Acusado de “posibilitar el robo” del kirchnerismo, renunció el jefe del máximo órgano de control de Santa Cruz
EL CALAFATE.– El presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Carlos Ramos, renunció hoy al cargo después de 13 años al frente del máximo órgano de control de la provincia. No fue una...
EL CALAFATE.– El presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Carlos Ramos, renunció hoy al cargo después de 13 años al frente del máximo órgano de control de la provincia. No fue una decisión aislada: lo hizo mientras en la Legislatura está en curso el proceso de juicio político contra él y las vocales nombradas por Alicia Kirchner, en tanto que en los tribunales de Comodoro Py su nombre está en danza dentro del tercer tramo de la causa Vialidad: tiene un pedido de indagatoria solicitado por el Ministerio Público Fiscal pendiente desde 2018.
La renuncia fue informada este jueves por la gobernación santacruceña, pero empezó a tejerse el martes, cuando por más de una hora y media se reunió con el gobernador Claudio Vidal, al que le expresó su voluntad de dejar el cargo por considerar que había “cumplido un ciclo” y que era “necesario oxigenar las instituciones de la provincia”, según se informó oficialmente. Ramos había llegado al cargo en 2011, luego de estar al frente de la Fiscalía de Estado de Santa Cruz, y fue nombrado por el entonces gobernador Daniel Peralta.
La carta de renuncia, que también incluyó el pedido de iniciar los trámites correspondientes a la jubilación ordinaria ante la Caja de Previsión Social, deja en libertad de acción a la gobernación para nombrar un vocal en el cargo que deja vacante Ramos.
Para el gobernador Vidal, la renuncia del ahora exvocal fue “un gesto de grandeza que no es común en estos tiempos y que agradezco”. Y amplió: “Uno ve a algunos agarrados con garras y dientes a sus cargos, con tal de preservar sus privilegios”. Más duro en sus términos fue el vicegobernador Fabián Leguizamón, quien denunció a Ramos por no ejercer el control “que posibilitó el robo” al kirchnerismo y había iniciado el jury para la destitución del cargo.
“Ramos prefirió renunciar antes que ser sometido a un juicio político, utilizando los mecanismos y maniobras legales para esquivar la inminente destitución de su cargo. Esto genera impotencia ya que él, en complicidad con el kirchnerismo y el FPV, fue quien posibilitó el robo y los graves hechos de corrupción que perjudicaron a los santacruceños durante tantos años”, sostuvo hoy el radical Leguizamón, parte de la coalición gobernante junto a Vidal.
En febrero, Leguizamón había denunciado penalmente a Ramos y a dos vocales del Tribunal de Cuentas, Matilde Morales y Romina Gaitán, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión para luego solicitar formalmente el Juicio Político. Hoy confirmó que el juicio para los dos vocales siguen adelante, al igual que la denuncia penal efectuada en la Justicia.
“La falta de control de los gastos públicos derivó en la falta de educación, de salud, de insumos, recursos, sueldos precarizados, entre otras tantas necesidades que padecemos los santacruceños al día de hoy. Ojalá la Justicia actúe en consecuencia, esté a la altura de las circunstancias y esto no quede impune”, afirmó Leguizamón, quien además calificó como “injusto” el hecho de que Ramos pretenda acogerse al beneficio de la jubilación.
La causa VialidadA mediados de marzo ingresó a la Legislatura un pedido de juicio político a los tres representantes del Poder Ejecutivo en el Tribunal de Cuentas. Leguizamón les atribuye a los funcionarios falta de control de las cuentas municipales y los ministerios, y la aprobación sin observaciones de las rendiciones de la Administración General de Vialidad Provincial, AGVP, a través de la cual se licitaron obras públicas para Santa Cruz y en su mayoría el beneficiario fue Lázaro Báez que derivaron en la conocida causa Vialidad.
En el primer tramo de la causa Vialidad, la expresidenta Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por el desvío de obras públicas santacruceñas en beneficio de Báez. El fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, reclamó elevar a 12 años de prisión la pena de la expresidenta y que se la condene también como jefa de una asociación ilícita, que es lo que solicitó en el juicio oral el fiscal Diego Luciani. Ahora terminaron las audiencias y la Cámara de Casación se deberá pronunciar en los próximos meses sobre la confirmación de la condena, la reducción o si la elevan a 12 años.
Ramos es parte del tercer tramo de la causa Vialidad, que por el enorme volumen de imputados y material de prueba, fue dividida en tres capítulos. El tercero incluye un plantel de 36 exfuncionarios nacionales y de Santa Cruz –que incluye a exgobernadores y exministros– quienes en 2018 fueron convocados a indagatoria por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, pero en su caso, aún no salió el llamado del juez de la causa.
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Los representantes del Ministerio Público Fiscal dejaron asentado en el dictamen de llamado de indagatoria el Tribunal de Cuentas de la provincia, que Ramos integra desde el 2011 y presidió hasta hoy, que “contribuyó a la maniobra criminal investigada a través de la omisión sistemática y deliberada de ejercer sus deberes de fiscalización y control de legalidad sobre las obras viales direccionadas hacia el Grupo Báez, por la Administración General de Vialidad Provincial”.
Para ellos, se trató de una compleja maniobra delictiva llevada adelante por funcionarios nacionales, provinciales, así como también, profesionales que colaboraron desde las diversas empresas del conglomerado societario de Báez, con el fin de sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz.