La alianza entre empresa e instituciones de seguridad en Guatemala, una apuesta por revertir el costo oculto de la violencia

El sector empresarial y las instituciones de seguridad y justicia de Guatemala formalizaron una alianza para reducir los homicidios a la mitad y fortalecer la certeza jurídica, durante el Encuentr...

El sector empresarial y las instituciones de seguridad y justicia de Guatemala formalizaron una alianza para reducir los homicidios a la mitad y fortalecer la certeza jurídica, durante el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE 2026).

El acuerdo busca coordinar acciones contra la delincuencia, recuperar el control de las cárceles y crear condiciones para la inversión.

La iniciativa reunió al Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Instituto de la Víctima.

Las entidades asumieron el compromiso de conectar bases de datos, acelerar procesos penales y definir metas medibles contra el crimen.

El encuentro, organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), puso el foco en la relación entre seguridad, actividad económica y empleo.

La propuesta plantea que el país reduzca la tasa de homicidios a menos de ocho por cada 100 mil habitantes en 2036.

Arévalo vinculó la seguridad con la inversión y el empleo

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó que la seguridad debe ocupar un lugar central en la estrategia de desarrollo.

“La seguridad es una base importante de cualquier proyección de desarrollo. Su ausencia impide la inversión, limita la creación de empleo y no permite que la prosperidad sea sostenible en el tiempo”, sostuvo ante empresarios y autoridades.

El mandatario también se refirió al impacto de las redes criminales sobre la economía formal. “Cada extorsión que paga un comerciante, cada territorio que controla el narcotráfico, cada quetzal que se lava, es inversión que no llega, empleo que no se crea y oportunidades que se niegan a nuestras familias”, expresó.

Arévalo respaldó la meta impulsada por Fundesa y señaló que el país cuenta con antecedentes para alcanzar una nueva reducción de la violencia. “Esta experiencia demuestra que cuando fortalecemos nuestras instituciones y trabajamos de manera coordinada, podemos proteger más vidas”, afirmó.

Fundesa advirtió sobre el costo económico de la violencia

El presidente de Fundesa, José Miguel Torrebiarte, señaló que la delincuencia representa un costo equivalente al 7,7% del Producto Interno Bruto (PIB).

También expuso que la tasa de homicidios pasó de 46,4 por cada 100 mil habitantes en 2009 a 16,3 a mediados de 2026, aunque el indicador mostró un estancamiento en los años posteriores a la pandemia.

“La seguridad es una condición indispensable para el desarrollo y Guatemala ya ha demostrado que puede avanzar en temas de seguridad”, declaró Torrebiarte, quien planteó reducir el índice a menos de ocho homicidios por cada 100 mil habitantes en la próxima década.

El diagnóstico presentado durante ENADE incluyó la situación penitenciaria. Según Fundesa, el 70% de las extorsiones se coordina desde las cárceles.

El sistema alberga a 24 mil privados de libertad, con una sobrepoblación del 300%, unos 2 mil guardias por turno y un presupuesto equivalente al 0,08% del PIB, por debajo del promedio centroamericano de 0,17%.

El acuerdo apunta a recuperar el control de las cárceles

La estrategia de seguridad hacia 2036 propone fortalecer a la PNC, ampliar el programa Zonas Seguras, facilitar denuncias anónimas y protegidas, integrar los sistemas de información de justicia y construir centros de máxima seguridad.

El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Carlos Arias, afirmó que dos de cada 10 empresas fueron víctimas de extorsiones.

“La seguridad no es un tema aparte de la economía, es su base. Ningún inversionista llega a donde no puede proteger a su gente”, sostuvo.

Arias pidió que el Ejecutivo, el Congreso y el sector justicia actúen como un sistema con rendición de cuentas.

Entre las prioridades mencionó adecuar la normativa contra el lavado de dinero a estándares internacionales, aprobar leyes de ciberseguridad y contrataciones del Estado, recuperar los centros penales y consolidar una justicia independiente.

Torrebiarte añadió que el Organismo Judicial enfrenta para 2027 una brecha presupuestaria estimada en 2.141 millones de quetzales. Según Fundesa, el 91,7% de su asignación actual se destina a gastos fijos, mientras que solo el 5% del Presupuesto General de la Nación llega al sector justicia.