Perú va al balotaje con blindaje electoral: el JNE presenta su plan de fiscalización para el 7 de junio

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó este 17 de mayo su plan de despliegue para la segunda vuelta presidencial del 7 de junio de 2026, con un refuerzo operativo que incluye más de 2.500 fiscalizadores de contingencia, monitoreo permanente durante las 24 horas del día y la incorporación de un comité internacional de expertos que acompañará el proceso en tiempo real. El anuncio fue realizado por el presidente del organismo, Roberto Burneo, durante el acto de proclamación de los candidatos finalistas.

El plan responde directamente a las dificultades logísticas registradas el 12 de abril, cuando deficiencias en el despliegue del material electoral generaron retrasos en la instalación de mesas y alimentaron las denuncias de irregularidades que se extendieron durante semanas. Burneo reconoció las incidencias sin minimizarlas y aseguró que el sistema electoral ha incorporado las lecciones de la primera vuelta para garantizar una jornada más ordenada y transparente.

Un comité de cinco países para auditar el proceso en tiempo real

El anuncio de mayor alcance institucional fue la conformación del Comité Académico de Expertos y de Apoyo Electoral, un equipo multidisciplinario con trayectoria en ciberseguridad, auditoría e innovación tecnológica. El comité estará integrado por Lenecke María Schol Calle y Pedro Alfredo Astudillo Paredes (Perú), José Hinostroza Lara (Chile), José Glas Torni (Uruguay) y Vanessa Santo Domingo (Puerto Rico).

A diferencia de las misiones de observación electoral tradicionales, este comité no operará como veedor externo sino como un órgano de acompañamiento técnico activo: emitirá observaciones y recomendaciones de forma simultánea al desarrollo del proceso, con plena autonomía respecto al JNE. “Confío plenamente en que su independencia y compromiso permitirá fortalecer los procesos electorales del Perú y garantizar la legitimidad de las autoridades electas”, afirmó Burneo.

La decisión de incorporar especialistas internacionales en ciberseguridad responde al contexto de desconfianza generado por las denuncias de fraude que circularon tras la primera vuelta, en particular sobre los sistemas informáticos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Burneo informó que el JNE ya realizó auditorías y supervisiones de esos sistemas antes, durante y después de la primera vuelta, y que la ONPE subsanó todas las observaciones formuladas. “No se identificaron hallazgos críticos que comprometan el desarrollo normal del proceso”, precisó.

Fiscalización territorial reforzada y monitoreo sin interrupciones

En el plano operativo, el JNE desplegará más de 2.500 fiscalizadores de contingencia distribuidos en todo el territorio nacional, con capacidad de supervisión continua durante las 24 horas previas y posteriores a la jornada electoral. El organismo reforzará además la fiscalización previa en los locales de votación, uno de los puntos críticos identificados tras el 12 de abril, cuando varios centros de sufragio registraron demoras en la apertura de mesas.

Burneo anunció ajustes en los mecanismos de coordinación y articulación operativa a nivel nacional, con el objetivo de reducir las contingencias e incidencias que afectaron la primera vuelta. La supervisión territorial se potenciará mediante sistemas de monitoreo en tiempo real que permitirán detectar y responder a problemas logísticos antes de que escalen.

Las “mesas 900” y la realidad del mapa electoral peruano

Burneo también salió al frente de las críticas a las denominadas “mesas 900”, cuestionadas por sectores políticos como un mecanismo susceptible de manipulación. El presidente del JNE explicó que su existencia tiene sustento constitucional y legal, y que responden a una necesidad concreta: acercar el voto a ciudadanos que habitan en zonas alejadas, de difícil acceso o en centros poblados sin infraestructura electoral permanente.

Para dimensionar el desafío logístico, Burneo recordó que el Perú cuenta con cerca de 100.000 centros poblados, incluidos más de 5.000 solo en Lima. “Esa es la realidad de nuestro país”, subrayó, al explicar por qué el sistema electoral requiere mecanismos de votación descentralizados que no pueden equipararse a los estándares de zonas urbanas con mayor densidad y accesibilidad.

El plan de despliegue del JNE para el 7 de junio busca responder a la demanda ciudadana de mayor transparencia y certeza institucional en una elección que definirá al próximo presidente en un contexto de alta polarización y desconfianza hacia el sistema político. Burneo fue explícito al respecto: “La ciudadanía debe tener la seguridad de que el voto será respetado. Ese es nuestro compromiso con el país y con la democracia”.