El Departamento de Estado de EE.UU. certificó a El Salvador para liberar fondos de cooperación
El Departamento de Estado de Estados Unidos certificó que El Salvador, Guatemala y Honduras cumplen con los requisitos para acceder a fondos de cooperación financiera, tras constatar que los tres...
El Departamento de Estado de Estados Unidos certificó que El Salvador, Guatemala y Honduras cumplen con los requisitos para acceder a fondos de cooperación financiera, tras constatar que los tres países avanzan en áreas clave como el combate a la corrupción, la lucha contra el narcotráfico y la protección de derechos humanos. Esta certificación, emitida por las autoridades estadounidenses, permite que los gobiernos centroamericanos puedan acceder a la mitad de los recursos asignados por Washington en materia de asistencia económica y de seguridad.
Según la documentación oficial, la certificación corresponde a la sección 7045 (b) (2) (A) de la Ley de asignaciones de seguridad nacional, Departamento de Estado y programas relacionados de 2026. El cumplimiento de los requisitos es condición indispensable para liberar el 50% de los fondos anuales destinados a cooperación con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras. El proceso de verificación incluyó la presentación de un memorando de justificación ante el Congreso de Estados Unidos, donde se expuso el avance de cada país en los temas evaluados.
Los recursos que se habilitan están dirigidos a fortalecer áreas como la seguridad pública, la transparencia institucional y el desarrollo económico. También se destinan a programas para reducir la migración irregular, mejorar las condiciones de vida y robustecer los sistemas judiciales y electorales. Las transferencias solo pueden ejecutarse si los países mantienen los estándares definidos por el Gobierno de Estados Unidos, que realiza revisiones periódicas.
La certificación establece que El Salvador cumple con 10 condiciones específicas, lo que le permite acceder a fondos que pueden utilizarse en proyectos de seguridad, combate a delitos transnacionales y apoyo a sectores vulnerables. Entre los beneficios más relevantes destaca la posibilidad de financiar políticas contra la pobreza, fortalecer los sistemas de protección de derechos humanos y mejorar el entorno de inversión para empresas nacionales y extranjeras.
Las diez condiciones que, según el Departamento de Estado, actualmente cumple El Salvador son:
1. Combatir la corrupción y la impunidad mediante investigaciones y procesos contra funcionarios, militares y policías con acusaciones creíbles, así como mejorar estrategias antilavado de dinero y delitos financieros.
2. Implementar reformas, políticas y programas para fortalecer el Estado de derecho, incrementar la transparencia institucional, asegurar la independencia judicial y electoral.
3. Proteger los derechos de defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, grupos de la sociedad civil, partidos opositores y medios independientes.
4. Proporcionar seguridad y garantizar la rendición de cuentas de las autoridades, delimitando la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y respetando el debido proceso.
5. Desarrollar programas para prevenir y reducir la violencia contra mujeres y niñas.
6. Aplicar políticas para reducir la pobreza y promover el crecimiento económico, fortaleciendo el sistema educativo y los programas para jóvenes en riesgo.
7. Cooperar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, la trata y el tráfico de personas y otros delitos transnacionales.
8. Colaborar en el retorno, repatriación y reintegración de migrantes.
9. Adoptar medidas para asegurar fronteras, contener la migración masiva, informar sobre los riesgos de migrar hacia la frontera sur de Estados Unidos, combatir la delincuencia y la violencia, generar oportunidades económicas y fortalecer los servicios públicos.
10. Mejorar el entorno para la operación e inversión de empresas nacionales y extranjeras, incluyendo reformas fiscales y mecanismos legales para resolver disputas y reembolsar impuestos a compañías estadounidenses.
Con la certificación, El Salvador podrá acceder a recursos para proyectos que buscan mejorar la seguridad, potenciar el desarrollo social y económico o fortalecer el sistema democrático. La obtención de estos fondos depende del cumplimiento permanente de las condiciones establecidas y de la capacidad del gobierno para demostrar avances en cada área evaluada.