Lo asesinaron frente a sus hijos y el caso sigue impune: a 22 años del asesinato del periodista Ortiz Franco en Tijuana
El gremio periodístico de Tijuana colocó un espectacular sobre el bulevar Cuauhtémoc Norte que tacha de “incompetentes” a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General de Ba...
El gremio periodístico de Tijuana colocó un espectacular sobre el bulevar Cuauhtémoc Norte que tacha de “incompetentes” a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General de Baja California por el asesinato sin resolver del editor del Semanario ZETA, Francisco Javier Ortiz Franco. El cartel, financiado con cuatro mil 500 pesos aportados por periodistas y miembros de la sociedad civil, se instaló la noche del lunes 22 de junio en la colonia Libertad.
El expediente penal del caso lleva 22 años sin una sola diligencia ministerial nueva. Los presuntos autores intelectuales del crimen fueron identificados, detenidos y procesados en Estados Unidos, pero ninguno enfrenta cargos en México por la muerte del periodista.
El espectacular como acto de denunciaEl cartel muestra una fotografía de Ortiz Franco tomada en la sala de archivo del semanario donde solía trabajar. Las leyendas que lo acompañan son directas: “FRANCISCO JAVIER ORTIZ FRANCO. PERIODISTA ASESINADO. 22 AÑOS DE IMPUNIDAD”, y en el costado izquierdo, un sello que dice “FGR/FGE INCOMPETENTES”, seguido de las consignas #NiPerdónNiOlvido, #Justicia y #FranciscoNoSeOlvida.
La instalación reunió desde las 19:00 horas a familiares, amigos y colegas del editor. El acto incluyó la lectura de un posicionamiento dirigido a las fiscalas Ernestina Godoy Campos y María Elena Andrade Ramírez, así como a las titulares de las comisiones de derechos humanos federal y estatal.
El texto del posicionamiento lo precisa con claridad: “Hace exactamente 22 años, el periodista y editor del Semanario ZETA, Francisco Javier Ortiz Franco, fue ejecutado por un comando armado mientras se encontraba acompañado de sus dos hijos menores de edad; el crimen ocurrió a escasas dos cuadras de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Zona Río de Tijuana”. Desde ese día, el Estado mexicano no ha producido ni un detenido ni un cargo penal contra los responsables materiales o intelectuales.
Sonia de Anda, integrante del Colectivo Yo Sí Soy Periodista, describió el estado del expediente: “Ya no sabemos dónde está, unos nos dicen que todavía lo tiene la Fiscalía, otros dicen que lo remitieron a la Fiscalía General del Estado”. La activista adelantó que el esfuerzo por mantener visible el caso irá escalando conforme aumenten los años de impunidad.
El crimen y sus líneas de investigaciónEl 22 de junio de 2004, Ortiz Franco acomodó a sus dos hijos en la parte trasera de un automóvil azul y, mientras se ponía el cinturón de seguridad, recibió cuatro disparos que le quitaron la vida en menos de 30 segundos. El ataque ocurrió a dos cuadras de la comandancia de la entonces Procuraduría General de la República en Tijuana, lo que sugirió desde el inicio una posible protección policiaca para facilitar la huida de los agresores.
Las investigaciones apuntaron a dos lugartenientes del Cártel de los Arellano Félix (CAF): Manuel Arturo Villarreal, alias “El Nalgón”, y José Briceño, alias “El Cholo”. Ambos se vieron afectados por la publicación de un reportaje de Ortiz Franco que expuso los nombres y fotografías de 27 miembros del CAF acreditados como policías ministeriales del estado. Se dijo que “El Cholo” condujo la camioneta Cherokee negra del ataque.
La investigación sumó en 2005 a Eduardo Ronquillo Medina, alias “El Niño”, miembro del CAF, quien habría vigilado los movimientos del editor junto a dos agentes judiciales y dado la señal a los sicarios. El Niño fue asesinado el 6 de octubre de 2004 en Tijuana; su cuerpo apareció ocho días después junto al de su medio hermano, Raúl Medina Gutiérrez.
Una segunda hipótesis señaló a Los Zetas, aliados del CAF desde el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, donde coincidieron Benjamín Arellano Félix y Osiel Cárdenas Guillén. Se llegó a afirmar que el tirador fue Heriberto Lazcano, “El Lazca”, líder de ese grupo de ex militares de élite.
Una tercera línea de investigación apuntó al entonces candidato a la alcaldía de Tijuana por el PRI, el empresario Jorge Hank Rhon. Ortiz Franco colaboraba en el análisis jurídico del expediente por el homicidio de Héctor “El Gato” Félix Miranda, cofundador del Semanario ZETA asesinado en 1988, y buscaba consolidar los nexos entre los asesinos materiales de ese crimen y su patrón en el Hipódromo Agua Caliente. Las autoridades investigadoras diluyeron esa hipótesis.
Dos décadas de promesas sin resultadoLos presuntos autores intelectuales del crimen, Francisco Javier Arellano Félix “El Tigrillo” y Manuel Arturo Villarreal Heredia, fueron detenidos y procesados en Estados Unidos. Arellano Félix recibió inicialmente cadena perpetua, pero en 2014 se declaró culpable de lavado de dinero y crimen organizado, y su condena se redujo a 23 años. Villarreal Heredia cumple una condena de 30 años por tráfico de drogas en la prisión federal Sandstone, en Minnesota. Ninguno de los dos enfrenta proceso judicial en México por el asesinato del periodista.
La entonces Procuraduría General de Justicia abrió el expediente 132/04/201 y señaló al Cártel de Tijuana como el principal sospechoso. El caso pasó después a la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra Periodistas de la PGR, que ejerció su facultad de atracción y prometió esclarecerlo. Esa promesa nunca se cumplió.
Desde 2021, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Alianza de Medios de México respaldan formalmente a la familia de Ortiz Franco en la búsqueda de un acuerdo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la reparación integral del daño. El posicionamiento leído este lunes fue categórico al señalar que “la dilación de la justicia también es una forma de complicidad”.
El Semanario ZETA registra que el expediente penal se encuentra en total estado de abandono. Según el posicionamiento del gremio, no se ha realizado ninguna diligencia ministerial para fortalecer la investigación desde que el caso fue atraído por la fiscalía federal.