Prometieron escrituras, captaron dinero y evadieron entregas: imputados enfrentan proceso por estafas en El Salvador
El proceso judicial contra los imputados por el caso Argoz avanza en el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), dur...
El proceso judicial contra los imputados por el caso Argoz avanza en el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), durante la más reciente jornada del juicio se presentaron pruebas que demuestran que los acusados recurrieron al uso de diversas sociedades para captar dinero de las víctimas, quienes fueron engañadas con la promesa de recibir escrituras de propiedad al finalizar los pagos correspondientes. Estas escrituras nunca fueron entregadas, lo que ha dejado a decenas de familias afectadas y sin acceso legal a sus viviendas.
El caso Argoz involucra la venta irregular de terrenos en al menos 10 lotificaciones, sin los permisos legales requeridos. Las víctimas entregaron sumas de dinero a los imputados, confiando en la promesa de que obtendrían la documentación legal de sus propiedades una vez completados los pagos. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los acusados nunca cumplieron con lo prometido, y en su lugar, utilizaron diferentes empresas para dispersar los fondos obtenidos a través del fraude.
Los imputados identificados por la FGR son Leticia Farfán, Rodrigo Gómez, Natalia Gómez, Edwin Rivera y Mónica Sanabria. Todos enfrentan cargos por su presunta participación en la estructura que operó estas maniobras fraudulentas. De acuerdo con la información oficial, los detenidos fueron capturados tras una investigación que permitió identificar el modus operandi utilizado para captar a las víctimas y las rutas financieras empleadas para lavar el dinero procedente de las ventas ilícitas de terrenos.
El proceso judicial comenzó con las audiencias iniciales hace varios meses, cuando las primeras denuncias llegaron a la Fiscalía. A partir de ese momento, se recopilaron testimonios de afectados, así como documentación relacionada con las transacciones y los contratos que nunca fueron legalizados. La legalización formal del caso ante los tribunales permitió la detención y presentación de los implicados ante la justicia.
Hasta la fecha, la Fiscalía ha recibido múltiples denuncias de personas afectadas que señalan haber sido víctimas del mismo esquema. El número exacto de denuncias continúa en aumento conforme más familias descubren que los documentos recibidos carecen de validez legal y que las promesas de entrega de escrituras no se materializaron. Según la FGR, las investigaciones se mantienen abiertas para identificar si existen otros involucrados o más lotificaciones bajo el mismo patrón.
Frente a la magnitud del fraude y el impacto social generado, el gobierno salvadoreño, a través del Ministerio de Vivienda, ha implementado acciones para buscar soluciones y garantizar la legalización de la situación de las personas afectadas. Entre las medidas adoptadas, se encuentran la asesoría legal gratuita para las víctimas, la revisión de los expedientes de las lotificaciones involucradas y la coordinación con otras entidades estatales para regularizar la tenencia de la tierra.
El caso Argoz ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de quienes buscan acceder a una vivienda mediante lotificaciones privadas. Las autoridades han reiterado el llamado a la población para verificar la legalidad de los proyectos habitacionales antes de realizar cualquier pago, y han subrayado su compromiso de llevar ante la justicia a quienes resulten responsables de estos hechos.
La audiencia continúa en el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, donde se busca justicia para las familias afectadas y la recuperación patrimonial de quienes fueron víctimas del fraude. El proceso representa uno de los casos emblemáticos en la lucha contra delitos organizados relacionados con la vivienda en El Salvador.