MinSalud asegura que la Resolución 0900 no restringe recursos de la salud y busca mayor control del dinero público
El Ministerio de Salud y Protección Social aseguró que la Resolución 0900 de 2026 no modifica la destinación de los recursos públicos para el sector salud ni impone nuevas restricciones sobre ...
El Ministerio de Salud y Protección Social aseguró que la Resolución 0900 de 2026 no modifica la destinación de los recursos públicos para el sector salud ni impone nuevas restricciones sobre la ejecución del dinero transferido a hospitales y entidades territoriales.
La cartera explicó que la medida tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de seguimiento, control y verificación de los recursos públicos asignados al sistema de salud en Colombia.
Según información entregada por el Ministerio de Salud, la resolución expedida el pasado 7 de mayo actualiza disposiciones que ya estaban contempladas en las resoluciones 2361 de 2016 y 737 de 2024.
La resolución busca fortalecer la trazabilidadEl Ministerio señaló que uno de los principales objetivos de la norma es mejorar la trazabilidad, integridad y consistencia de la información reportada a través de la plataforma PISIS.
Además, indicó que se busca optimizar los procesos relacionados con el control, la rendición de cuentas y el cierre de los recursos transferidos a entidades territoriales, hospitales públicos y otros beneficiarios.
La cartera insistió en que la medida no limita la destinación del dinero público, sino que pretende garantizar un mayor seguimiento sobre la ejecución de esos recursos.
Habrá actualización de soportes documentalesEntre las medidas contempladas dentro de la resolución se encuentra la actualización de los documentos y soportes que deberán presentar las entidades beneficiarias de los recursos.
De acuerdo con el Ministerio, se solicitarán actos administrativos de incorporación presupuestal, contratos, actas de ejecución, informes técnicos y financieros, soportes de reintegro de recursos no utilizados y certificaciones firmadas por representantes legales, contadores y revisores fiscales.
La entidad aseguró que estos documentos permitirán verificar que la información reportada corresponda efectivamente a los soportes financieros y administrativos existentes en cada institución.
El objetivo es garantizar el uso adecuado del dineroEl Ministerio enfatizó que las certificaciones y requisitos contemplados en la resolución buscan asegurar que los recursos públicos sean ejecutados conforme a la normatividad vigente.
También explicó que los lineamientos técnicos deberán ajustarse a la naturaleza específica de cada proyecto financiado con recursos públicos del sector salud.
“Para proyectos de infraestructura, dotación, transporte asistencial, tecnologías de la información y telemedicina, los criterios de ejecución deberán corresponder a los contenidos de los proyectos previamente viabilizados”, señaló la cartera.
La norma refuerza la custodia de documentosOtro de los aspectos destacados por el Ministerio tiene que ver con el fortalecimiento de las obligaciones relacionadas con la conservación y custodia de los documentos asociados a la ejecución de recursos públicos.
La cartera indicó que estas medidas se implementarán en concordancia con las disposiciones del Archivo General de la Nación y las normas vigentes en materia de responsabilidad fiscal.
El objetivo, según explicó la entidad, es garantizar la disponibilidad de la documentación necesaria para eventuales procesos de auditoría y control.
La resolución aplicará a nuevos procesosEl Ministerio aclaró que la Resolución 0900 aplicará para las asignaciones de recursos realizadas después de la expedición de la norma y para procesos de seguimiento que todavía no cuenten con acta o informe final de cierre.
Sin embargo, precisó que no afectará transferencias cuyos procesos de validación y revisión ya hayan concluido.
La cartera sostuvo que las medidas hacen parte de una estrategia para fortalecer los controles sobre el uso del dinero público dentro del sistema de salud y garantizar una mayor transparencia en la ejecución de los recursos destinados a hospitales y entidades territoriales del país.