El ajuste interminable, y cada vez más doloroso, de Javier Milei

Desde el lunes pasado, el Estado argentino fue objeto de un nuevo ajuste de gastos, anunciado por el Gobierno. Créase o no, habrá menos dinero disponible, por ejemplo, para las siguientes áreas:...

Desde el lunes pasado, el Estado argentino fue objeto de un nuevo ajuste de gastos, anunciado por el Gobierno. Créase o no, habrá menos dinero disponible, por ejemplo, para las siguientes áreas:

$63.000 millones menos en la investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer.$20.000 millones de pesos menos en remedios. $500 millones menos en prevención de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles. $800 millones menos en respuesta al VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales, tuberculosis y lepra. $900 millones menos en desarrollo de la salud sexual y la procreación responsable. $1500 millones menos en la prevención de enfermedades endémicas. $25000 millones menos en el fortalecimiento de los sistemas de salud provinciales.

Ninguno de esos datos es secreto: todos ellos fueron recogidos de las planillas del anexo de la resolución firmada por Manuel Adorni y Luis Caputo.

El ajuste no solo afecta al área de salud, sino a otros sectores sensibles. Por ejemplo, el Presidente suele decir que la lucha contra el narcotráfico figura entre sus prioridades. Sin embargo, la guadaña afectó sensiblemente a Gendarmería Nacional, la fuerza encargada de combatirlo. El “Servicio de Investigación de Operaciones Complejas y Operaciones Antidrogas”, por ejemplo, sufrió un recorte de $1819 millones. Esta misma semana, el periodista Germán de los Santos, que se especializa en temas de seguridad y narcotráfico, tuiteó que algunos móviles de gendarmería se quedan sin combustible para perseguir a narcotraficantes.

Cualquier persona normal entiende el efecto que tiene recortar tanto presupuesto, por ejemplo, en la lucha contra el cáncer. Pero estos tiempos son tan extraños que tal vez haya quienes necesiten de un ejemplo concreto. Justamente, esta semana se conoció la historia de la hermana de Marcelo Mazzarello, un conocido actor argentino que, en los últimos años, asumió una postura muy combativa en contra del kirchnerismo. El jueves, Mazzarello expresó en X su preocupación por el abandono del PAMI a su hermana, que había sido operada de cáncer de mama.

Así explicó Mazzarello toda la situación en una nota con Luis Novaresio: “Ella fue intervenida en el Instituto Roffo, un hospital público de excelencia. Luego quedó a cargo del PAMI. Tenía que hacerse análisis posteriores a la operación y se lo iban posponiendo indefinidamente. El otro día hablé con ella y me dijo ‘Bueno, que sea lo que Dios quiera’. Por eso resolví hacerlo público. Un funcionario del PAMI muy amablemente se comunicó conmigo y me ayudó. Pero el problema no es solo mi hermana. Eso sucede con muchísimos jubilados, que se doblegan y se resignan. Por eso decidí hablar”.

“Claro –razonó Novaresio en esa conversación—. Si el PAMI no los atiende, solo les queda el recurso de los hospitales públicos, que ya están desbordados y reciben cada vez menos financiación”. El ajuste anunciado en Salud durante esta semana profundizará esa situación crítica en lugar de atenuarla.

La decisión oficial se apoya en la idea de defender a como sea el superávit fiscal, uno de los pilares de la fe libertaria. Aun en ese marco, corresponde formular algunas preguntas muy sencillas. ¿No hay alguien que se fije qué es lo que están recortando? ¿No existe un orden de prioridades, algunas partidas que deberían ser intocables? ¿Quién establece la lógica de la guadaña? Por otra parte, ¿no hay sectores de la economía que están obteniendo ganancias extraordinarias, por ejemplo, por la valorización del barril de petróleo? En una situación tan dramática, que obliga a recortar gastos contra el cáncer, ¿no es obvio que hay fuentes alternativas para obtener recursos? ¿Por qué razón en el mundo una empresa que obtiene ganancias siderales es intocable y la terapia de un enfermo no lo es? ¿Qué escala de valores explica recortes del impuesto a los bienes personales –más de 2.000 millones de dólares anuales—y, al mismo tiempo, recortes de la asistencia a enfermos terminales? ¿Cuál sería el orden de prioridades?

Además, ¿sirve para algo lo que están haciendo? ¿Se tratará de una medida racional? Si el ajuste más grande y rápido de la historia humana, generó una caída de la recaudación que ahora obliga a realizar otro ajuste, ¿no ocurrirá lo mismo con este? ¿No será otra decisión cruel, pero además inútil, que obligará a volver a empezar?

