Defensoría del Pueblo investiga supuestas deficiencias en los servicios de salud que brindan los hospitales panameños
Una investigación de oficio inició la Defensoría del Pueblo por las quejas recibidas por usuarios del servicio de salud, en cuanto a supuestas deficiencias en la atención, falta de medicamentos...
Una investigación de oficio inició la Defensoría del Pueblo por las quejas recibidas por usuarios del servicio de salud, en cuanto a supuestas deficiencias en la atención, falta de medicamentos, reactivos e insumos y condiciones del servicio de urgencias que podrían vulnerar el derecho a la salud.
Las quejas surgieron durante un recorrido de los funcionarios de esta entidad estatal por el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y el Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos de la Caja de Seguro Social.
En el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid la Dirección de Protección de los Derechos Humanos verificó áreas clave para atención de pacientes, como hemodiálisis, quirófanos, planta de alimentos y varias consultas externas, para constatar la situación que enfrenta la población que acude a esta instalación de salud.
Mientras que, en el Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos, se realizó un recorrido de inspección en las áreas de ortopedia, hospitalización y urgencias, con el propósito de constatar la disponibilidad, funcionamiento y operatividad de estas áreas de salud, señaló la Defensoría del Pueblo.
Agregó que la investigación busca esclarecer los hechos y promover medidas correctivas inmediatas que garanticen el acceso a la salud, como un derecho humano fundamental y asegurar la atención integral, oportuna y de calidad para toda la población.
Recientemente, el diputado Betserai Richards denunció presuntas anomalías en la comida que se sirve a los pacientes hospitalizados en la Caja de Seguro Social, a lo que esta entidad mediante un comunicado indicó que la alimentación servida a los pacientes “es preparada bajo normas nutricionales, controles de calidad y criterios técnicos establecidos para la atención hospitalaria”.
Resulta grave y preocupante, dijo la institución, que se utilice la vulnerabilidad de los pacientes y de sus familiares para construir campañas de descrédito basadas en información falsa.
“Los pacientes no deben ser convertidos en instrumentos de confrontación política ni en recursos para generar alarma, confusión o desconfianza sobre los servicios de salud”, señaló.
La institución reiteró su “compromiso con una atención digna, segura y responsable”, e hizo un llamado a que “cualquier observación sobre los servicios hospitalarios se maneje con seriedad, verificación y respeto por los pacientes, quienes merecen información cierta y no ser utilizados como parte de campañas de difamación”.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo también se manifestó sobre el caso de un menor de edad expuesto en las redes sociales.
“Ante hechos de esta naturaleza, es fundamental recordar que las niñas, niños y adolescentes son sujetos titulares de derechos y que, conforme al marco de garantías y protección integral establecido en la Ley 285 de 2022 y la Convención de los Derechos del Niño, todas las personas tenemos una responsabilidad compartida en su protección, especialmente cuando atraviesan situaciones de alta vulnerabilidad”, apuntó.
La Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso con la protección de los derechos humanos, en especial, de la niñez y adolescencia.
Hizo un llamado para que la comunidad sume esfuerzos en la promoción de “comunicaciones responsables, con enfoque de derechos humanos y de niñez y adolescencia, evitando la difusión o reproducción de contenidos que puedan exponer, revictimizar o profundizar la afectación de una persona menor de edad”.
Manifestó que es importante reconocer que la circulación de este tipo de publicaciones, no contribuye a un entorno protector ni favorece los procesos de recuperación, contención y restitución de derechos que requieren estas situaciones.
Definida como una institución nacional de derechos humanos, instó a fortalecer una cultura de corresponsabilidad y cuidado, en la que cada persona contribuya activamente a proteger la dignidad, privacidad e interés superior de la niñez y la adolescencia.