El complejo escenario de la reforma de seguridad que promueve el Gobierno de Kast en el Congreso de Chile

El lunes pasado, el Gobierno de José Antonio Kast ingresó al Senado su propuesta de reforma constitucional de seguridad, la que entre otras cosas le otorga plenos poderes al mandatario mediante u...

El lunes pasado, el Gobierno de José Antonio Kast ingresó al Senado su propuesta de reforma constitucional de seguridad, la que entre otras cosas le otorga plenos poderes al mandatario mediante un nuevo Estado de Excepción de hasta 240 días para restringir derechos básicos como la libertad personal, de desplazamiento y el derecho de reunión, razón por la cual ha recibido críticas de parlamentarios de todos los colores políticos y abogados constitucionalistas.

La iniciativa, que forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y tiene como fin ampliar las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado, establece también que el mandatario podrá aplicar dicho Estado de Excepción en zonas o barrios específicos, permite interceptar comunicaciones y documentos sin necesidad de la autorización de un juez, y amplía las facultades de las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad pública, creando además una nómina oficial de organizaciones criminales y terroristas.

Sin embargo, al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto requiere de un quórum de cuatro séptimos (29 votos) para su aprobación en el Senado, cuestión que se vuelve cuesta arriba tras el descuelgue de parlamentarios oficialistas que acusaron una falta de diálogo previo, y los reparos de la oposición en pleno.

Las críticas de la oposición

Conocido el texto final, uno de los primeros en elevar la voz fue el ex presidente Gabriel Boric quien el martes, durante el lanzamiento de un libro del exministro de Hacienda, Mario Marcel, llamó a la oposición ha adoptar “una posición clara y firme respecto de esta reforma constitucional que quiere instaurar un estado de sitio de 240 días con la atribución exclusiva del presidente de la República, con una limitación de libertades que no se había visto, inédita en la democracia chilena”.

De la misma opinión fue la exministra vocera de la administración de Boric, Camila Vallejo, quien acusó al Gobierno de intentar pasar “gato por liebre”, pues con la excusa del combate al crimen organizado, persigue “introducir una especie de régimen autoritario para que el Presidente de la República concentre más poder a costa de la libertad de los ciudadanos”.

Según Vallejo, la reforma “no garantiza mayor efectividad en la persecución del delito, sino que lo único que garantiza es que pasemos a Estados de Excepción sumamente más duros, donde limitan las libertades”.

Otro que se mostró en contra fue el senador independiente por Magallanes Karim Bianchi -considerado un “voto bisagra”-, quien aseguró que “así como está, la vamos a rechazar. Hoy día no están los votos y el mío tampoco. Voy a esperar que haya cambios, que escuchen y que logren hacer algo que tenga sentido, porque esto no tiene sentido”.

En tanto, el diputado Patricio Pinilla (DC), sostuvo que “Pinochet, donde quiera que esté, debe estar bien contento porque ha encontrado un buen alumno en el ministro (de Seguridad), Martín Arrau. El nivel de autoritarismo al que nos quieren llevar nos sorprende y nos preocupa y nos llama a una reflexión como país.”

Los descuelgues del oficialismo

Por otra parte, las señales de alerta en el oficialismo ya se veían venir desde el domingo previo al ingreso del proyecto al Congreso, cuando el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, aseguró que aunque respaldan el fondo de la propuesta, “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”.

“El problema está en establecer excepciones a la regla general en la Constitución cuando esos son temas de la Ley Orgánica Constitucional (...) Si hoy día nosotros decimos que no se considerará arbitrario los distintos regímenes penitenciarios, ¿qué impediría que el día de mañana la izquierda dijera en la Constitución que no se considerará expropiación la nacionalización de los fondos de pensiones?”, agregó el timonel gremialista en conversación con La Tercera.

