Presidente Abelardo de la Espriella autorizó las primeras cinco extradiciones de su gobierno: de quiénes se trata

El presidente Abelardo de la Espriella autorizó las primeras cinco extradiciones de su gobierno, una decisión que activa la entrega de ciudadanos requeridos por Estados Unidos, Perú, República ...

El presidente Abelardo de la Espriella autorizó las primeras cinco extradiciones de su gobierno, una decisión que activa la entrega de ciudadanos requeridos por Estados Unidos, Perú, República Dominicana y Panamá por narcotráfico, violencia sexual agravada y tentativa de homicidio.

Las órdenes fueron tramitadas a través del Ministerio de Justicia, en los primeros días de una administración que ha prometido mano dura contra las organizaciones criminales y otros delitos de alto impacto.

Las autorizaciones quedaron consignadas en las resoluciones 308 a 312 de 2026 del Ministerio de Justicia. Dos de los cinco casos tienen como destino la justicia estadounidense y se relacionan con investigaciones por tráfico de cocaína.

Los extraditables son Armando Luis Suárez Calvo, Didier Ignacio García, Diego Alberto Londoño, Jorge Luis Mojica Ortiz y Roderick Aldair Morales Delgado. Todos tienen nacionalidad colombiana.

En el caso de Suárez Calvo, esta persona es señalada por las autoridades de ese país por presuntos vínculos con Los Pepes y el clan del Golfo, además de cargos por concierto para delinquir, tráfico de drogas y lavado de activos. Fue capturado en septiembre de 2025 en Barranquilla en un operativo de la Policía, la Fiscalía y la DEA.

Las investigaciones de las autoridades le atribuyen participación en una organización que contaminaba contenedores y embarcaciones con cocaína en puertos de Barranquilla y Santa Marta para enviarla a Centroamérica y Estados Unidos. En ese expediente, las autoridades indicaron que la red movía hasta 1,5 toneladas de cocaína al mes.

Asimismo, la Policía informó entonces que esa operación afectó las finanzas de las estructuras criminales en más de USD 50 millones y evitó la comercialización de cerca de 3,7 millones de dosis de cocaína. Las mismas pesquisas lo ubican como uno de los procesados con mayor presencia en el Caribe colombiano dentro de ese grupo.

Por su parte, Didier Ignacio García, también requerido por Estados Unidos, está acusado de enviar cocaína a ese país oculta en exportaciones de frutas. Otra de las versiones lo identifica como alias Guillermina y señala que fue capturado durante un operativo en San Andrés en 2024.

El requerimiento contra García Rodríguez, de acuerdo con la documentación reseñada, es por concierto para distribuir y poseer con intención de distribuir 5 kg o más de cocaína para importarla a Estados Unidos. El caso lo ubica como parte de una cadena de narcotráfico trasnacional que camuflaba la droga en cargamentos de fruta.

Perú, República Dominicana y Panamá completan la lista de extradiciones

Entre tanto, Diego Alberto Londoño será enviado a Perú, país en el que es requerido por tráfico de drogas ilícitas agravado. La resolución señala que no tenía procesos abiertos en Colombia y que su captura obedeció a fines de extradición solicitados por las autoridades peruanas.

Asimismo, Jorge Luis Mojica Ortiz, ciudadano colombo-dominicano, será entregado a la República Dominicana por una investigación por violencia sexual agravada contra una menor de edad. Otra de las versiones precisa que fue capturado en enero de 2026 en Medellín y que en su contra estaba vigente una circular roja de Interpol.

Por su parte, Roderick Aldair Morales Delgado será extraditado a Panamá, donde lo requieren por tentativa de homicidio agravado. En uno de los apartados del material fuente, el delito aparece descrito como homicidio agravado en grado de tentativa.

La firma de estas cinco resoluciones ocurrió en la primera semana de gobierno de De la Espriella, que asumió la presidencia de Colombia el 7 de agosto. En su posesión el mandatario tomó estas decisiones con otras medidas iniciales de seguridad, entre ellas el traslado de reclusos desde la cárcel La Paz de Itagüí a otros centros penitenciarios del país.