La ciudad “más venezolana de Florida” está por firmar un acuerdo con el ICE para detener inmigrantes

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La ciudad de Doral, conocida por su profunda identidad venezolana y por albergar a una de las comunidades migrantes más grandes del sur de Florida, se encuentra hoy ante una decisión que podría marcar un antes y un después. El Concejo Municipal votará este miércoles 16 de abril un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que, de ser aprobado, permitirá que los agentes de la Policía local participen en tareas federales para detener y procesar a personas indocumentadas.

Qué implica el acuerdo entre Doral y el ICE: cómo impacta en los inmigrantes

Si el Concejo aprueba el convenio, Doral se sumará a una política de “mano dura” migratoria que cobró fuerza durante el gobierno de Donald Trump. La ciudad permitiría que su cuerpo policial asuma tareas migratorias limitadas, como interrogar, arrestar o iniciar procesos administrativos contra personas sospechadas de haber violado leyes de inmigración.

Según informó The Miami Herald, el programa 287(g) contempla tres modalidades, aunque aún no está confirmado cuál de ellas se implementaría en esta ciudad. El modelo más común entre los municipios de Florida es el Task Force, que habilita a los agentes a detener a personas indocumentadas durante operativos locales.

Aunque el concejal Rafael Pineyro, único miembro venezolano del Concejo, sostuvo que la intención “no es detener a nadie por su apariencia” y que la medida se enmarca dentro del cumplimiento de las leyes federales y estatales, muchos vecinos y organizaciones expresaron su preocupación ante lo que consideran una amenaza a los derechos civiles de los migrantes.

Cómo es Doral: un enclave venezolano en la mira de políticas antiinmigración

Doral es un refugio de la comunidad venezolana. Según datos oficiales, más del 70% de sus habitantes son nacidos en el extranjero y, de ese porcentaje, más de un tercio proviene de Venezuela. La ciudad, incorporada al condado de Miami-Dade en 2003, cuenta con más de 81.000 habitantes y se ubica a unos 19 kilómetros del centro de Miami.

En los últimos años, y especialmente desde que Venezuela entró en una espiral de crisis humanitaria, Doral se transformó en un símbolo del exilio caribeño. No por nada se la conoce popularmente como “Doralzuela”, un apodo que refleja su identidad.

Allí se alzan negocios, escuelas y centros culturales profundamente ligados a la cultura venezolana. Incluso se inauguró en 2012 una estatua del Libertador Simón Bolívar, erigida por la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio.

Esta comunidad fue uno de los blancos más vulnerables de las recientes medidas del gobierno federal. La administración Trump, en su segundo mandato, eliminó las protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que beneficiaban a más de 600 mil venezolanos en todo el país norteamericano. Además, revocó permisos laborales y ejecutó traslados de migrantes a centros de detención en El Salvador, al utilizar atribuciones legales de tiempos de guerra, sin brindarles el debido proceso.

Ante esta situación, el mismo concejal Pineyro impulsó hace dos meses una resolución para pedirle al presidente Trump que “encuentre una solución para los venezolanos que cumplen la ley”. Sin embargo, aclaró que no buscaba entrar en confrontación con el mandatario. Llamativamente, ese mismo Concejo que abogó por una reforma migratoria para los venezolanos ahora podría autorizar a su Policía local a colaborar con las detenciones migratorias.

Preocupación de los líderes comunitarios venezolanos en Doral, Florida

Diversas voces dentro de la comunidad expresaron su desacuerdo con la posible adhesión al programa 287(g). Una de las más contundentes fue la de Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, una organización que actualmente litiga contra la cancelación del TPS. Ella aseguró que el acuerdo debilita la relación entre la comunidad y sus representantes electos.

“Al transformar a la policía local en un instrumento del Departamento de Seguridad Nacional, los funcionarios de Doral han traicionado la confianza de la gran comunidad venezolana de esta ciudad”, sostuvo. Para ella, las fuerzas del orden deberían ser vistas como protectoras, no como herramientas de persecución.

La ciudad también respaldó iniciativas migratorias favorables en el pasado. El mismo Concejo que debatirá este 16 de abril el acuerdo con el ICE, había apoyado recientemente el Venezuelan Adjustment Act, un proyecto legislativo que, de aprobarse, otorgaría residencia legal permanente a decenas de miles de venezolanos en Estados Unidos.