Bangladesh: condenan a muerte a a la exprimer Sheikh Hasina por la represión en protestas que dejaron hasta 1400 muertos

DACA, Bangladesh.- Un tribunal especial de Bangladesh condenó este lunes a la exprimera ministra Sheikh Hasina a la pena de muerte por crímenes contra la humanidad relacionados con la represión ...

DACA, Bangladesh.- Un tribunal especial de Bangladesh condenó este lunes a la exprimera ministra Sheikh Hasina a la pena de muerte por crímenes contra la humanidad relacionados con la represión del levantamiento estudiantil de julio y agosto de 2024, una ola de protestas que dejó cientos de muertos y precipitó la caída de la líder tras 15 años de gobierno.

El fallo también impuso la pena capital al exministro del Interior Asaduzzaman Khan, mientras que un exjefe policial recibió cinco años de cárcel tras convertirse en testigo del Estado y admitir su participación en las órdenes represivas.

La sentencia, de 453 páginas y transmitida en vivo desde la capital, fue anunciada bajo un vasto operativo de seguridad que incluyó al Ejército, la Guardia Fronteriza, el Batallón de Acción Rápida y la Policía Armada, con un perímetro de cuatro capas alrededor de la corte.

Hasina, de 78 años y actualmente exiliada en India, fue juzgada en ausencia. Su partido, la Liga Awami, denunció que el proceso fue “ilegal”, “manipulado” y políticamente motivado, mientras convocó a un paro nacional en señal de protesta. La defensa estatal designada insistió en que los cargos carecían de fundamento y pidió su absolución.

El tribunal declaró a Hasina culpable de varios cargos graves: asesinar a seis manifestantes desarmados en Chankharpul el 5 de agosto de 2024, ordenar el ataque que dejó otros seis muertos —cinco de ellos quemados vivos— en Ashulia, dar instrucciones para emplear helicópteros, drones y armas automáticas contra estudiantes, e incitar a las fuerzas del orden a reprimir por la fuerza cualquier concentración. También recibió cadena perpetua por incitación pública y órdenes de exterminio durante el pico del levantamiento. La Fiscalía presentó 8747 páginas de pruebas, incluidas comunicaciones internas del gobierno y testimonios de 54 testigos.

Hasina enfrenta además otros tres casos en el Tribunal Internacional de Crímenes: dos por desapariciones forzadas y uno por la represión de manifestantes en 2013, lo que añade presión política y jurídica sobre una figura que gobernó Bangladesh durante el período más largo desde la independencia.

Según el veredicto, Khan también fue condenado a muerte por dos cargos vinculados a su responsabilidad de mando y a su participación directa en la represión. La Fiscalía pidió la confiscación de los bienes de ambos condenados y del exjefe policial, con el fin de destinarlos a compensaciones para las víctimas.

La corte sostuvo que existió una “conspiración deliberada y sostenida” para emplear fuerza letal contra civiles, en violación de las leyes internas e internacionales. Este fue el primer fallo sobre las atrocidades cometidas durante la crisis, y se espera que las próximas sentencias aborden casos de desapariciones forzadas y represión previa.

La lectura del veredicto ocurre en un clima político convulsionado y a semanas de las elecciones parlamentarias previstas para febrero, en las que la Liga Awami tiene prohibido competir. Diplomáticos y organizaciones de derechos humanos temen que la decisión judicial avive nuevas protestas. La corte recordó que el fallo puede ser apelado ante el Tribunal Supremo, aunque allegados a Hasina señalan que no lo harán mientras no haya un gobierno electo y con garantías democráticas.

Naciones Unidas calificó los hechos de 2024 como “el peor episodio de violencia” desde 1971, con hasta 1400 muertos y más de 14.000 heridos, la mayoría por disparos policiales, según sus estimaciones.

El levantamiento que derivó en la caída de Hasina se originó en julio de 2024, cuando estudiantes universitarios comenzaron marchas pacíficas para exigir el fin del sistema de cuotas de empleo público que reservaba el 30% de los puestos para familiares de veteranos de la guerra de independencia. El reclamo académico rápidamente se convirtió en un estallido nacional ante el descontento acumulado por años de represión política, detenciones masivas y denuncias de fraude electoral. Con el avance de las protestas, las fuerzas de seguridad empezaron a responder con fuerza letal, lo que desató un ciclo de violencia sin precedentes en el país.

Hacia finales de julio y comienzos de agosto, las marchas estudiantiles se transformaron en una revuelta abierta contra el gobierno. Las autoridades impusieron toques de queda, cortes prolongados de internet —incluyendo la suspensión total del servicio móvil y la caída de la banda ancha— e incrementaron la presencia militar en las calles. Los choques dejaron cientos de muertos en pocos días. La prensa local reportó que solo el 4 de agosto murieron 95 personas en Daca, incluidos 14 policías, mientras grupos rivales se enfrentaban y edificios gubernamentales eran asaltados.

El 5 de agosto, en medio del caos, miles de manifestantes irrumpieron en la residencia oficial de Hasina en Daca. Las imágenes de la primera ministra abordando un helicóptero militar junto a su hermana se difundieron de inmediato. El aparato aterrizó horas después en India, confirmando su huida.

Tres días más tarde, el jefe del Ejército, el general Waker-Uz-Zaman, anunció la conformación de un gobierno interino, prometió una investigación exhaustiva sobre la represión y aseguró que las fuerzas armadas se retirarían progresivamente de las calles. “Tengan fe en el Ejército”, pidió entonces. “Castigaremos a los responsables”, agregó.

Aunque la Corte Suprema había decidido reducir la cuota para veteranos del 30% al 5%, con un sistema más meritocrático, la decisión llegó tarde. Para entonces, el movimiento exigía la caída total del gobierno y responsabilidades penales por las muertes. Las protestas dejaron más de 14.000 heridos y más de 11.000 detenidos, según cifras oficiales del gobierno interino. Las universidades permanecieron cerradas durante semanas y se registraron incendios intencionales en tiendas, oficinas estatales y cuarteles policiales, en un clima de descontrol generalizado que las autoridades atribuyeron a “grupos opositores infiltrados”.

Agencias AP, DPA y Reuters