Organizaciones de trabajadoras sexuales rechazan la propuesta de prohibir la prostitución en el POT de Medellín: “No somos basura”
El concejal Andrés Tobón planteó una enmienda al nuevo POT de Medellín para prohibir las actividades de sexo pago en el espacio público y frenar la expansión de establecimientos dedicados a e...
El concejal Andrés Tobón planteó una enmienda al nuevo POT de Medellín para prohibir las actividades de sexo pago en el espacio público y frenar la expansión de establecimientos dedicados a esa actividad.
Debido a esta propuesta, organizaciones de trabajadoras sexuales rechazaron la iniciativa porque advierten que criminalizaría una labor ejercida por adultos y las expondría a mayores riesgos frente a las estructuras criminales.
El proyecto busca modificar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para impedir zonas de prostitución en la ciudad. Tobón sostuvo que las actividades de sexo pago en Medellín están atravesadas por explotación sexual y comercial, y que detrás de ellas pueden operar proxenetas y grupos como La Terraza y Caicedo, ambos vinculados con La Oficina.
Fidelia Suárez, fundadora y presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia, Sintrasexco, cuestionó que la respuesta institucional ante esas redes sea prohibir el trabajo sexual. La organización reúne a más de 2.000 afiliadas en el país.
“La labor sexual en Colombia es trabajo. No somos criminales ni delincuentes, somos víctimas de esas mafias que, por estar en una esquina o en un parque, nos cobran una extorsión que, si no pagamos, nos tenemos que ir o atenernos a las consecuencias”, denunció Suárez en declaraciones a Teleantioquia Noticias.
La dirigente consideró que prohibir la actividad bajo argumentos de seguridad implicaría que las autoridades persigan a quienes padecen las extorsiones en vez de desmantelar a los grupos que las ejercen. También afirmó que el oficio sostiene a miles de familias y tiene peso en la economía colombiana.
El espacio público como punto de contacto, no de prestaciónEl trabajo sexual no se presta en la calle, aunque allí puedan producirse contactos con potenciales clientes, según explicó Suárez. Los servicios, señaló, se realizan en residencias y hoteles, por lo que pidió diferenciar entre la presencia de trabajadoras en el espacio público y el lugar donde se concreta la actividad.
Suárez sostuvo que el trabajo sexual entre adultos que actúan voluntariamente no debe confundirse con la trata de personas ni con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Para la sindicalista, esos delitos son los que deben ser perseguidos hasta su desaparición.
La presidenta de Sintrasexco calificó la iniciativa como un “atropello político” y afirmó que desconoce la legislación vigente. “Esto es victimización. Nos están señalando como delincuentes ante la opinión pública, como si fuéramos un costal de basura, pero que no se olvide: no somos basura ni somos un foco infeccioso”, expresó.
El sindicato inició gestiones ante el Ministerio de Trabajo para impulsar una regulación del oficio. Suárez invitó a Tobón a promover un debate “serio y responsable” y a conocer la situación de las mujeres que ejercen la actividad pese al juicio moral que enfrentan.
El riesgo de trasladar la actividad a la clandestinidadLa prohibición no resolvería los problemas de seguridad y empujaría a las trabajadoras hacia lugares más apartados, donde los delitos podrían cometerse con mayor facilidad, advirtió Valery Ramírez, vocera del Sindicato Antioqueño de Trabajadoras Sexuales. La dirigente habló con La FM después de que Tobón anunciara su intención de presentar la modificación al POT.
Ramírez afirmó que el trabajo sexual no constituye un delito cuando lo ejercen personas adultas de manera libre. También cuestionó que se equipare esa actividad con la explotación de menores, la trata de personas y las redes criminales, porque esa asociación vincula a las trabajadoras con grupos delincuenciales.
La vocera recordó que la Corte Constitucional reconoce el trabajo sexual como una actividad laboral. A su juicio, omitir esa distinción jurídica borra la autonomía de quienes deciden ejercerla.
“Nosotras no somos el problema ni somos criminales, nosotras somos las principales perjudicadas y las que estamos llevando la peor parte. Estamos atrapadas en medio de un Estado ausente y de las bandas delincuenciales a las que las autoridades no han querido o no han podido perseguir de verdad”, afirmó Ramírez.
Junto con organizaciones como Putamente Poderosa, el sindicato impulsa una regulación orientada a proteger a quienes ya trabajan en la actividad. La propuesta incluye cuidar los espacios donde se desempeñan, garantizar sus derechos humanos y ofrecer alternativas reales a quienes deseen abandonarla.
La organización también participó en la mesa de prostitución de la Alcaldía de Medellín, donde expuso estas problemáticas. Ramírez pidió garantías, protección y respeto por los derechos de las trabajadoras, además de acciones contra quienes cometen los delitos.