El juez Barroetaveña y la abogada Jimena de la Torre desistieron de las acciones judiciales para buscar una reelección en el Consejo
Dos aspirantes a reelegir en el Consejo de la Magistratura dieron marcha atrás y desistieron de las acciones judiciales que habían presentado para ...
Dos aspirantes a reelegir en el Consejo de la Magistratura dieron marcha atrás y desistieron de las acciones judiciales que habían presentado para definir si estaban habilitados o no para ir por otros cuatro años en el Consejo de la Magistratura, el organismo que sanciona y selecciona a los jueces federales y nacionales. Se trata de Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y la abogada Jimena de la Torre.
Barrotaveña fue punta de lanza. En junio había promovido una acción declarativa de certeza y consiguió una medida cautelar a favor que lo habilitó a competir para volver a representar a los magistrados en el Consejo. Pero luego la Cámara en lo Contencioso Administrativo suspendió el efecto de esa resolución hasta tanto se resuelva el fondo del asunto.
Detrás de Barroetaveña presentaron planteos similares las abogadas Jimena de la Torre y Fernanda Vázquez. Esta última consejera aún no se bajó de la contienda judicial, indicaron a Infobae fuentes con acceso al expediente. También fueron a los tribunales los legisladores del peronismo.
La pretensión principal consiste en obtener un aval judicial que les permitiera postularse nuevamente para el período 2026-2030.
El juez Barroetaveña argumentaba que, tras los fallos de la Corte Suprema de Justicia que en 2021 modificaron la estructura del Consejo, debía aplicarse el texto original de la ley orgánica de 1997, el cual permitía una reelección consecutiva.
En cambio, según la postura del Consejo de la Magistratura de la Nación, la norma que se encuentra vigente y rige en materia de reelección es el artículo 3º de la Ley N° 24.937, bajo el texto establecido por la Ley N° 26.855, sancionada en 2013. Esta establece expresamente que los consejeros pueden ser reelegidos, pero con un intervalo de un período de por medio.
La interpretación de Barroetaveña y quienes lo siguieron encendió una fuerte polémica dentro del Consejo y, a la vez, disparó una interna en la lista Bordó, agrupación oficialista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), presidida por el juez Andrés Basso.
“Necesitamos reglas claras”La consejera de la Magistratura por los abogados, Jimena de la Torre, desistió este lunes a primera hora de la acción declarativa de certeza que había iniciado junto a su colega Fernanda Vázquez.
“La presente decisión responde a circunstancias sobrevinientes vinculadas con la estrategia institucional y electoral del espacio que integro, que tornan innecesario para esta parte mantener la pretensión deducida en autos. Aclaro, además, que este desistimiento no importa renuncia a derecho alguno”, plasmó la letrada en su escrito, según pudo corroborar Infobae.
De la Torre, quien fue electa en 2022, sostuvo en un comunicado que tomó la decisión “con la tranquilidad de saber que Abogados en Acción tiene la fuerza, los equipos y los liderazgos necesarios para garantizar la continuidad de un proyecto que trasciende los nombres y los cargos”.
“Necesitamos reglas claras, previsibles y parejas para todos los estamentos. Es una condición indispensable para garantizar la confianza de los electores y la legitimidad de sus representantes”, reclamó también la consejera.
La decisión de los dos consejeros de abandonar la vía judicial descomprimió, al menos temporalmente, la presión sobre el cronograma electoral.
Los abogados elegirán a sus representantes para el Consejo el próximo 20 de octubre, y ya están en marcha los plazos para la presentación de listas y la oficialización de candidaturas.
Algo similar ocurría con los jueces, que votan el 8 de octubre y deben tener las listas definidas para el 4 de septiembre.
La incertidumbre que rodeaba a estas postulaciones había generado inquietud en diversos sectores, ya que se temía que una resolución judicial tardía pudiera afectar la legitimidad del proceso o la conformación de las nóminas de candidatos.