Por si fuera poco, algunos argumentos oficiales reflejan problemas serios de percepción sobre lo que el mismo Gobierno está haciendo. Por ejemplo, Federico Sturzenegger explicó que se trata de quitarle plata a los políticos para devolvérsela a la sociedad. En abstracto, podría ser una postura atendible. En concreto, lo que está ocurriendo es que se han reducido impuestos a la importación de autos de alta gama, para recortar atención a discapacitados. Se le quita dinero a pacientes de enfermedades graves –no a los políticos- para dárselo a quienes disfrutan de objetos suntuarios -no a la sociedad.

Los recortes se producen en un contexto donde florecen los casos de corrupción dentro del oficialismo, y particularmente en las áreas más sensibles. Al comienzo de esta misma semana, se conoció un informe oficial del Ministerio de Salud que detalla, punto por punto, astronómicos sobreprecios en la compra de suministros para la Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión libertaria. Quien comandaba esa área cuando se produjo esa enormidad era Diego Spagnuolo, abogado y amigo personal del Presidente.

El jueves, además, un diputado libertario jujeño llamado Manuel Quintar apareció en el Congreso con uno de los autos más caros y ostentosos del mundo, una Cybertruck de Tesla. Rosario Agostini fue una de las voces más valientes en la denuncia contra las prácticas de Milagro Sala en Jujuy, en los tiempos en que era una líder muy poderosa. Esta semana Agostini le contó al país que Quintar fue kirchnerista hasta el 2021, que es dueño de clínicas que se beneficiaron de contratos con el peronismo, que en esas clínicas se atendía toda la dirigencia de la Tupac Amaru, la agrupación de Sala. Cuando Sala se enfermó, se internó en el establecimiento de Quintar, donde la visitó el ex presidente Alberto Fernández. En estos tiempos, Quintar se volvió libertario y sigue haciendo negocios con el Estado: el contador de su clínica fue designado como jefe del PAMI, que tiene múltiples contratos con los emprendimientos del diputado.

Cuando le preguntaron por el escándalo del Cybertruck de Tesla, Javier Milei sostuvo que los cuestionamientos al diputado se sostenían en “argumentos comunistas”. “Si tiene plata, ¿qué me importa a mi lo que haga con ella? Que se compre lo que le parezca”, dijo. Pero resulta que se trata de un empresario ligado al Estado desde siempre, no de alguien que compite en igualdad de condiciones. Y que obtiene de ese vínculo político ganancias que le permiten acceder a bienes totalmente vedados al 99 por ciento de la población mundial, en una provincia muy pobre. Casta pura, como diría aquel antiguo libertario llamado Javier Milei. La plata de ese Tesla también podría ir al presupuesto de salud.

Todas estas postales reflejan, una vez más, las características extremas del experimento que se está llevando a cabo en la Argentina. En esta misma semana, Susana Decibe, la ministra de Educación más importante de Carlos Menem, dijo que le parecía muy positivo que la gente saliera a la calle a protestar por el abandono de la Educación por parte del Gobierno. “No se trata solo de la Universidad, que ya es grave. El Gobierno nacional tiene la obligación por ley de atender la situación de las escuelas más pobres. Las ha abandonado. Tiene que compensar salarios, fijar líneas educativas, mantener la infraestructura escolar, sostener la educación técnica. No hace nada de eso. Es una política destructiva muy deliberada”.

Sandra Pitta, una científica muy respetada que, en su momento, fue otra de las estridentes voces que enfrentaban al kirchnerismo, y que fue también candidata a diputada por el PRO, fue entrevistada por Luciana Vazquez. Contó que el recorte de los salarios científicos es “dramático”, que el Gobierno profesa un desdén por las ciencias sociales y las ciencias básicas. Pitta dijo que no comparte los paros docentes porque afectan a los alumnos pero que entiende “a los docentes”, por lo poco que ganan. “El Gobierno habla mucho de economía del conocimiento, pero eso no es coherente con la política de reducir salarios y de abandonar la ciencia”, planteó.

Ese panorama desolador se extiende a lo ancho y a lo largo de la administración pública: desde los recortes en seguridad hasta la caída vertical de salarios de policías, militares, docentes, personal de la salud pública, el Instituto Nacional de Tecnología Industria, la Aduana, el Servicio Meteorológico, la atención a discapacitados por la ANDIS o a jubilados por el PAMI o el reparto de vacunas. No se trata solo de un programa económico, o de un ajuste, sino de una extendida e inmensa desidia, acerca de la cual es muy sencillo recoger testimonios despojados de cualquier interés político.

¿Qué tipo de ser humano sería capaz de recortar $63 mil millones en la lucha contra el cáncer sin buscar una alternativa, o sin perder el sueño?

Seguramente, uno que pertenece a una especie muy específica, única en el mundo: el topo que ha venido a destruir el Estado desde adentro.