Por su parte, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), manifestó que “el estado de emergencia de hasta 240 días sin intervención del Congreso es algo que, teniendo hoy cuatro estados de emergencia —de asamblea, de sitio, de emergencia y de catástrofe—, le otorga al presidente una cantidad de atribuciones que yo creo, lindan con algo que a mí me parece tremendamente peligroso en un Estado de derecho”,

Asimismo, el líder del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, recordó que “lo que se viola o se restringe en un Estado de Excepción no son los derechos de los criminales, son los derechos de todos los ciudadanos. Y esa restricción de los derechos de todos los ciudadanos solamente se puede hacer o se debe hacer en un periodo lo más corto posible”.

Finalmente, el senador Matías Walker (Demócratas), afirmó taxativo que “tendría que colgar mi título de abogado si quisiera votar a favor” y llamó este viernes al Gobierno a retirar la reforma pues conlleva un profundo riesgo para el orden democrático.

“Después de la crítica transversal que ha habido respecto de la reforma constitucional, lo más aconsejable es que el gobierno retire el proyecto, haga un trabajo prelegislativo y podamos generar las reformas que generen consenso y que sean eficaces para el objetivo de perseguir el crimen organizado”, indicó.

“No se puede hacer política con la Constitución. La Constitución requiere un amplio consenso porque esta herramienta en manos de un mal gobierno puede llevar al quebrantamiento del orden democrático”, cerró Walker.

Los reparos de los expertos constitucionalistas

Como era de esperar, la prensa se volcó a conocer la opinión de abogados y expertos en la materia que también se mostraron contrarios a la reforma, como el constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Francisco Zúñiga, quien tildó la iniciativa de “populismo constitucional”.

“Recurrir a la reforma de la Constitución para sembrar la expectativa de que con esta reforma yo resuelvo los problemas de seguridad pública, no sólo es populismo, es también irresponsable”, afirmó en el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile.

Ello, puesto que de acuerdo al abogado, gran parte de las medidas propuestas —como los registros de organizaciones criminales o regímenes carcelarios especiales— no requieren una reforma a la Carta Fundamental y pueden abordarse mediante leyes ordinarias o reglamentos.

Por su parte, Jaime Gajardo, abogado y exministro de Justicia de la administración de Boric, sostuvo que el proyecto es “preocupante, porque lamentablemente es el camino que han tomado principalmente gobiernos que han derivado en autoritarios. Esto altera la distribución de poderes que hay en nuestra Constitución; le entrega al presidente la posibilidad de calificar él si una organización es terrorista o no, no a los tribunales de justicia. Eso es completamente ajeno a nuestra tradición“.

Mientras tanto, Juan Ignacio Martínez, doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes, culpó al Gobierno de “fetichismo constitucional” y se mostró más que preocupado por el plazo de hasta 240 días del Estado de Excepción.

“Si usted hace una lectura de los demás Estados de Excepción constitucional, salvo de Asamblea, que durará mientras dure la guerra externa, el promedio, por ejemplo, del Estado de Sitio, es de 15 días renovables. Estado de Emergencia, 15 días renovables, y en las renovaciones siempre interviene el Congreso”.

“Aquí también intervendría el Congreso, pero después de 120 días (pudiendo renovarlo por otros 120) Esos 120 días, desde el punto de vista de la homogeneización de las normas internas de la Constitución, parecen algo desproporcionado. Desde el punto de vista de los derechos que se pueden restringir, es más o menos lo que uno ya ve en situaciones como el Estado de sitio, por ejemplo”, expuso en conversación con el periodista Tomás Moscciati de BioBíoChile.

“Si se llegara a aprobar un Estado de Excepción particular como este, a mí lo que me inquieta fundamentalmente son dos cuestiones: uno, el plazo, que me parece muy excesivo. Y lo segundo, es importantísimo que no se toquen las facultades de los tribunales para conocer de eventuales infracciones a los derechos fundamentales de las personas. Eso se tiene que resguardar sí o sí, cualquiera sea el estado de excepción que se aplique”, agregó.

Al cierre, el experto en temas constitucionales fue tajante: “Si usted me pregunta, como profesor de Derecho, yo no habría hecho esto. A mí me parece que es muy innecesario”, remató el experto.

Así las cosas, ahora la propuesta deberá ser debatida por las comisiones de Constitución, Defensa y Seguridad Pública, antes de llegar a la Sala del Senado para su votación.