Bajo Belgrano: el gobierno nacional subastará una manzana y hay inquietud en los vecinos

La entrada de la Comisaría Vecinal 13 A, en la intersección de la avenida Juramento y Artilleros, había quedado ocupada este jueves por una hilera de vecinos que se tomaron de las manos para abr...

La entrada de la Comisaría Vecinal 13 A, en la intersección de la avenida Juramento y Artilleros, había quedado ocupada este jueves por una hilera de vecinos que se tomaron de las manos para abrazar simbólicamente la manzana que el Estado nacional subastará y que debe rematarse en los próximos días. Sobre la vereda, donde habitualmente estacionan los móviles policiales, se apoyaron carteles escritos a mano, lonas extendidas y folletos impresos que reclamaban lo mismo: que no se altere la escala del Bajo Belgrano. Desde allí se veía, detrás de la reja, el gran playón descubierto que durante años funcionó como estacionamiento policial y, más atrás, la estructura fabril de chapa y mampostería que albergó talleres de la Policía Federal.

Los documentos oficiales a los que accedió LA NACION detallan que el predio, delimitado por Artilleros, Echeverría, Cazadores y Juramento, , tiene 9986,79 m² de superficie —4322,46 m² cubiertos, 201,11 m² semicubiertos y 5565,27 m² descubiertos— y que la venta se realizará mediante la subasta pública 392-0102-SPU25 con un precio base de US$21.369.863. En el Boletín Oficial se indicó que la propiedad no posee valor patrimonial, lo que permite su modificación o demolición, y que las antenas de telecomunicaciones instaladas en el predio deberán ser relocalizadas en un plazo máximo de diez meses. El pliego fija también la altura autorizada por el Código Urbanístico para construir: planta baja y cinco pisos (17,40 metros) y una capacidad constructiva estimada de 29.960,37 m². La circular aclaratoria dejó por escrito otro punto sensible: no se permiten oficinas, solo los usos residenciales admitidos en la zona.

En medio de la inquietud barrial, un dato confirmado desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a este medio dio cierto alivio: la comisaría no forma parte de la subasta y seguirá funcionando en su ubicación actual. Desde la dependencia explicaron a LA NACION que conocieron la movilización por los panfletos que circularon en la zona y que agradecían el apoyo recibido, aunque evitaron comentar sobre el futuro del predio lindero, porque no intervienen en su gestión.

La reacción de los vecinos no estuvo motivada únicamente por la potencial venta estatal, sino por la experiencia acumulada en los últimos años. Pablo, que vive en la zona desde hace una década, lo describía mientras señalaba los carteles apoyados contra la pared de la comisaría. Decía que en el barrio no había resistencia a que se construya dentro de lo permitido, pero sí al modo en que algunos proyectos terminan trastocando la normativa. Y explicaba con naturalidad a este medio: “Nosotros no queremos que el barrio pierda calidad de vida. Lo que pasa es que los proyectos se presentan siendo una cosa y, a fuerza de excepciones, terminan siendo otra. Ya nos pasó. Se habilitan convenios urbanísticos que permiten saltear el Código y después el daño lo pagamos nosotros: más sombra, más congestión, menos agua. De noche directamente no tenemos agua si no contás con una bomba, te quedás sin servicio”.

El argumento sobre el agua se repetía en varias conversaciones. También la preocupación por los servicios, por el estacionamiento y por el ingreso de más vehículos en calles que ya hoy se saturan. En una esquina, un vecino mencionaba que los convenios urbanísticos “no solo se multiplicaron, sino que se transformaron en una herramienta que termina desdibujando el Código”.

A unos metros, Orlando, también residente del barrio, planteaba que la discusión debía ser entendida en términos legales: “No es que estemos en contra del desarrollo. Lo que defendemos son las normas. Acá lo único que importa es si se cumplen o no se cumplen las leyes. Este predio es muy valioso y cualquier excepción vale muchísimo dinero. No hace falta decir más: uno lee lo que pasa en la ciudad y entiende cómo funcionan los intereses. Lo que pedimos es sencillo: que lo que se haga acá sea dentro de la ley, nada más”.

La Asociación Vecinos del Bajo Belgrano venía trabajando hacía tiempo con presentaciones y pedidos de información. Ana, integrante de la organización, recordaba que la zona ya había sido afectada por cambios normativos que el barrio resistió. Cuando se enteraron de la subasta, comenzaron a solicitar información a la Ciudad. La respuesta oficial fue que no existe ningún proyecto presentado para esa parcela. “Ahora nuestra tarea es controlar lo que pase después del remate —decía—. Lo que estamos pidiendo es que se cumpla la normativa vigente. Nada más. Y nada menos”.

La asociación incluso presentó un proyecto de ley para expropiar la manzana y convertir el terreno en un espacio verde público, integrando la comisaría en el diseño y garantizando superficies absorbentes. El argumento se apoyaba también en la deuda que Nación mantiene con la Ciudad: la propuesta buscaba que ese inmueble pudiera utilizarse como parte de la compensación. La iniciativa no avanzó en la Legislatura, pero los vecinos aseguraron que insistirán.

Entre quienes se acercaron al abrazo estuvo la escritora Luisa Valenzuela, vecina histórica de la zona. Junto a otra residente, señalaba a este medio los ejemplos cercanos donde edificios recientes habían “pisado el pulmón de manzana”, provocando daños estructurales y grietas en casas linderas. Comentaban que lo que se vive hoy es una continuidad de situaciones anteriores, en las que la fisonomía residencial se vio alterada por desarrollos que no respetaron los límites originales. “Es una amenaza para nosotros —decían—. Ya hemos visto cómo avanzan proyectos que cambian todo. Esto lo están haciendo entre Nación y Ciudad y el barrio queda en el medio”.

En la entrada de la comisaría, el ambiente combinaba preocupación y determinación. Algunos vecinos mostraban en sus teléfonos los mapas donde se registran los convenios urbanísticos aprobados en la ciudad en los últimos años. Otros contaban casos puntuales de proyectos cuyas alturas se habían modificado tras acuerdos posteriores. La conversación fluía intermitente, acompañada por el ruido de los autos que circulaban por Juramento y por los transeúntes que se detenían a preguntar qué ocurría. Los vecinos respondían con pocas palabras: “Se subasta la manzana” y “Queremos que se respete la ley”.

Por la noche, la fila se desarmó lentamente. Las pancartas quedaron apoyadas contra la pared de la comisaría. Detrás, el predio mantenía su aspecto habitual: el playón amplio, los autos quietos, la nave metálica al fondo, el silencio suspendido. Nada parecía haber cambiado, pero para el barrio el punto de inflexión ya había ocurrido.