Comprar casa en México es cada vez más difícil: los precios se triplicaron y los salarios siguen estancados
México enfrenta una crisis de acceso a la vivienda marcada por el encarecimiento de los inmuebles, el estancamiento de los salarios y la concentración de la propiedad y de los ingresos por alquil...
México enfrenta una crisis de acceso a la vivienda marcada por el encarecimiento de los inmuebles, el estancamiento de los salarios y la concentración de la propiedad y de los ingresos por alquiler, de acuerdo con el Cuadernillo de impuestos (a inmuebles) para hacer ciudad, elaborado por la Alianza por la Justicia Fiscal.
El documento señaló que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, el déficit habitacional puede estimarse en 8.2 millones de viviendas; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) lo ubica en más de ocho millones, de los cuales 20% corresponde a viviendas nuevas y 80% a mejoras del parque habitacional.
A ello se suman 10.3 millones de personas con carencias por calidad y espacios de la vivienda, mientras 70% de las viviendas habitadas requiere construcción, ampliación o reparación.
El problema no se limita a la falta de inmuebles. Entre 2020 y abril de 2026 se construyeron 888 mil 503 viviendas en el país, pero sólo 0.41% fue clasificada como económica, es decir, con un precio de 420 mil pesos o menos.
Incluso al incorporar la vivienda económica y dos categorías de vivienda popular B2, con precios de entre 456 mil y 563 mil 463 pesos, la producción alcanza 10.2% del total. Esta proporción contrasta con el hecho de que más de la mitad de los hogares puede acceder a un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de hasta aproximadamente ese monto.
Asimismo, el estudio atribuye parte de la crisis a una política de vivienda que ha tratado el acceso habitacional fundamentalmente como un asunto de mercado. Bajo ese proceso, los precios de la vivienda se han triplicado mientras los salarios se han mantenido estancados.
La transformación del Infonavit, que dejó de construir vivienda para concentrarse en la administración de créditos, tuvo repercusiones en la calidad de las construcciones y dejó en mayores dificultades a la mitad de la población que no cuenta con empleo formal ni con todas las prestaciones de ley, para la cual acceder a financiamiento resulta más complejo.
La vivienda en renta se ha convertido en una alternativa obligada para una parte creciente de la población.
En 2020, 27.5% de los hogares vivía en una vivienda alquilada o prestada, y en 18 estados más de la mitad de quienes rentan lo hacían porque no tenían acceso a un crédito o recursos para comprar una vivienda; el promedio nacional para esa situación era de 51.4%.
Sin embargo, los recursos generados por el alquiler están concentrados: 53% de los ingresos por alquiler se ubica en el 10% de los hogares de mayores ingresos. Otra medición señala que 60% de los ingresos por alquiler se concentra en el 1% de mayores ingresos y 37% en el segmento ubicado entre el percentil 91 y 99.
La desigualdad también se refleja en el gasto de los hogares. En las grandes ciudades, como la Ciudad de México, el 10% de los hogares de menores ingresos puede destinar hasta 60% de sus recursos al pago de alquiler, mientras el 10% de mayores ingresos recibe hasta 30% de sus ingresos mediante rentas.
Los gastos mensuales por alquiler registrados en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 ascienden a 23 mil millones de pesos mensuales. En ese contexto, sólo 54% de los 5.8 millones de hogares que vivían en una vivienda alquilada en 2020 contaba con un contrato de arrendamiento vigente.
La dificultad para acceder a una vivienda propia o adecuada tiene un impacto diferenciado. Las mujeres son propietarias en menor medida de los inmuebles que habitan y tienen una mayor presencia en el trabajo informal, en parte por la responsabilidad que asumen en tareas de cuidado.
Los hogares jóvenes y los encabezados por mujeres rentan con mayor frecuencia. En 2018, en la Ciudad de México, 79% de los hogares encabezados por mujeres de 30 años o menos pagaba renta, frente a 65% de los encabezados por hombres de la misma edad; a escala nacional, los porcentajes eran de 45% y 34%, respectivamente.
Periferias con menos serviciosLa crisis habitacional también está vinculada a la ubicación de las viviendas. Desde 1990, las políticas públicas han empujado a las personas de menores ingresos hacia las periferias urbanas, zonas que con frecuencia presentan menor acceso a empleo, educación, salud y equipamiento urbano.
En ese esquema, una parte de la población debe destinar horas a traslados en transporte público poco eficiente para acceder a los servicios de la ciudad.
