El Poder Judicial rechaza archivo del caso contra Pedro Pablo Kuczynski por presunto lavado de activos en 2016
El Poder Judicial de Perú decidió rechazar el pedido de archivo presentado por Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el proceso por presunto lavado de activos vinculado a su ...
El Poder Judicial de Perú decidió rechazar el pedido de archivo presentado por Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el proceso por presunto lavado de activos vinculado a su campaña presidencial de 2016.
Según conoció Infobae Perú, la jueza Margarita Salcedo declaró infundada la solicitud del exmandatario, presentada a través de su defensa legal, que buscaba el sobreseimiento definitivo del caso impulsado por el Ministerio Público.
La magistrada Salcedo, de acuerdo con una resolución emitida el 4 de mayo, argumentó que los hechos atribuidos por la Fiscalía al expresidente sí se adecuan al tipo penal de lavado de activos, conforme a lo establecido en el decreto legislativo 1106. Las investigaciones consideran las modalidades de conversión, transferencia y ocultamiento, que forman parte de la hipótesis fiscal.
El proceso judicial contra Kuczynski se originó luego de que, en diciembre de 2018, cinco ciudadanos identificados como aportantes del partido Peruanos por el Kambio (P.P.K) en la campaña electoral del 2016 negaran ante las autoridades haber entregado fondos. Este hecho, junto con otros elementos, motivó la apertura de la investigación preparatoria liderada por el Ministerio Público.
Argumentos de la defensaLa defensa legal de PPK sostuvo ante la jueza que la imputación vulnera el principio de legalidad, señalando que los actos corresponderían a una receptación patrimonial que no se encontraba tipificada como delito en ese momento.
Además, sostuvo que no existen pruebas de conversión, transferencia ni ocultamiento, y no se habría demostrado la finalidad de ocultar un origen ilícito ni el ciclo completo del lavado, incluyendo el reintegro de activos.
También plantearon que la Fiscalía no ha identificado un delito fuente, y que las conductas imputadas no constituían delitos al momento de los hechos. De igual modo, la defensa negó que se configure ni lavado de activos ni el delito de asociación ilícita en este caso.
Pese a estos argumentos, la jueza Margarita Salcedo resolvió que los hechos sí pueden ser subsumidos en el delito imputado, por lo cual la investigación continuará bajo la hipótesis de la Fiscalía.
AntecedenteEn contraste con la decisión sobre la campaña de 2016, el Poder Judicial dispuso recientemente el archivo del proceso penal contra Pedro Pablo Kuczynski por los presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2011.
El juez Richard Concepción Carhuancho declaró fundada una excepción de improcedencia de acción, presentada por la defensa del exmandatario, y ordenó el sobreseimiento de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
El magistrado basó su decisión en una resolución previa de la Corte Suprema que benefició a la empresaria Susana de la Puente. En ese fallo, la máxima instancia judicial determinó que los fondos investigados habían sido canalizados a través del sistema bancario, lo que permitió rastrear el dinero y descartó la existencia de obstaculización para identificar el origen de los fondos, uno de los elementos objetivos del lavado de activos.
La resolución del juez Concepción Carhuancho, emitida el 14 de mayo, destacó la similitud jurídica entre el caso de Susana de la Puente y el de Kuczynski, razón por la que consideró necesario aplicar la misma línea jurisprudencial y el principio de igualdad de trato.
Sobre la investigaciónLa investigación por la campaña de 2011 se inició luego de que Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, confesara ante el Ministerio Público que la constructora brasileña entregó 300 mil dólares, procedentes de la llamada “Caja 2”, a la campaña de la coalición Alianza por el Gran Cambio, que postuló a Kuczynski a la Presidencia.
El archivo de este proceso no implica el cierre de todos los frentes judiciales para el exmandatari, quien aún enfrenta un tercer caso por el denominado Westfield Capital, en el cual el Ministerio Público ha solicitado 35 años de prisión.
La acusación formal señala la existencia de una presunta red criminal que habría recibido más de 12 millones de dólares de Odebrecht y otras empresas a través de servicios de consultoría. Estos pagos estarían relacionados con la concesión de obras públicas durante la gestión de Kuczynski en el gobierno de Alejandro Toledo.