El exprocurador dominicano Jean Alain Rodríguez seguirá en juicio por presunta corrupción de más de RD$6,000 millones

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó otra vez la petición de extinción de la acción penal presentada por la defensa de Jean Alain Rodríguez Sánchez y ordenó que contin...

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó otra vez la petición de extinción de la acción penal presentada por la defensa de Jean Alain Rodríguez Sánchez y ordenó que continúe el juicio por corrupción administrativa en su contra. La decisión desestimó un nuevo intento de frenar el proceso, que ya acumula cinco años de trámite.

El exprocurador está acusado de malversar más de RD$ 6.000 millones (aproximadamente a 102,5 millones de dólares estadounidenses) mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, cuando se desempeñó como procurador general de la República, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público de República Dominicana. En la audiencia del 30 de julio, el órgano acusador presentó una cronología del expediente para sostener que las defensas recurrieron a maniobras dilatorias para retardar el avance del caso.

Wilson Camacho, procurador adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público, sostuvo tras el fallo que la decisión obliga al principal acusado a pasar de los incidentes procesales a la defensa de fondo. “Este tribunal le ha enviado un mensaje en derecho y le ha dicho que tiene que prepararse para defenderse de la prueba, que es lo que él ha querido evitar”, dijo ante periodistas de la fuente judicial.

Las demoras atribuidas por el tribunal

Camacho añadió que el tribunal concluyó que el tiempo transcurrido no configuró una vulneración del plazo razonable por la conducta procesal de las defensas. “Por la actividad que ha realizado la defensa, tendente en todo momento a retrasar el proceso, el tribunal ha dicho en el día de hoy que, aunque han transcurrido cinco años, no ha habido una vulneración del plazo razonable”, afirmó.

Según explicó Camacho, las juezas tomaron en cuenta solicitudes de aplazamiento, dilaciones en la audiencia preliminar y recusaciones dirigidas contra todo el equipo del Ministerio Público que llevaba el expediente. También mencionó una acusación formulada ante otro tribunal que luego quedó apoderado del caso, una gestión que, según el funcionario, tuvo la intención de impedir que el proceso avanzara.

“Citó el tribunal, entre otros hechos, las solicitudes de aplazamientos, las dilaciones realizadas por Jean Alain Rodríguez y compartes en la audiencia preliminar, las diversas recusaciones que hizo a todo el Ministerio Público que llevaba su caso para que el caso no avanzara”, declaró el director de Persecución.

El funcionario afirmó además que, después del nuevo revés judicial, otros imputados insistieron con pedidos similares. Señaló que las nuevas solicitudes fueron presentadas por Rafael Solano y Ramón Burgos, aunque el tribunal ya había fijado criterio sobre la improcedencia de la extinción en función del comportamiento de todas las partes dentro del proceso.

Camacho sostuvo que esos planteamientos persiguen el mismo objetivo de demorar el conocimiento del fondo. “Solamente están dedicados en cuerpo y alma a querer y evitar que se conozca el proceso, pero este proceso se va a conocer y ellos tendrán que enfrentarse a las pruebas que presenta el Ministerio Público”, dijo.

Los acusados incluidos en el expediente

El Ministerio Público pidió al tribunal que rechazara “el incidente sin fundamento jurídico” que, según el órgano acusador, la defensa de Rodríguez Sánchez había planteado en audiencias anteriores y volvió a presentar. La tesis de la acusación es que el exfuncionario buscaba una declaratoria de extinción que le evitara ir a juicio por los hechos que se le imputan.

También son procesados Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames. Todos enfrentan cargos por corrupción, entre ellos soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.