El Tribunal Electoral en Guatemala prepara herramientas digitales contra la desinformación para los comicios de 2027
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala prepara las elecciones de 2027 con mecanismos contra la desinformación, monitoreo de propaganda anticipada y medidas para prevenir la violencia política...
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala prepara las elecciones de 2027 con mecanismos contra la desinformación, monitoreo de propaganda anticipada y medidas para prevenir la violencia política, mientras busca ampliar el padrón electoral y asegurar recursos para un proceso que requerirá más personal y logística que el de 2023.
La institución tiene 259 denuncias en trámite por una posible campaña anticipada o infracciones a la legislación electoral. De ese total, 183 involucran a ciudadanos particulares y 46 a funcionarios públicos, entre diputados, alcaldes, concejales y síndicos; otros 50 expedientes fueron archivados porque no constituían una transgresión electoral.
La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de Guatemala revisó estos preparativos junto con magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La reunión abarcó la integración de juntas electorales, la actualización del empadronamiento, el presupuesto, el control de la información falsa y los riesgos de conflictividad en distintos municipios.
Cada denuncia pasa primero por un análisis preliminar y luego por una etapa de descargo ante la Inspección General. Si se determina que podría existir una falta, el caso se traslada al Registro de Ciudadanos, donde la persona investigada puede presentar nuevas pruebas.
Una respuesta digital ante las cuentas falsasLa estrategia contra la desinformación incluye una Coalición Nacional en Contra de la Desinformación, integrada por autoridades, centros de pensamiento, universidades y otros sectores vinculados con la defensa de la democracia. Magistrados del tribunal realizaron talleres en distintas regiones con autoridades locales para explicar las reglas electorales y los límites de la información que circula durante los comicios.
El tribunal prevé una reunión con TikTok a finales de mes y luego publicará un manual sobre buenas prácticas en redes sociales durante el proceso electoral. También desarrolla una aplicación que permitirá a los ciudadanos enviar enlaces o fotografías en tiempo real para reportar posibles casos de desinformación.
Diputados cuestionaron que las normas actuales no establezcan sanciones suficientes frente a la propaganda anticipada encubierta o la manipulación informativa. El diputado Raúl Barrera mencionó el acuerdo 58-2026, que modificó el reglamento de la ley electoral para prohibir cuentas falsas, información manipulada y contenidos creados con inteligencia artificial para desinformar.
Barrera sostuvo que la ley electoral no fija consecuencias claras para quien afecte la imagen de un candidato mediante perfiles falsos. Un magistrado respondió que esa discusión ocupó varias de las más de 15 sesiones con partidos políticos previas a la reforma reglamentaria y señaló que la investigación de datos sensibles corresponde al Ministerio Público.
Municipios bajo vigilancia y una estructura electoral más ampliaEl proceso electoral anterior dejó una sola denuncia que cumplió los requisitos de violencia política contra la mujer. El caso se originó en San Juan Sacatepéquez, según explicó el inspector general durante la reunión con los legisladores.
El tribunal desarrolla capacitaciones y diálogos ciudadanos en todo el país, además de una mesa de prevención de la conflictividad electoral que identificó más de 50 municipios con antecedentes de violencia. En vez de promover un pacto nacional de paz como en convocatorias anteriores, la institución impulsará acuerdos locales de paz electoral en las localidades consideradas de mayor riesgo.
Las plataformas digitales también deberán habilitar un botón específico para denunciar violencia política o agresiones contra mujeres, separado del canal general de desinformación. La diputada Patricia Orantes advirtió sobre la distancia entre las tareas preventivas del tribunal y su capacidad efectiva para sancionar, ante la ausencia de una ley específica sobre violencia política.
En San Jorge, Zacapa, el TSE detectó el traslado de votantes con direcciones falsas y presentó las denuncias ante el Ministerio Público. La mesa de seguridad, integrada por el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Nación, opera desde julio, antes de lo habitual en procesos previos.
El organismo electoral solicitó 2.700 millones de quetzales para gasto ordinario y la realización de los comicios. El Ministerio de Finanzas Públicas incluyó alrededor de 2.300 millones en el proyecto presupuestario enviado al Congreso, frente a los 1.600 millones ejecutados para el proceso de 2023.
El aumento responde a la expansión de la logística electoral. Las juntas receptoras de votos necesitarán casi 150 mil voluntarios, frente a los 125 mil requeridos anteriormente, y el transporte de material electoral tendrá mayores costos por el combustible y el alza general del costo de vida.
Las juntas electorales departamentales y municipales serán nombradas por el pleno de magistrados en una estructura piramidal. Aunque la ley contempla su integración tres meses antes de los comicios, el objetivo es juramentarlas el mismo día de la convocatoria electoral, con más de seis meses de anticipación.
El TSE abrirá una convocatoria pública para quienes aspiren a integrar las juntas departamentales. El diputado César Amézquita cuestionó la continuidad de personas que dirigieron esos órganos en varios procesos consecutivos, una práctica que calificó como “caciquismo”.
Un magistrado respondió que el 85% de los integrantes de las juntas en el proceso anterior eran nuevos. El Instituto Electoral organizará tres talleres de capacitación en los 22 departamentos y 340 municipios, además de un curso de b-learning, una modalidad que combina instancias presenciales y virtuales, desde enero.
La integración de esos órganos también incorporará intérpretes socioculturales. El tribunal mantiene un convenio con la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala para elaborar materiales electorales que consideren la diversidad lingüística del país.
El padrón registra 10,3 millones de personas empadronadas y la meta es llegar a 11 millones de ciudadanos habilitados para votar. Unos 650 trabajadores supernumerarios realizan jornadas de lunes a domingo en centros comerciales, oficinas del Registro Nacional de las Personas, universidades, la Municipalidad de Guatemala y el parque Concordia.