Según la ENVI 2020, 23.8% de las personas estaba poco o nada satisfecha con la distancia entre su vivienda y su lugar de trabajo; 28.2% expresaba esa inconformidad respecto a los centros de salud, y 51.6% respecto a centros de recreación o instalaciones culturales.
La ubicación, por tanto, se suma a las condiciones físicas de las viviendas como uno de los elementos que definen el acceso efectivo al derecho a la ciudad.
El crecimiento urbano y la regulación territorial dependen en gran medida de los municipios, responsables del ordenamiento territorial, los usos de suelo, la zonificación, los permisos de construcción y el mantenimiento de calles, parques y jardines.
Las reglas locales pueden influir en la disponibilidad de vivienda asequible: limitar zonas centrales a vivienda unifamiliar en lotes grandes o exigir un número mínimo de cajones de estacionamiento en desarrollos puede restringir el suelo disponible para vivienda y otros usos urbanos.
A este escenario se agregan los procesos de especulación, acaparamiento, gentrificación y turistificación. La inversión en bienes inmuebles ha sido utilizada como una forma de preservar patrimonio, especialmente en contextos de incertidumbre económica.
En un país donde 79% de la población vive en localidades urbanas de más de 2 mil 500 habitantes, esta dinámica ha contribuido a la concentración del suelo urbano. México concentra además 90.5% de la riqueza de los hogares en bienes inmuebles, de acuerdo con el documento.
Impuestos locales, una fuente subutilizadaEl análisis plantea que los municipios y estados cuentan con instrumentos fiscales que podrían incidir tanto en la recaudación como en el acceso a la vivienda: el impuesto predial, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles o transmisión patrimonial (ISAI), el impuesto estatal al arrendamiento y el impuesto al hospedaje.
No obstante, la recaudación de impuestos a la propiedad en México fue equivalente a 0.3% del producto interno bruto (PIB) en 2024, por debajo de Colombia, donde representó 1.6%, y Chile, con 1.3% del PIB.
En el caso específico del predial, México fue el país con menor recaudación entre 13 países de América Latina analizados: en 2022 ingresó el equivalente a 0.11% del PIB por este concepto, sin avances relevantes desde 2000. Los obstáculos identificados incluyen factores político-electorales, por la resistencia a proponer mayores impuestos, y limitaciones institucionales, como la falta de catastros actualizados, capacidad de valuación y mecanismos de cobro.
El predial es un gravamen recurrente que se calcula sobre el valor del terreno y la construcción. En los 56 municipios revisados, representa en promedio 11.2% de los ingresos estimados para 2026.
Chihuahua prevé que equivalga a 21.5% de sus ingresos; San Pedro Garza García, a 21.4%, y Querétaro, a 21.2%. En el extremo opuesto se encuentran Tepic, con 2.9%; Chilpancingo de los Bravo, con 3.4%, y Matamoros, con 3.7%.
La recaudación estimada por predial en los 56 municipios analizados suma 61 mil 713.2 millones de pesos para 2026, frente a 58 mil 877.9 millones en 2025 y 57 mil 375.3 millones en 2024, a pesos constantes de 2026. En conjunto, los ingresos acumulados de los últimos tres años ascienden a 177 mil 966 millones de pesos.
En la Ciudad de México, el predial previsto para 2026 es de 28 mil 133 millones de pesos, monto 355% superior a los 6 mil 185.4 millones que el gobierno capitalino destinó en 2025 a sus programas de vivienda.
El diseño del impuesto varía entre municipios. De las 56 ciudades revisadas, 31 utilizan modelos progresivos, en los que la tasa aumenta conforme crece el valor del inmueble, y 25 mantienen una tasa fija.
En San Pedro Garza García, por ejemplo, la tasa efectiva del predial es de 0.2% para inmuebles de cualquier valor. En Mérida, en cambio, la tasa efectiva va de 0.10% para una propiedad de 500 mil pesos a 0.40% para una de 100 millones de pesos.
El peso del ISAI y la concentración inmobiliariaEl ISAI se paga al adquirir, heredar o recibir en donación un inmueble. En 2024, la recaudación total por este concepto fue de 32 mil 302 millones de pesos, mientras que el predial generó 52 mil 543 millones.
Entre los 56 municipios analizados, el ISAI representa en promedio 6.5% de los ingresos estimados para 2026, aunque en Querétaro alcanza 23.2%; en Mérida, 18.29%, y en San Pedro Garza García, 17.01%.
Cinco municipios esperan recaudar más por ISAI que por predial en 2026: Apodaca, San Pedro Tlaquepaque, General Escobedo, Tlajomulco de Zúñiga y Querétaro.
