutó un operativo para retirar estructuras construidas ilegalmente sobre áreas públicas de la avenida Venezuela, en el tramo comprendido entre el óvalo...

La Municipalidad Provincial del Callao ejecutó un operativo para retirar estructuras construidas ilegalmente sobre áreas públicas de la avenida Venezuela, en el tramo comprendido entre el óvalo La Perla y la calle Carlos A. Saco. La intervención contó con maquinaria pesada y apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) para recuperar estos espacios públicos invadidos por empresas privadas.

El alcalde provincial del Callao, César Pérez Barriga, afirmó que las estructuras habían ocupado parte de la vía pública durante más de 30 años y que, en algunos puntos, se habían extendido hasta 25 metros de ancho.

“Les llegó la hora de retroceder. Les llegó la hora de cumplir con la ley”, sostuvo el burgomaestre durante la intervención. Según explicó, la comuna inició previamente el procedimiento administrativo y coactivo que permitió ejecutar la demolición de las construcciones levantadas en áreas públicas, por lo que los trabajos de recuperación de espacios públicos continúan.

Retiran estructuras y recuperan veredas

Imágenes difundidas por la Municipalidad del Callao muestran maquinaria pesada utilizada para derribar paredes que habían sido levantadas para cercar parte de los espacios públicos. Posteriormente, se realizaron labores de limpieza y retiro de los restos de las estructuras.

La comuna indicó que, tras la intervención, las veredas quedaron nuevamente disponibles para el tránsito peatonal y se recuperó el diseño vial original de la avenida Venezuela.

Según el municipio, la intervención permitió recuperar un tramo de más de 600 metros de la avenida Venezuela, en respuesta al pedido de los vecinos de la zona.

“Era un clamor de los vecinos recuperar el área pública, recuperar sus pistas, sus veredas”, manifestó.

En redes sociales, vecinos chalacos expresaron su conformidad con los trabajos realizados. Según señalaron algunos usuarios, estas áreas permanecían ocupadas desde hace más de 20 años y, pese al paso de varias gestiones municipales, no habían recibido una respuesta a esta demanda. Consideraron que la recuperación del espacio público también permitirá mejorar la fluidez vehicular en la zona. Asimismo, pidieron que la intervención se extienda a otras zonas del Callao.

¿Qué empresas estaban vinculadas a las áreas intervenidas?

De acuerdo con información difundida por medios locales, las áreas intervenidas estaban vinculadas a Inversiones Euclara S.A., IESA S.A. y a la sociedad conyugal conformada por Aldo Eduardo Muller Bull y Zoila Linda Jacobs Bardales.

Además, entre los espacios que fueron intervenidos se encuentra parte de uno de los patios de maniobras de la Asociación de Concesionarios y Transportistas Unidos(ACTU), donde se guardan buses del Corredor Rojo y del servicio de transporte regular autorizado. Según informó su gerente general, Ángel Mendoza Aguirre, este espacio le fue alquilado a la familia Cogorno quienes no notificaron a los inquilinos sobre las advertencias y posible intervención del municipio.

Para la intervención se desplegó personal de seguridad ciudadana, fiscalización, servicios a la ciudad, Defensa Civil y serenazgo, además del apoyo de la PNP.

Denuncian demolición ilegal

Inversiones Euclara S.A., que ocupaba el terreno, considera que lo ocurrido constituye una vulneración del derecho de propiedad reconocido en la Constitución, y advierte que sienta un precedente que podría replicarse en perjuicio de cualquier persona o empresa en el país.

Para ellos, la municipalidad ha invadido terreno privado debidamente inscrito alegando una falsa ocupación ilegal por sus legítimos propietarios y la necesidad de tomar el espacio para fines públicos.

En vez de expropiar, la municipalidad habría implementado un proceso sancionador (que, además de carecer de fundamento, está fuera de su competencia) pretendiendo utilizar arbitrariamente una ley que faculta demoliciones en supuestos de riesgo inminente sin que ello haya sido el caso.