Un cargo del Consejo de Europa ve "reticencia" en compartir datos para perseguir el crimen

Barcelona, 15 nov (EFE).- Ante una delincuencia organizada que tiene como nuevo objetivo la economía, el presidente del Comité Europeo para los Problemas Criminales (CDPC) del Consejo de Europa, ...

Barcelona, 15 nov (EFE).- Ante una delincuencia organizada que tiene como nuevo objetivo la economía, el presidente del Comité Europeo para los Problemas Criminales (CDPC) del Consejo de Europa, Lorenzo Salazar, considera que instituciones y países deberían colaborar para obtener más datos que permitan perseguir la actividad delictiva, aunque ve "reticencias" al compartirlos.

"Todo síntoma de actividad criminal puede emerger con bases de datos. El problema está en conectarlos", dice a EFE el magistrado italiano aludiendo a la información recabada por organismos judiciales, notariales y policiales.

No obstante, señala las barreras que presentan algunos de ellos: "Con las autoridades policiales, tenemos la experiencia de que en ocasiones son bastante reacias al compartir información".

"Actualmente hay menos asesinatos, pero ahora el crimen organizado tiene como objetivo conquistar la economía legal. Este es el mayor peligro", explica Salazar, convencido de que la estrategia para combatirlo es "atacar los activos procedentes de conductas delictivas para evitar que se puedan usar", algo para lo que, insiste, son esenciales los datos.

Conseguirlo, opina, requiere de que haya "voluntad política" para cooperar. "Deberíamos estar listos para abandonar una parte de nuestra soberanía en el ámbito del derecho penal y procesal en favor de la acción común, primero a nivel de la Unión Europea y después con otras organizaciones", plantea.

Salazar celebra que los países europeos ya cuenten con las herramientas necesarias para organizar dichas bases de datos -entre ellas la inteligencia artificial-, "especialmente útiles" para detectar actividades criminales en el ámbito financiero, pero reconoce que se encuentran limitados por la protección de derechos como la privacidad.

"Ahora el gran desafío es lograr el equilibrio adecuado entre el respeto a los derechos fundamentales y permitir que nuestras agencias accedan a distintas bases de datos", explica.

El magistrado apunta, además, a la necesidad de mejorar la supervisión sobre los países en la implementación de las medidas acordadas, especialmente en el ámbito del derecho penal y la lucha contra la delincuencia organizada, un monitoreo para el que considera que a la Unión Europea "le hace falta más valentía".

En el proceso de obtención de datos que permitan aflorar actividad criminal, sobre todo económica, Salazar destaca el papel de los notarios, que están "en la primera línea" de las operaciones, que conocen cada caso "en profundidad" y que tienen por ello la capacidad de detectar movimientos ilícitos.

"El notario no solo puede prevenir el blanqueo denunciándolo, sino que en algunos países incluso puede negarse a otorgar la escritura", añade a EFE la presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos de la Unión Internacional del Notariado, Valentina Rubertelli, quien recuerda que los documentos notariales son de las pruebas "más importantes" con las que cuentan los tribunales para condenar.

En este sentido, Rubertelli toma como modelo España, que desde 2006 cuenta con el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), creado por el Consejo General del Notariado para potenciar la lucha contra este tipo de crimen facilitando datos a juzgados y policía, tanto respondiendo a sus requerimientos como alertando de operaciones sospechosas.

"Más del 80 % de las operaciones que comunicamos acaban judicializadas", revela a EFE el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín, sobre los frutos de un sistema "pionero" que también reivindica a nivel continental. "Es muy importante que nos pongamos de acuerdo en la creación de una base de datos europea", subraya.

"Durante la primera década del siglo, vi un gran desarrollo en el campo de la lucha contra el crimen organizado, pero después bajó el ritmo", explica Salazar, quien trabaja desde inicios de los noventa en la persecución de la delincuencia a nivel europeo, un ámbito que ahora, lamenta, "ha perdido el entusiasmo". "Hay fatiga en el imaginar cómo ir más allá", describe.

"Deberíamos conseguir crear un enlace para la frustración que a veces sentimos en casos individuales para elevarlos a organismos como la Unión Europea o el Consejo de Europa", plantea el magistrado pensando en las "muchas veces" que ha visto este tipo de casos estancarse en magistrados, jueces o fiscales singulares por falta de cooperación.

Más que en crear nuevos instrumentos y medidas legales, Salazar aboga por colaborar mediante los que ya existen, vigilar su correcta implementación y adoptar sanciones contra quienes no los apliquen o se opongan a cooperar, algo para lo que reclama, a nivel europeo e internacional, "más coherencia de la que hay ahora". EFE

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