Todavía hay más de 20 bloqueos de carretera en Bolivia pese al estado de excepeción decretado por el presidente Rodrigo Paz
Los bloqueos de carretera seguían activos este sábado en Bolivia pese al estado de excepción, mientras el Gobierno defendía que la protesta perdió fuerza y que el país avanzaba hacia la norma...
Los bloqueos de carretera seguían activos este sábado en Bolivia pese al estado de excepción, mientras el Gobierno defendía que la protesta perdió fuerza y que el país avanzaba hacia la normalización. El portal de Transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informó que este domingo por la mañana todavía habían al menos 27 bloqueos en el país.
El Gobierno intentó levantarlos con el Decreto Supremo 5636, avalado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y con operativos de policías y militares en rutas clave.
Pese a esto, la cifra de cortes bajó frente a los 40 informados el sábado y los 47 del viernes. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, sostuvo que los bloqueos habían caído al menos un 60% desde el centenar registrado en el momento más álgido del conflicto.
Zamora afirmó en un mensaje difundido en redes sociales que el Ejecutivo avanzará hasta recuperar la normalidad en todo el país. Aun así, los cortes aún no han desaparecido por completo.
La Asamblea Legislativa Plurinacional avaló la noche del sábado el Decreto Supremo 5636 del presidente Rodrigo Paz, que declaró el estado de excepción. La aprobación llegó a las 2.36 horas del domingo, con mayoría de dos tercios y tras una sesión marcada por reclamos de procedimiento y tensión política.
El vicepresidente Edman Lara, que además presidía la sesión, expresó su rechazo a la medida, aunque remarcó su obligación de cumplir la ley. Más tarde abandonó la reunión por una indisposición, cuando los grupos Libre y APB Súmate ya perfilaban su apoyo al decreto.
El estado de excepción no suspende derechos, pero prohíbe los bloqueos de vías, el uso de armas, explosivos y otros elementos violentos, además de permitir apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la Policía para controlar el orden público. Tras la entrada en vigor de la medida, policías y militares empezaron a retirar piedras, bloques de concreto y montículos de tierra en carreteras troncales.
Desde El Alto partieron contingentes hacia la ruta que conecta con Oruro, mientras otro grupo avanzó desde esa región. En la carretera desde Cochabamba hacia el occidente del país, los agentes también despejaron material con ayuda de maquinaria pesada.
La comitiva encabezada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, llegó hasta Achica Arriba, donde el 23 de mayo un intento de desbloqueo derivó en choques entre agentes y manifestantes. El ministro dijo a los medios que las fuerzas desplegadas hicieron sobre todo tareas de limpieza y detectaron en algunos puntos “bloqueos fantasma”.
Por su parte, el Gobierno alcanzó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), una de las principales fuerzas de la movilización. Después de ese pacto, organizaciones como la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz Bartolina Sisa anunciaron un intermedio en las protestas.
Esas organizaciones convocaron para el lunes en La Paz un ampliado extraordinario de emergencia con representantes de las 20 provincias. El objetivo es analizar la situación interna, evaluar la coyuntura nacional y departamental y tomar decisiones en defensa de la unidad e institucionalidad del sector.
Pese a ese intermedio, el malestar interno quedó expuesto en un comunicado. “Todo se resolvió a puertas cerradas. Fueron a negociar sin nuestra participación y sin nuestro consentimiento...”, señalaron esas organizaciones al rechazar el acuerdo suscrito por el Gobierno, la COB y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
El Ejecutivo sostiene que gran parte de las demandas sociales ya fue atendida por medio del diálogo y que los bloqueos que persisten responden sobre todo a intereses políticos. Las protestas fueron convocadas para exigir la dimisión de Paz y rechazar sus políticas neoliberales.
La sesión legislativa terminó con un minuto de silencio por las más de 20 personas fallecidas durante 52 días de conflicto.
El conflicto también provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades. Esa agencia también situó las pérdidas económicas en USD 3.000 millones.
En algunos puntos del operativo, vecinos aplaudieron el despeje de las rutas que permanecían cortadas desde el 6 de mayo. Virginia Nieves, vecina y vendedora de Cruce Ventilla, dijo a esa EFE: “Estoy muy de acuerdo con que se desbloquee, por fin ya vamos a poder trabajar, ya en paz (...) Ya vamos a estar más tranquilos, porque hay mucha gente que estamos sufriendo porque queremos trabajar”.
El Gobierno mantuvo el despliegue con la idea de restituir la circulación y aliviar a la población afectada por semanas de restricciones. La operación puso el foco en el impacto que los bloqueos habían tenido sobre el trabajo, el tránsito y la vida cotidiana.