Coronel (r) Plazas Vega irá a juicio en Estados Unidos por la muerte del magistrado Urán en el Palacio de Justicia: ya hay fecha para la diligencia
El coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega deberá comparecer el 8 de septiembre de 2026 ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, por la demanda civil presentada por las ...
El coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega deberá comparecer el 8 de septiembre de 2026 ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, por la demanda civil presentada por las hijas del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas.
El proceso busca determinar si el exmilitar tuvo alguna responsabilidad en la tortura y posterior ejecución extrajudicial del jurista durante los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el Palacio de Justicia fue tomado por el M-19 y posteriormente retomado por las Fuerzas Militares.
Plazas Vega, quien actualmente reside en Weston, Florida, fue llamado a juicio en el marco de una demanda interpuesta en 2022 por Helena, Xiomara y Mairée Urán Bidegain, hijas del magistrado. Las demandantes sostienen que el entonces comandante de la Escuela de Caballería y una de las personas que lideraron la operación militar habría tenido injerencia en los hechos que terminaron con la muerte de su padre.
El caso se tramita como un proceso civil en Estados Unidos y plantea una discusión distinta de la que fue resuelta por la justicia colombiana. La Corte Suprema de Justicia absolvió a Plazas Vega en 2015 de los cargos relacionados con desaparición forzada derivados de la retoma del Palacio de Justicia, pero ahora, el tribunal estadounidense deberá examinar los argumentos relacionados con una eventual responsabilidad de mando en el caso particular de Urán Rojas.
Las hermanas del magistrado sostienen que su padre fue visto con vida cuando salió del Palacio de Justicia después de la toma del M-19. Posteriormente, según los informes forenses mencionados en el proceso, fue encontrado dentro del edificio con un impacto de arma de fuego a corta distancia.
La responsabilidad de mando, en el centro del procesoEl debate ante la justicia estadounidense no se concentra únicamente en determinar quién disparó contra Urán Rojas. El punto central será establecer si Plazas Vega, desde la posición que ocupaba dentro de la estructura militar, tenía autoridad sobre los uniformados que habrían participado en la tortura y asesinato del magistrado, si conocía lo que estaba ocurriendo y si tomó medidas para impedirlo o investigar los hechos posteriormente.
El documento que establece las pautas del juicio, conocido por El Espectador, señala que “una persona puede ser responsable aunque no haya realizado personalmente cada acto”, y que “el demandado no necesita haber realizado personalmente el crimen”.
Las demandantes deberán demostrar que Plazas Vega tuvo una relación de poder sobre quienes habrían sometido al magistrado a tratos crueles después de su salida con vida del Palacio de Justicia. La demanda sostiene que el exmilitar habría “conspirado” desde su posición de mando y habría “sometido” al magistrado auxiliar a los actos que precedieron su muerte.
En relación con la ejecución extrajudicial, el tribunal deberá valorar pruebas encaminadas a establecer que una o varias personas mataron deliberadamente a Urán Rojas y que su muerte no correspondió a una ejecución autorizada judicialmente. Este planteamiento se contrapone con la hipótesis que durante años sostuvo la Fiscalía en Colombia, según la cual el magistrado murió en medio del fuego cruzado entre el Ejército y el M-19.
Sobre la eventual responsabilidad de mando, el tribunal establece que “No es necesario que la persona responsable haya utilizado personalmente un arma o ejecutado físicamente cada acto que produjo la muerte si (...) su conducta sometió al magistrado Urán a la ejecución extrajudicial”.
El mismo documento explica que la responsabilidad de mando “se basa en la idea de que quienes ocupan posiciones superiores dentro de una cadena de mando (en este caso la Escuela de Caballería del Ejército) tienen poder o autoridad y, además, el deber de prevenir los abusos”.
Por su parte, Plazas Vega ha sostenido que no tuvo participación ni responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.
Testigos y pruebas durante diez díasPara sustentar sus acusaciones, las hermanas Urán Bidegain presentarán 21 testigos. Entre ellos se encuentra Orlando Arrechea Ocoró, quien trabajaba en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, fue retenido por el M-19 durante la toma y posteriormente, según el expediente, fue torturado por militares durante la retoma.
También declararán los periodistas Julia Navarrete y Rodrigo Barrera, quienes, de acuerdo con la información incorporada al proceso, observaron al magistrado auxiliar salir con vida del Palacio de Justicia.
Otro de los testigos será Cecilia Cabrera Guerra, esposa de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia y una de las personas desaparecidas durante los hechos. Asimismo, está previsto el testimonio de Ricardo Gámez Mazuera, exagente de inteligencia del Estado, quien en 2007 entregó información a la Procuraduría sobre las torturas ocurridas durante la toma y retoma.
Por su parte, Plazas Vega presentará 13 testigos. Entre ellos se encuentra el magistrado auxiliar José Gabriel Salom, quien resultó herido durante los acontecimientos de noviembre de 1985, sobrevivió y posteriormente entregó información relacionada con la muerte del magistrado Manuel Gaona Cruz.
También está incluido Alejandro Ordóñez Maldonado, exprocurador general de la Nación y designado embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos.
En total, las pruebas y testimonios serán presentados durante diez días ante la justicia estadounidense. Al término del proceso, el jurado deberá determinar si los elementos aportados permiten establecer la responsabilidad de Plazas Vega en el crimen de Carlos Horacio Urán Rojas.
La residencia del exmilitar en Estados Unidos permitió que las hijas de Carlos Horacio Urán presentaran en 2022 la demanda civil bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura. Así las cosas, el 8 de septiembre comenzará el juicio que deberá establecer si existió o no responsabilidad de mando de Plazas Vega en la tortura y muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado.