Dillon’s Rule vs. Home Rule: la batalla legal que define si una ciudad protege a migrantes o debe obedecer al estado

El debate sobre hasta dónde puede llegar la autonomía de una ciudad en Estados Unidos aparece cada vez que un municipio busca regular aspectos sensibles sin esperar una autorización estatal. Poc...

El debate sobre hasta dónde puede llegar la autonomía de una ciudad en Estados Unidos aparece cada vez que un municipio busca regular aspectos sensibles sin esperar una autorización estatal. Pocas cuestiones exponen esa tensión con tanta claridad como el estatus de las llamadas “ciudades santuario”, cuyos gobiernos locales intentan manejar la cooperación con autoridades federales o estatales según criterios propios. En el centro de esta discusión se encuentran dos principios opuestos: Dillon’s Rule y Home Rule.

Qué es el Home Rule de Estados Unidos y cómo funciona

El llamado Home Rule describe una transferencia de atribuciones desde los gobiernos estatales hacia los condados y municipios, con el propósito de fortalecer la capacidad de autogobierno local. No existe un parámetro único para definir cuánta independencia supone este sistema, porque cada estado concede grados distintos de autonomía.

Según explica Ballotpedia, en numerosos estados coexisten gobiernos locales regidos por leyes generales y otros que funcionan bajo cartas orgánicas propias.

Estas últimas suelen otorgar más margen de acción, aunque la ausencia de una carta municipal no implica necesariamente una falta de autonomía: muchas legislaturas estatales permiten a ciudades organizadas bajo legislación general ejercer cierto nivel de autogobierno.

En todos los casos, esta modalidad puede abarcar decisiones estructurales —como elegir un modelo de administración—, la potestad de definir políticas sustantivas o incluso la capacidad de diferir de estatutos estatales en temas estrictamente municipales.

Cómo surgió Dillon’s Rule y qué plantea

El enfrentamiento entre autonomía local y control estatal adquirió forma jurídica a partir de lo que luego se conocería como Dillon’s Rule. El juez John Forrest Dillon, integrante de la Corte Suprema de Iowa entre 1863 y 1869 y posteriormente magistrado federal, desarrolló en dos decisiones judiciales una doctrina que limitó severamente las facultades de los gobiernos locales. Ese criterio fue adoptado por tribunales superiores de distintos estados y finalmente recibió el aval de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Dillon sostuvo que las ciudades solo poseían aquellas facultades otorgadas de manera explícita por el estado. A ellas podían sumarse poderes implícitos, pero únicamente si resultaban indispensables para cumplir con los fines esenciales de la corporación municipal. Todo aquello que fuera meramente conveniente quedaba excluido.

Además, cualquier duda razonable sobre la existencia de una facultad debía resolverse en contra de la ciudad. Según el material de Ballotpedia, esta postura colocó a los gobiernos locales en una situación de dependencia estrecha respecto de las legislaturas estatales.

Frente a este marco restrictivo surgió la respuesta del Home Rule, que buscó revertir la lógica de Dillon: bajo este modelo, los municipios conservan todas las facultades, salvo aquellas que el estado prohíbe de manera expresa.

A fines del siglo XIX, varios estados comenzaron a modificar sus constituciones para limitar la posibilidad de que las legislaturas aprobaran leyes especiales que afectaran a una sola ciudad y para autorizar cartas orgánicas municipales.

Missouri fue el primer estado en consagrar el Home Rule en 1875, seguido por California en 1879 y luego por Minnesota y Washington.

Qué estados aplican Dillon’s Rule, Home Rule o ambos

Las diferencias entre estados son profundas y, en consecuencia, también lo es la capacidad de cada ciudad para sostener decisiones propias. Existen estados que aplican Dillon’s Rule de manera total, los que adoptan Home Rule, los que mezclan ambos sistemas según el tipo de municipio y los que conceden una autonomía limitada.

Hay nueve estados con Dillon’s Rule puro. Sin Home Rule o con aplicación muy limitada, los gobiernos locales solo tienen poderes explícitamente concedidos por el estado:

DelawareMississippiMontanaNevadaNew HampshireOklahomaVermontVirginiaWyoming

Otros 10 estados funcionan con Home Rule puro: autonomía amplia para gobiernos locales sin Dillon’s Rule restrictivo. En estos casos, el poder se presume a menos que se prohíba explícitamente:

AlaskaFlorida (excepción: Home Rule general, pero no para impuestos)IowaMassachusettsNueva JerseyOhioOregonCarolina del SurUtahWest Virginia

Otros 22 estados cuentan a la vez con Home Rule, pero también con Dillon’s Rule. El primero constitucional, pero el segundo aplica a temas no cubiertos o a ciertos gobiernos locales:

ArizonaCaliforniaColoradoConnecticutGeorgiaHawáiIdahoIllinoisLouisianaMaineMarylandMichiganMinnesotaMissouriNuevo MexicoNueva YorkDakota del NortePensilvaniaRhode IslandDakota del SurTennesseeWashington

Por último, existe un grupo de nueve estados con Home Rule Limitado y Dillon’s Rule: el primero solo para ciertos municipios o por estatuto, y el segundo como base

AlabamaArkansasIndianaKansasKentuckyNebraskaCarolina del NorteTexasWisconsinCómo afectan estas normas a las ciudades santuario

Las denominadas ciudades santuario requieren márgenes amplios de autogobierno para regular su cooperación con autoridades estatales o federales en materia migratoria.

En los estados con Home Rule, estas jurisdicciones pueden aprobar ordenanzas que limiten la colaboración o definan criterios propios mientras no entren en conflicto directo con la constitución estatal o federal. Al conservar facultades estructurales y funcionales amplias, les resulta más sencillo sostener políticas diferenciadas.

En cambio, en los estados que aplican estrictamente Dillon’s Rule, cualquier normativa local que no esté explícitamente autorizada por la legislatura puede ser cuestionada. Esto significa que deben solicitar permiso para aprobar normas nuevas, incluidos lineamientos sobre interacción con fuerzas estatales o federales.

Si la ley estatal impone un nivel específico de cooperación migratoria, los municipios quedan sin margen para operar como ciudades santuario, ya que cualquier regulación que pretenda reducir esa colaboración sería considerada inválida por exceder su autoridad legal.