Indagan a la pareja de Calvete, acusada de colaborar en el manejo de los pagos de la Andis

Desde el mediodía indagan en Comodoro Py a Guadalupe Muñoz, presunta pareja y colaboradora de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales actores en la presunta trama de corrupción que se inve...

Desde el mediodía indagan en Comodoro Py a Guadalupe Muñoz, presunta pareja y colaboradora de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales actores en la presunta trama de corrupción que se investiga dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), acusado de actuar como un director extraoficial dentro del organismo.

De acuerdo con las sospechas del fiscal Franco Picardi, Muñoz ayudaba a Calvete en la administración de los pagos efectuados a empresas, cobraba cheques, manejaba recibos y confeccionaba planillas con porcentajes, “participando activamente en la distribución de los fondos derivados de las operaciones investigadas”, dice el dictamen.

Parte de los elementos recabados por la Justicia que involucran a Muñoz en la maniobra se corresponden con comunicaciones de ella con Calvete, que, además de ser investigado en este proceso, está condenado y preso por proxenetismo en otra causa.

En un audio, por ejemplo, Calvete le explica a Muñoz cómo realizar un determinado porcentaje. “Amor, vos te equivocaste en la última columna. Porque es el 30% del 15%, ¿me entendés? Por eso te decía, dividilo por 7 y multiplícalo por tres”, le dice, y agrega: “Esa última columna tenés que rehacerla”.

“Siempre es el 70% del resultante de lo que dividís por 1.07. No es el 30 del 70, si no, perdemos guita amor”, le advierte Calvete, en otra grabación.

Además, Calvete le solicitó a Muñoz que le facilite 5 millones de pesos a Spagnuolo. “El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”, le explica, cuando Muñoz le pregunta para quién era el dinero. El viaje nunca llegó a concretarse.

Otro de los contactos entre ambos da cuenta, entiende el fiscal, de que bajo las competencias de Muñoz también estaba el manejo de cheques. “Amor –dice Calvete– Eva mandó los cheques apenas llegan me avisa, y va Lautaro a buscarlos”.

En otra de las comunicaciones, Muñoz le envía a Calvete un recibo por el pago de US$90.343, y este le pide que lo guarde en una caja fuerte, “sin aclarar de quién, ni en concepto de qué”, dice el fiscal.

Además, los vínculos societarios de Muñoz refuerzan su relación con Calvete. Constituyó la sociedad Residuos Disposición y Tratamiento S.A.S. junto a Ruth Noemí Lozano, quien, a su vez, es accionista de la empresa de Calvete, Indecomm, y de Profarma S.R.L, una de la empresas beneficiadas con el presunto direccionamiento, de la cual Lozano, que fue llamada a indagatoria por el juez Sebastián Casanello, también es accionista.

Ayer se negaron a declarar Luciana Ferrari y Federico Santich, acusados de oficiar como “operadores externos” en la agencia y de utilizar, sin ser funcionarios ni empleados públicos, un sistema interno de compra de insumos médicos.

Ferrari se desempeñaba profesionalmente en el laboratorio Roche al momento de los hechos −fue despedida tras el dictamen−, y Santich, que mantenía un estrecho vínculo con Calvete, era accionista de dos de las cuatro firmas favorecidas por el presunto direccionamiento, Profusión S.R.L y Droguería Profarma S.A.

En paralelo al avance de la causa, hay dos recursos pendientes de resolución en la Cámara Federal que apuntan a minar la investigación de Picardi.

Uno sostiene que los hechos ya fueron investigados en una causa anterior, que terminó archivada; y otro, que la investigación del fiscal se apoyó sobre audios −los de Spagnuolo− cuyo origen podría ser ilegal, lo que comprometería toda la investigación.

Ambos fueron presentados por la defensa de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, que está siendo investigada en la causa.

En esa línea, el abogado defensor de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, que adhirió al planteo de los Kovalivker, presentó en estos días una pericia de los audios, realizada en España, que, entras cuestiones, afirma que “se detectaron trazas que acreditan la presencia de voz sintética generada mediante algoritmos de inteligencia artificial, con una estimación de probabilidad del 65%”.

Sin embargo, los investigadores consideran que los pesquisa no se cimentó sobre los cuestionados audios, sino que estos fueron apenas un indicio que abrió las puertas de un entramado con otros elementos, independientes.

En el dictamen de 274 páginas por el cual el fiscal Picardi solicita las 15 indagatorias en curso, apenas se hace una sola alusión a aquellos audios, a modo de contexto.

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