El tiktoker Noel Horcajada cuenta su experiencia con un fondo buitre buscando un alquiler en Madrid: “Entrar en ese piso me habría costado 13.500 euros, pero no termina ahí”

Para muchos jóvenes, encontrar un piso no empieza con la pregunta de cuánto podrán pagar cada mes, sino con otra mucho más difícil: cuánto dinero necesitan para poder entrar. Entre alquileres...

Para muchos jóvenes, encontrar un piso no empieza con la pregunta de cuánto podrán pagar cada mes, sino con otra mucho más difícil: cuánto dinero necesitan para poder entrar. Entre alquileres cada vez más elevados, fianzas y garantías adicionales o cláusulas abusivas, acceder a una vivienda puede exigir varios miles de euros de golpe ya no solo en el mercado de propiedad, una barrera especialmente difícil de asumir para quienes todavía no tienen grandes ahorros.

Un creador de contenido madrileño ha sido ejemplo de esta situación después de revelar las condiciones que le exigió un fondo de inversión para arrendar un piso de dos habitaciones cerca de Santa María de la Cabeza, en el madrileño distrito de Arganzuela: una entrada total de 13.500 euros antes de pisar el apartamento.

Noel Horcajada, que comparte su experiencia en su perfil de TikTok (@noelhorcajadaa), desglosó las cifras detrás de ese desembolso inicial. El mes en curso suponía 1.500 euros. A eso se sumaban otros 3.000 de dos meses de fianza. Y encima, un aval bancario equivalente a seis mensualidades o 9.000 euros, que el banco bloquearía durante el tiempo que estipulase el contrato.

Qué condiciones pedía el fondo por ese piso en Madrid

El piso en cuestión (reformado, con terraza amplia, un baño y salón reducido) se anunciaba a 1.500 euros al mes. Una cantidad que el propio Horcajada calificó de “burrada absurda”, aunque reconoció que la ubicación y el estado del inmueble podrían justificar un esfuerzo económico. Lo que no esperaba eran las cláusulas adicionales.

El contrato exigía una permanencia de ocho años. Además, establecía una penalización de tres mensualidades (4.500 euros) para quien abandonase el piso antes de cumplir tres años. “Tú imagínate, estás con tu pareja, pasas lo de abonar esos 13.500 euros desde el principio”, dijo Horcajada, “y año y medio después encuentras algo más barato. Coges, te quieres ir, y no vale con que avises con tiempo: pagas 4.500 euros”.

Esas condiciones tienen nula base legal. La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el inquilino puede resolver el contrato a partir del sexto mes, dando un mes de preaviso. Obligar a alguien a permanecer ocho años en un piso, o penalizarlo por no cumplir tres, no tiene respaldo jurídico.

El piso es de un fondo buitre

Horcajada dedicó un segundo vídeo a responder a quienes pusieron en duda su relato o malinterpretaron el mecanismo del aval. El detalle que subrayó ante quienes defendían las exigencias como una reacción comprensible de propietarios desprotegidos es que el inmueble no pertenece a un particular. “Es un fondo buitre que ha comprado tres pisos en el mismo edificio y los está alquilando”, afirmó. “No se está protegiendo de absolutamente nada”.

Esa distinción, además, tiene peso jurídico. La normativa vigente establece que cuando el arrendador es una persona jurídica, la prórroga obligatoria del contrato se extiende a siete años, no a cinco. Que una empresa exija ocho años de permanencia y penalice la salida anticipada no responde a ningún vacío legal que la ampare: es, directamente, una cláusula abusiva.

“Esto no es un particular, chicos”, insistió Horcajada. “Es un fondo buitre que se dedica a comprar pisos, a alquilarlos por encima de su precio y encima poner unas condiciones abusivas a niveles extremos”.

Lo que muchos inquilinos no saben y firman de todos modos

Horcajada cerró sus vídeos con una advertencia práctica dirigida a quienes puedan verse en una situación similar. Los dos meses de fianza son el máximo legal; nadie está obligado a pagar más. La comisión de agencia no existe como obligación para el inquilino. Y el seguro de impago, que muchas veces equivale a un mes de renta, tampoco es exigible.

“Mucha gente lo firmará y por miedo no reclamará”, advirtió, en referencia a las cláusulas ilegales del contrato de alquiler de ocho años. El desconocimiento, sostuvo, es precisamente el mecanismo que hace funcionar este tipo de prácticas.