Sindicato de la Cancillería pidió investigar a cuatro exministros por presunto detrimento fiscal: hay más de 200 demandas por nombramientos cuestionados
La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo) presentó ante la Contraloría General de la República una queja de responsabilidad fiscal contra cuatro exminis...
La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo) presentó ante la Contraloría General de la República una queja de responsabilidad fiscal contra cuatro exministros de Relaciones Exteriores y seis exdirectores de Talento Humano de la Cancillería, por presuntas irregularidades en el nombramiento provisional de personas que no pertenecen a la carrera diplomática y consular.
En un comunicado divulgado el 13 de octubre, la organización sindical señaló que las designaciones se habrían realizado en cargos correspondientes a funcionarios de carrera, pese a que, según su denuncia, había diplomáticos disponibles para ocupar esas posiciones. La queja solicita que se examinen las actuaciones administrativas y se establezca si estas ocasionaron un detrimento de los recursos públicos.
El sindicato sostiene que los nombramientos cuestionados se tramitaron mediante certificaciones de no disponibilidad de personal de carrera, aunque, de acuerdo con la organización, existían funcionarios habilitados para asumir los cargos. Además, indicó que esas decisiones se habrían producido pese a las reglas establecidas por el Consejo de Estado desde 2015 sobre el carácter excepcional de los nombramientos provisionales en la carrera diplomática y consular.
La presentación de la queja busca que la Contraloría determine si hubo un daño patrimonial al Estado, identifique su eventual cuantía y establezca las responsabilidades fiscales que correspondan. Cabe destacar que la denuncia constituye una solicitud de investigación y no implica, por sí misma, que los exfuncionarios señalados hayan sido declarados responsables.
Más de 200 procesos judiciales por nombramientosEn el comunicado, Unidiplo informó que entre 2022 y 2026 se presentaron más de 200 procesos judiciales de nulidad electoral contra actos administrativos relacionados con nombramientos realizados en la Cancillería. Según la organización, las decisiones judiciales emitidas en esos procesos han sido, en su gran mayoría, favorables a la carrera diplomática y consular, e incluyeron la anulación de los nombramientos cuestionados.
El sindicato relacionó esos antecedentes con su solicitud ante la Contraloría, al considerar que las designaciones provisionales también deben examinarse desde el punto de vista de sus efectos económicos.
Por esa razón, la organización pidió que el organismo de control solicite al Ministerio de Relaciones Exteriores la documentación necesaria para reconstruir las actuaciones administrativas, establecer los costos asociados a cada designación y determinar si hubo pérdidas para el Estado.
La queja señala que las consecuencias económicas no se limitarían al pago de salarios de las personas nombradas. De acuerdo con el sindicato, cada designación puede generar gastos de traslado al exterior, incluidos tiquetes, viáticos, menaje y prima de instalación. Si el nombramiento es anulado, también pueden presentarse costos relacionados con el regreso del funcionario al país.
Unidiplo advirtió que, en algunos casos, las designaciones cuestionadas podrían generar un doble costo de remuneración, además de los gastos de desplazamiento y permanencia. La organización solicitó que estos conceptos sean cuantificados para establecer si constituyen un detrimento patrimonial.
Con la actuación solicitada por Unidiplo ante la Contraloría General de la República, una posible investigación de responsabilidad fiscal permitiría examinar si servidores públicos o particulares ocasionaron un daño al patrimonio público mediante una conducta atribuible a ellos. Si durante el proceso se reúnen los elementos exigidos por la ley, la autoridad puede determinar si procede declarar responsabilidad fiscal y ordenar el resarcimiento del daño establecido.
Para la solicitud del sindicato de la Cancillería, será necesario revisar los actos administrativos, las certificaciones de disponibilidad de personal, los gastos efectivamente realizados y las decisiones judiciales correspondientes.
En el cierre de su comunicado, la organización reiteró su posición frente a la legalidad de los nombramientos y al manejo de los recursos estatales. “Nuestra organización sindical reitera su compromiso con el mérito, la legalidad y el uso eficiente de los recursos públicos en el servicio exterior”, expresó la junta directiva de Unidiplo.