Envían a juicio oral a 52 penitenciarios por presuntas torturas en la cárcel de Ezeiza
El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte envió a juicio oral a 52 agentes y ex agentes del Servicio Penitenciario Federal por presuntas torturas y otros delitos cometidos en junio de 2019 cont...
El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte envió a juicio oral a 52 agentes y ex agentes del Servicio Penitenciario Federal por presuntas torturas y otros delitos cometidos en junio de 2019 contra internos del Pabellón B de la Unidad Residencial III, en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
La resolución rechazó las oposiciones presentadas por las defensas, clausuró la instrucción y ordenó remitir el expediente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata que resulte sorteado. La investigación fue impulsada por la fiscal Cecilia Incardona, con intervención del fiscal general Alberto Gentili, de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), y de la Procuración Penitenciaria de la Nación, querellante en el caso.
La acusación: disparos, gases y golpes dentro del pabellónLos hechos investigados ocurrieron el 9 de junio de 2019, luego de una protesta de internos por la modificación del horario de visitas. Según la acusación, durante el reclamo se incendiaron colchones y las autoridades organizaron un “cuerpo de requisa extraordinario” para ingresar al pabellón.
El grupo habría utilizado munición antitumulto contra los detenidos y arrojado gases en el sector. Tras reducirlos, los efectivos habrían golpeado a los internos y los obligaron a ubicarse apilados unos sobre otros.
Nueve detenidos que se habían refugiado en una celda individual fueron, según la elevación a juicio, rociados con gas pimienta a través de la mirilla. El Cuerpo Médico Forense constató lesiones en 15 internos, entre ellos dos con fracturas.
La investigación también alcanzó a los dos médicos de guardia que intervinieron ese día. La acusación sostiene que certificaron la inexistencia de lesiones sin haber revisado a los detenidos.
El pabellón permaneció cuatro días bajo un régimen de aislamiento colectivo entre el 10 y el 13 de junio de 2019 y sometido a un esquema denominado “sectorización”, que para la fiscalía y la querella constituyó una sanción colectiva contra los internos.
Durante ese período, las raciones de comida eran dejadas en el suelo y fuera del alcance de las personas encerradas. Además, el pabellón permaneció sin iluminación, con los baños fuera de funcionamiento y presencia de ratas, de acuerdo con la acusación.
El régimen fue levantado el 13 de junio, cuando una comitiva del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias llegó al establecimiento.
Tortura, falsificación y abuso de autoridadLa causa reúne acusaciones contra personal de distintos niveles de la estructura penitenciaria. Veintinueve integrantes de la División Registros, seis del Grupo Especial para la Resolución de Incidentes (GERI) y tres jefes de turno de la Unidad Residencial III fueron enviados a juicio por el delito de presunta tortura.
Otros seis integrantes del Comité de Seguridad de la unidad y su director afrontarán cargos por supuesta tortura, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos. La máxima autoridad del Complejo Penitenciario Federal I al momento de los hechos fue imputada por omitir impedir esas torturas.
Los dos médicos de guardia deberán responder por presunta falsedad ideológica y omisión de denunciar. A su vez, cuatro agentes —dos celadores, un inspector y un auxiliar de servicio— fueron acusados de supuesta falsificación de documento público por las actas que dieron inicio al procedimiento.
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó los procesamientos el 18 de julio de 2025.
En la misma resolución, el juez sobreseyó a dos integrantes del Grupo Operativo Anti Siniestros (GOAS), al considerar que su intervención se limitó a apagar el foco de incendio y ventilar el pabellón.
Al rechazar planteos de las defensas, el magistrado sostuvo que “se encuentra acreditada —con el grado de probabilidad de esta etapa— la materialidad de los hechos, así como la autoría y responsabilidad que se le atribuye” a los acusados.
“Recién en la etapa de debate oral y público, con la totalidad de la prueba producida bajo el principio de inmediación y contradicción, podrá exigirse la certeza apodíctica”, concluyó.