Denuncia por presunto soborno contra Álex Char ante autoridades de Estados Unidos: constructor asegura que el alcalde de Barranquilla habría pedido $300 millones
Una denuncia ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos puso bajo escrutinio al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por un presunto soborno de $300 millones pagad...
Una denuncia ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos puso bajo escrutinio al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por un presunto soborno de $300 millones pagado en 2018 y por una posible operación de lavado de activos vinculada con Serfinanza, firma del mismo grupo empresarial de Char con conexiones con el sistema financiero estadounidense.
El escrito fue radicado el 13 de agosto de 2026 ante la oficina del Departamento del Tesoro encargada de analizar reportes sobre delitos financieros. Su autor es Luis Enrique Guzmán Chams, representante legal y accionista de GPS Construcciones del Caribe S.A.S., que firmó la denuncia con huella y no pidió reserva sobre su identidad ni sobre el contenido del informe.
El caso se refiere a un contrato por $1.658 millones para una obra en la cárcel El Bosque de Barranquilla. Según el periodista Melquisedec Torres, ese negocio fue adjudicado de manera directa a GPS Construcciones durante una urgencia manifiesta en 2017.
Guzmán Chams sostiene que ya había entregado información en Colombia sobre ese contrato y otros adjudicados por Char cuando era alcalde, entre ellos el del llamado mega tanque, una obra que costó más de $36 mil millones.
La denuncia en Estados Unidos amplía un expediente ya llevado a la justicia colombiana. La presentación ante el FinCEN no se limita al presunto pago irregular relacionado con la cárcel El Bosque: también incluye una posible operación de lavado de activos a través de Serfinanza, descrita como una institución financiera colombiana con vínculos con el sistema financiero estadounidense.
El FinCEN es una oficina del Departamento del Tesoro encargada de proteger el sistema financiero de actividades ilícitas, combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros, además de analizar la información que recibe y remitirla a fiscales y otros organismos.
Luis Enrique Guzmán Chams presentó ante autoridades de Estados Unidos una denuncia sobre un presunto soborno a Alejandro Char y posibles movimientos de lavado de activos a través de Serfinanza. El denunciante afirma haber colaborado durante más de seis años con la justicia colombiana sin que esa información derivara en un principio de oportunidad, un preacuerdo o una indagación de la Corte Suprema.
La denuncia enviada al Tesoro estadounidense se apoya en un historial previo de aportes ante la justicia colombiana. Guzmán Chams ha dicho desde 2020 que en el contrato del mega tanque debió entregar $2.300 millones a Char.
Ese señalamiento se suma a referencias sobre otros contratos que, según el denunciante, involucran también al exsenador Efraín Cepeda. La información indica que Guzmán Chams ha ofrecido colaboración a la justicia durante más de seis años para revelar hechos de corrupción asociados con esos negocios públicos.
El texto afirma que la Fiscalía no ha concretado ni un principio de oportunidad ni un preacuerdo con el denunciante y que la Corte Suprema no se ha interesado en indagar los hechos expuestos por Guzmán Chams.
Guzmán Chams fue candidato a la Alcaldía de Barranquilla en 2023 por el partido Verde Oxígeno. En esa elección obtuvo 8.200 votos, frente a 415 mil de Char.
La denuncia presentada ante el FinCEN introduce variables internacionales en una controversia que ya había recorrido instancias judiciales en Colombia, y pone el foco en la posible utilización del sistema financiero estadounidense para operaciones presuntamente irregulares.
La exposición de estos hechos ante autoridades de Estados Unidos plantea la posibilidad de que el caso trascienda el ámbito local y se someta a un escrutinio más riguroso por parte de organismos especializados en delitos financieros.
El desarrollo del proceso dependerá de la respuesta de las autoridades involucradas y de la cooperación entre los sistemas judiciales de ambos países.