Comisiones Económicas aprobaron el Presupuesto General de la Nación de 2027 por $634,9 billones: recortes clave marcaron la discusión

Las Comisiones Económicas Conjuntas dieron vía libre en primer debate al proyecto presentado por el Gobierno nacional, cuyo monto asciende a $634,9 billones. La iniciativa continuará ahora su tr...

Las Comisiones Económicas Conjuntas dieron vía libre en primer debate al proyecto presentado por el Gobierno nacional, cuyo monto asciende a $634,9 billones. La iniciativa continuará ahora su trámite en las plenarias de Senado y Cámara, donde se debatirá nuevamente la distribución de los recursos y podrán presentarse nuevas proposiciones.

Durante la discusión fueron aprobadas modificaciones a distintas partidas presupuestales. Entre ellas se encuentra una reducción de $170.000 millones en los recursos destinados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuyos recursos serán dirigidos, en su mayoría, al fortalecimiento de la justicia ordinaria.

También se aprobaron proposiciones para adicionar alrededor de $500.000 millones al SENA y distribuir nuevos recursos entre organismos como la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El debate en las Comisiones Económicas

El proyecto avanzó en medio de cuestionamientos de congresistas del Pacto Histórico y de otros sectores de izquierda, quienes plantearon reparos sobre la distribución de los recursos y las medidas incluidas en el documento.

La bancada del Pacto Histórico había radicado una ponencia alternativa por $598,6 billones. Uno de los puntos abordados fue la estructura de los ingresos proyectados para el próximo año. El senador Wilson Arias presentó una comparación entre el aforo de 2026 y la propuesta para 2027. Según las cifras expuestas por el congresista, los ingresos corrientes pasarían de $337 billones a $315 billones, mientras que los recursos de capital aumentarían de $184 billones a $287 billones.

La presentación de Arias también señaló un incremento de la deuda, que pasaría de $100 billones en 2026 a $155 billones en 2027. En cuanto al gasto, la comparación mostró un aumento del presupuesto total de $550 billones a $634,9 billones.

Durante la exposición también se mencionaron reducciones en rubros como la nómina, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y las pensiones, por $4,5 billones, $9,5 billones y $6 billones, respectivamente. También se hizo referencia a un recorte de $500.000 millones al Sena, aunque durante el debate fueron aprobadas nuevas proposiciones para adicionar recursos a esta entidad.

La situación de las finanzas públicas fue otro de los ejes de la discusión. El representante Santiago Osorio Marín presentó cifras atribuidas al Ministerio de Hacienda que ubican el déficit primario de 2027 entre 4,5% y 4,9% del PIB. Al sumar los intereses de la deuda, estimados en $18 billones dentro de su exposición, Osorio señaló que el déficit total proyectado llegaría a 9,4%. También presentó una proyección de deuda neta equivalente al 66,2% del PIB para 2027.

La defensa del Gobierno frente a la situación fiscal

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió el proyecto y sostuvo que las restricciones presupuestales responden a la situación fiscal recibida por la administración y a la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto.

Durante su intervención, explicó que el Gobierno había previsto inicialmente un plan de austeridad, pero que el desastre natural modificó las prioridades y obligó a revisar la estrategia económica para atender las necesidades derivadas de la emergencia. “Veníamos con la idea de un plan de austeridad porque esa es la estrategia responsable, es allí donde se pueden abrir espacios para que el país vuelva a crecer y a prosperar. Pero obviamente no contábamos con el terremoto y sin lugar a dudas cambió en unos instantes la realidad económica que teníamos que enfrentar”, señaló el jefe de la cartera.

Gómez también se refirió a las condiciones fiscales con las que, según su exposición, comenzó la actual administración. “Petro decía que el déficit fiscal era de 5,7; la verdad resultó siendo que es de 8,2. El presupuesto que recibíamos estaba desfinanciado en 30 billones, el cupo de crédito agotado en 94 y una economía adicta al gasto que mostraba un recalentamiento que se nota todavía hoy en el tema de inflación”, afirmó.

Sobre la posibilidad de aumentar el endeudamiento, el ministro manifestó: “¿Podíamos endeudarnos más? El propio gobierno saliente, consciente de la delicadísima situación financiera, había decidido presupuestar su servicio de la deuda de manera fantasiosa y maquillada”.

Durante la intervención, Gómez comparó la evolución de las principales partidas entre 2022 y 2027. “Entre el año 2022, cuando Gustavo Petro llegó al gobierno y el año 2027, el funcionamiento del Estado colombiano aumentó 86%. El servicio de la deuda en el mismo periodo aumentó 122%. En cambio, la inversión únicamente creció un 25%”, aseguró.

El ministro también señaló que, de acuerdo con las cifras presentadas durante su intervención, los niveles de inversión pública y privada serían los más bajos del país desde 1975.

El ministro también planteó fuentes adicionales de financiación para 2027, entre ellas recursos del denominado frente frío, fondos especiales de la Nación y aportes voluntarios de contribuyentes, con un monto estimado de $6,2 billones. A estos recursos se sumarían mecanismos por fuera del Presupuesto General de la Nación, como $700.000 millones del Fonpet, recursos de obras por impuestos y entre $800.000 millones y $1 billón provenientes de regalías.

Rodrigo Lara destacó la aprobación y planteó criterios para los recortes

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, destacó la aprobación en primer debate del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 en las Comisiones Económicas Conjuntas y señaló que existe una toma de conciencia por parte del Congreso de la República y del Gobierno nacional frente a la situación de las finanzas públicas y el déficit fiscal.

El ministro señaló que presentar un presupuesto que reflejara la situación fiscal fue el primer paso para abordar el problema de las finanzas públicas y avanzar hacia su equilibrio.

Sobre el proceso de recorte en las entidades del Gobierno, Lara indicó que debe hacerse de manera juiciosa y responsable, con protección de los recursos destinados a la inversión social, el desarrollo y el empleo. “Hay que recortar la grasa, hay que recortar básicamente los contratos de prestación de servicios de los que no trabajan, pero hay que proteger la inversión social, hay que proteger la inversión que permite desarrollo y hay que proteger la inversión que le llega a los colombianos y proteger el empleo de los que trabajan”, afirmó.

Además de las modificaciones relacionadas con justicia, organismos de control y el SENA, el proyecto contempla recursos adicionales para otros sectores. El Ministerio de Salud contará con $2 billones adicionales para atender la situación del sector, mientras que Deporte y Recreación tendrá una adición de $99.100 millones.

En contraste, se establecieron reducciones de $13.500 millones en Planeación y $15.600 millones en Transporte. También se contemplan recursos para fortalecer la seguridad en las ciudades y autonomía presupuestal para el Consejo Nacional Electoral (CNE).