En los 55 municipios y la Ciudad de México revisados, la recaudación acumulada por este impuesto en los últimos tres años asciende a 85 mil 572.6 millones de pesos, a valores reales de 2026, con un crecimiento real de 6.7% entre 2024 y 2025.
La Ciudad de México estima recaudar 9 mil 761 millones de pesos por ISAI en 2026, un monto equivalente a 57.8% más que los 6 mil 185.4 millones de pesos destinados por el gobierno capitalino a sus programas de vivienda en 2025.
Según el ejercicio incluido en el documento, si la totalidad de esa recaudación se destinara a adquirir vivienda al precio promedio de la entidad, podrían comprarse 19 mil 34 viviendas; si se tomara como referencia el precio del 25% inferior, se podrían adquirir 35 mil 679.
El documento distingue dos modelos de cobro del ISAI. El primero utiliza rangos de valor, cuotas fijas y tasas aplicables al excedente, lo que genera un cobro progresivo. El segundo aplica una tasa fija sobre el valor total de la operación. En Querétaro, una vivienda de dos millones de pesos generaría un ISAI de 111 mil 238.91 pesos bajo un modelo progresivo.
En municipios como La Paz o San Pedro Garza García, con una tasa fija de 3%, el impuesto sería de 60 mil pesos; en La Paz, para una casa habitación a la que se aplique la deducción permitida, sería de 53 mil 580.80 pesos.
De las 56 ciudades examinadas, 25 mantienen modelos progresivos para el ISAI y 31 utilizan una tasa fija.
El análisis sostiene que la tasa fija no distingue entre inmuebles de menor valor y propiedades de lujo, ni considera la acumulación de múltiples bienes a nombre de una misma persona física o moral.
Vivienda social: gasto limitado y distribución desigualMientras los municipios recaudan recursos vinculados a la propiedad, el gasto federal en vivienda social mostró una ejecución menor a la aprobada. En 2025 se asignaron inicialmente 32 mil millones de pesos para vivienda social, cifra que posteriormente se modificó a 29 mil 814 millones.
Al cierre del cuarto trimestre se habían ejercido 16 mil 855 millones de pesos, equivalente a 52% del presupuesto inicialmente aprobado y 47.3% menos que el monto autorizado originalmente.
La inversión ejercida se tradujo en 165 mil 937 acciones de vivienda, entre ampliaciones, mejoramientos, reconstrucciones totales, conjuntos habitacionales para reubicación y adquisición de vivienda nueva y usada.
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) reportó un presupuesto de 16 mil 110 millones de pesos en su reporte trimestral de subsidios de 2025.
La distribución territorial también fue desigual. El Estado de México recibió 4 mil 136 millones de pesos; Hidalgo, mil 477 millones, y Chiapas, mil 199 millones. Estas tres entidades concentraron 42.3% de la inversión total.
Guerrero y Oaxaca recibieron 2.3% y 2.1%, respectivamente, mientras nueve entidades obtuvieron menos de 1% cada una. San Luis Potosí fue la entidad con menor inversión entre las que recibieron recursos, con 38.2 millones de pesos.
La comparación entre gasto federal y recursos municipales evidencia la escala de la recaudación local. En 2024, los municipios recaudaron más de 84 mil millones de pesos por impuestos al patrimonio, principalmente predial e ISAI, alrededor de cinco veces los 16 mil 855 millones ejercidos por la Federación en vivienda social durante 2025.
Aunque el documento señala que los recursos municipales no tienen un destino específico en materia de vivienda y desarrollo urbano.
La Ciudad de México ejerció 8 mil 667.1 millones de pesos a través del Instituto de Vivienda y 586.6 millones mediante la Secretaría de Vivienda. Sus programas de Mejoramiento de Vivienda y Vivienda en Conjunto sumaron 6 mil 185.4 millones de pesos, equivalentes a 38.4% de la inversión federal en vivienda social reportada por la Conavi.
Arrendamiento: pocos estados cobran un impuesto localEl impuesto estatal al arrendamiento grava las utilidades de personas físicas que obtienen ingresos por rentar bienes inmuebles. Sólo siete estados lo contemplan en su legislación: Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nayarit y Oaxaca.
Morelos comenzó su recaudación en 2026; en Baja California la aplicación se encuentra suspendida, y en Baja California Sur y Chiapas el impuesto fue derogado en 2006 y 2022, respectivamente.
