La “Toretto” de La Plata esperará en su casa el juicio por la muerte del motociclista al que atropelló
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires resolvió que ...
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires resolvió que Felicitas Alvite -conocida como “La Toretto”, detenida hace más de ocho meses por atropellar y causar la muerte de Walter Armand en el centro de La Plata, cumpla arresto domiciliario sin la obligación de portar una tobillera electrónica.
La decisión anuló la resolución de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata que, en octubre pasado, había rechazado este beneficio. Tanto el fiscal del caso como la familia de la víctima podrían apelar para revertir el beneficio concedido.
El tribunal, presidido por los camaristas Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, hizo lugar a la morigeración al considerar que mantener a Alvite en un régimen más gravoso carecía de justificación, sobre todo tras los ocho meses de detención transcurridos y la inexistencia del riesgo de fuga.
“Alvite no se evadió y se quedó en el lugar, solicitando telefónicamente una ambulancia para que atendieran a la víctima y mostró a su vez preocupación por su estado de salud No obstruyó la investigación estando en libertad y oportunamente se presentó espontáneamente en la DDI local para estar a derecho, además de que carece de antecedentes penales y cuenta con arraigo y contención familiar No puede pasar inadvertido el paso del tiempo, toda vez que resulta insoslayable que han transcurrido aproximadamente ocho meses desde la detención de la imputada, siendo que ese lapso se torna en otro baremo significativo a la hora de analizar la cuestión aquí deducida”.
El traslado podría ser inmediato, ya que no se requiere la colocación de la pulsera electrónica. Sin embargo, Alvite deberá solicitar autorización cada vez que desee salir de su vivienda, sujeto a un estricto examen de las razones que invoque, por ejemplo, cuestiones médicas.
Mientras la defensa de La Toretto busca agilizar la salida del penal, la familia de Walter Armand cuestionó con dureza la falta de controles más estrictos y exigen justicia. “Cuando pensás que la Justicia de este país no puede ser peor, mirás las noticias y ves que la mina que mató comparte cosas en sus redes hablando de fingir demencia. Inventó una versión falsa de los hechos con sus amigos para quedar como la víctima, y resulta que tiene el derecho a prisión domiciliaria sin tobillera. Básicamente mató a una persona y después de unos meses puede volver a su casa como si no hubiese hecho nada, volver a juntarse con su familia y amigos mientras nosotros tenemos que estar rogando que se dé una fecha pronto para el juicio y que tenga la condena que merece al mismo tiempo que seguimos llorando su fallecimiento”, lamentó Milton Ariel Armand, hermano de la víctima, en la red social Facebook.
El expedienteEl atropello fatal ocurrió en la madrugada del 12 de abril de 2024, cuando Alvite cruzó la bocacalle de 13 y 532 con el semáforo en rojo y embistió a Walter Rubén Armand, de 36 años, que circulaba en una moto Bajaj Boxer.
Aunque inicialmente fue acusada de homicidio culposo por el fiscal Fernando Padován, de la UFI N°12 de Delitos Culposos de La Plata; en la actualidad se encuentra imputada por homicidio simple con dolo eventual, por el que podría recibir una pena máxima de 25 años de cárcel. En tanto, Valentina Velázquez, amiga de Alvite, enfrenta cargos por “participación en prueba de velocidad o destreza con vehículo automotor”, penado con hasta 3 años de prisión e inhabilitación para conducir por el doble de tiempo.
El juicio oral, que podría realizarse en el segundo semestre de 2025, definirá el grado de responsabilidad de Alvite en la muerte de Armand. Además, la defensa de la acusada optó por evitar la participación de un jurado popular, inclinándose por un debate técnico.
Hasta el momento del debate, La Toretto permanecerá en su domicilio, bajo las condiciones fijadas por el tribunal, en una decisión que provocó un fuerte descontento en la familia de la víctima y en gran parte de la opinión pública, que ve en este caso otra muestra de la fragilidad de los controles ante las carreras clandestinas que ponen en peligro tanto a sus participantes como a cualquier ciudadano ajeno a la actividad, pero presente al momento del hecho.