La tasa es de 5% sobre las utilidades en la mayoría de los estados que lo aplican, excepto Durango, donde es de 3.5%, y Morelos, donde es de 3%. Para 2026, la recaudación conjunta estimada es de 630.4 millones de pesos: representa en promedio 1.7% del total de impuestos de esas entidades y apenas 0.10% de sus ingresos totales.
Guanajuato estima recaudar 286.1 millones de pesos; Chihuahua, 144.3 millones, y Oaxaca, 78.1 millones. Guerrero prevé captar 2.3 millones de pesos, el menor monto entre las entidades revisadas.
En los últimos tres años, la recaudación acumulada de este gravamen asciende a mil 709.2 millones de pesos, a pesos constantes de 2026, y creció 5.3% entre 2025 y 2026.
El documento calcula que los ingresos anuales por alquiler son de al menos 276 mil 200 millones de pesos. Si se aplicara una tasa efectiva de 3.5% sobre esa cifra, las haciendas estatales obtendrían 9 mil 667 millones de pesos.
Este cálculo no incluye el arrendamiento comercial e industrial, que también está considerado en legislaciones estatales y que, previsiblemente, representa una parte mayor de la recaudación.
Hospedaje y alquiler de corta estanciaEl impuesto al hospedaje está presente en las 32 entidades federativas y recae sobre quienes prestan servicios de alojamiento temporal, aunque habitualmente se traslada a las personas usuarias.
Las tasas generales únicas van de 2% a 5%, con esquemas diferenciados en algunos estados: Baja California aplica 7% a moteles; Quintana Roo, 6% a plataformas digitales, y Oaxaca y Querétaro, 5% a esas plataformas. Chiapas, Colima y Durango aplican 5% a moteles.
La recaudación estimada por impuesto al hospedaje para 2026 asciende a 9 mil 832.7 millones de pesos, un aumento real de 1.66% frente a los 9 mil 671.9 millones estimados para 2025, a pesos constantes.
En promedio, este gravamen representa 0.5% de los ingresos estatales y 5.1% del total de impuestos locales.
Quintana Roo concentra la mayor recaudación prevista, con 3 mil 643.3 millones de pesos, equivalentes a 6.7% de sus ingresos totales y 36.4% de sus impuestos. Le siguen Baja California Sur, con 884 millones de pesos, y la Ciudad de México, con mil 79.4 millones.
En contraste, Tlaxcala estima recaudar 6.2 millones; Campeche, 16.2 millones, y Chiapas, 30.6 millones.
El análisis vincula este impuesto con los efectos de la turistificación y el crecimiento de los alojamientos de corta estancia. La conversión de viviendas permanentes en espacios para visitantes puede reducir la oferta habitacional, presionar los precios y afectar a residentes de zonas céntricas y bien conectadas.
El documento plantea que las tasas vigentes no distinguen suficientemente entre hospedajes de lujo, alojamientos convencionales y viviendas completas operadas mediante plataformas digitales.
Una discusión fiscal ligada al derecho a la viviendaLas propuestas analizadas plantean fortalecer la progresividad de los impuestos inmobiliarios, incluyendo tasas diferenciadas según el valor acumulado de las propiedades, el número de inmuebles adquiridos, el tipo de hospedaje y la concentración de bienes.
Entre las medidas se encuentra aplicar mayores tasas de ISAI a partir de la compra de un segundo, tercer o subsecuente inmueble; establecer factores progresivos en el predial para patrimonios inmobiliarios acumulados superiores a 50 millones de pesos; ampliar el impuesto estatal al arrendamiento y crear registros de contratos, así como diferenciar el cobro a alojamientos de lujo y a viviendas completas de corta estancia administradas en plataformas.
El documento también propone que los excedentes obtenidos mediante una mayor recaudación se etiqueten para programas de vivienda, ordenamiento territorial, movilidad, infraestructura y servicios básicos, particularmente en zonas de mayor marginación.
El planteamiento parte de que una política fiscal más progresiva debe acompañarse de mecanismos de protección para personas inquilinas, con el fin de evitar que mayores impuestos a propietarios se trasladen a las rentas.
La crisis, de acuerdo con el análisis, combina déficit de vivienda, deterioro y precariedad habitacional, desigualdad territorial, concentración de ingresos por alquiler y una capacidad fiscal local limitada o utilizada sin un destino específico en vivienda.
En ese contexto, el debate sobre predial, ISAI, arrendamiento y hospedaje se presenta como una discusión sobre ingresos públicos, pero también sobre el uso del suelo, la distribución de la riqueza urbana y las condiciones de acceso a una vivienda adecuada.