La ley firmada por DeSantis que entró en vigor en Florida y que limita el uso de redes sociales a menores de edad

Tras una suspensión inicial, la Ley HB 3 comenzó a aplicarse en Florida. La norma impone ...

Tras una suspensión inicial, la Ley HB 3 comenzó a aplicarse en Florida. La norma impone límites al acceso de menores a redes sociales, exige verificación de edad y establece sanciones para plataformas y empresas digitales que no cumplan sus disposiciones.

Un fallo dividido habilita la entrada en vigor de la HB 3 en Florida

La normativa, diseñada para regular el acceso de menores a redes sociales en Florida, fue aprobada en 2024 con apoyo bipartidista y firmada por el gobernador Ron DeSantis.

Aunque la legislación tenía como fecha de inicio el 1° de enero de 2025, su aplicación quedó en suspenso por una demanda interpuesta por organizaciones tecnológicas que cuestionaron su constitucionalidad.

La disputa se centró en si la ley vulneraba los derechos de la Primera Enmienda, un argumento presentado por grupos como NetChoice y la Computer & Communications Industry Association (CCIA), que solicitaron frenar la entrada en vigor mientras se revisaba el fondo del caso.

En respuesta, el juez federal Mark Walker otorgó una orden judicial preliminar que impidió la implementación de la norma antes de su fecha prevista.

Ese bloqueo inicial mantuvo la ley paralizada durante meses, hasta que la medida llegó a la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, que analizó si debía mantenerse la suspensión mientras seguía el proceso judicial.

El martes 25 de noviembre de 2025, el tribunal decidió suspender la orden judicial preliminar, con una votación de dos contra uno, y consideró que Florida puede aplicar temporalmente la norma, mientras continúa la batalla legal sobre su constitucionalidad.

¿Qué significa el fallo para la aplicación de la ley en Florida?

El fallo no resolvió el fondo del litigio, pero eliminó el obstáculo que impedía al estado avanzar. La suspensión otorgó la posibilidad de iniciar la fiscalización de la HB 3, lo que fue confirmado por el fiscal general James Uthmeier.

“¡Gran victoria! El Tribunal de Apelaciones de EE.UU. acaba de confirmar la ley de Florida que protege a los menores contra las redes sociales depredadoras y adictivas”, informó en un comunicado en X. “Los niños son nuestra prioridad y mi oficina aplicará enérgicamente esta normativa para garantizar que las grandes empresas tecnológicas dejen de explotarlos y dañarlos con fines de lucro”, aseguró.

¿Qué implica la nueva ley de Florida sobre el uso de las redes sociales en menores de edad?

La legislación introduce nuevas obligaciones para plataformas digitales y entidades comerciales que distribuyen contenido considerado perjudicial para menores. Para las redes sociales, la ley define parámetros específicos que incluyen la presencia de funciones como el desplazamiento continuo, algoritmos de recomendación y la posibilidad de cargar o visualizar contenido.

En relación con los menores de 14 años, la HB 3 prohíbe que estos celebren contratos digitales para abrir cuentas. Todo perfil asociado a un usuario en ese rango de edad debe ser terminado por la plataforma, que deberá otorgar un plazo de 90 días para presentar disputas. Además, el menor o su representante legal pueden solicitar la eliminación de la cuenta, lo que obliga a borrar permanentemente la información personal vinculada.

Para usuarios de 14 y 15 años, la norma establece que las plataformas solo pueden permitir cuentas si existe un consentimiento parental verificable. Cuando este permiso no se entrega o es revocado, la plataforma debe cerrar el perfil digital y eliminar datos al aplicar los mismos plazos previstos para menores más pequeños.

Requisitos aplicables a empresas con material considerado perjudicial

La ley también regula a entidades comerciales que publican o distribuyen material catalogado como perjudicial para menores. Estas compañías deben verificar la edad de los usuarios cuando más de un tercio del contenido disponible corresponda a esa categoría. La comprobación debe permitir al usuario elegir entre métodos anónimos y métodos estándar.

En los procesos de verificación anónima, las empresas externas que se encarguen de esa tarea no pueden retener, utilizar o divulgar información personal una vez completado el procedimiento. También deben implementar medidas para evitar accesos no autorizados a los datos durante el proceso.

Si una entidad comercial incumple estas obligaciones y permite el acceso por parte de un menor, puede enfrentar sanciones civiles. La norma establece que las violaciones constituyen prácticas comerciales desleales, lo que habilita investigaciones por parte del Departamento de Asuntos Legales del estado.

¿Qué pasa si no se cumple con lo establecido en la ley HB 3?

El Departamento de Asuntos Legales puede imponer multas civiles de hasta US$50.000 por cada infracción, además de recuperar honorarios legales y costos judiciales. También se prevén daños punitivos cuando se identifique un patrón de incumplimiento repetido o intencional por parte de una plataforma o entidad comercial.

La legislación habilita además demandas privadas en nombre de menores cuya información haya sido usada sin autorización o que hayan accedido a contenido restringido debido a un incumplimiento. En estos casos, los daños pueden alcanzar los US$10.000, además de costos legales. Estas acciones deben presentarse dentro del plazo de un año.

La HB 3 incluye sanciones adicionales para quienes no colaboren con las investigaciones estatales. La obstrucción, la destrucción de documentos o la falsificación de información puede generar multas semanales que ascienden a US$5000.

Un escenario legal aún abierto

Aunque la norma ya se aplica, el proceso judicial continúa. Las organizaciones demandantes buscan que el tribunal determine si la ley vulnera derechos constitucionales relacionados con el acceso a información en línea. Su posición sostiene que las familias deben tomar decisiones sobre el contenido que consumen los menores, sin intervención estatal.

“Esperamos que este estatuto se bloquee permanentemente por ser una violación de los derechos constitucionales de los floridanos”, manifestó Stephanie Joyce, directora de la CCIA, en un comunicado oficial. “Solicitamos al tribunal que agilice una audiencia completa para que podamos demostrar que esta ley debe ser derogada”, agregó.

El estado, por su parte, defiende la implementación provisional de la HB 3 mientras la Corte de Apelaciones evalúa su constitucionalidad. El resultado final dependerá de la decisión judicial sobre el fondo del caso, que aún no tiene fecha establecida.

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Lo que hay que saber:

¿Cuál es el propósito principal de la Ley HB 3 de Florida? La ley HB 3 de Florida busca imponer límites al acceso de menores a redes sociales, exigir verificación de edad y establecer sanciones para plataformas y empresas digitales que no cumplan sus disposiciones, protegiendo a los niños de contenido dañino y adictivo.

¿Por qué se suspendió inicialmente la aplicación de la Ley HB 3? La implementación de la HB 3 se suspendió por una demanda de organizaciones tecnológicas, como NetChoice, que cuestionaron su constitucionalidad. Un juez federal otorgó una orden judicial preliminar, argumentando que la ley podría vulnerar los derechos de la Primera Enmienda.

¿Cómo regula la Ley HB 3 el acceso a redes sociales para menores de 14 y 15 años? Para menores de 14 y 15 años, la HB 3 exige el consentimiento parental verificable para que puedan tener cuentas en redes sociales. Si este permiso no se entrega o es revocado, la plataforma debe cerrar el perfil digital y eliminar todos los datos asociados.

¿Qué sanciones enfrentan las plataformas y empresas que no cumplen con la Ley HB 3? Las plataformas y empresas que incumplan la HB 3 enfrentan multas civiles de hasta US$50.000 por infracción, además de honorarios y costos judiciales. También se pueden aplicar daños punitivos y multas semanales de US$5000 por obstrucción en investigaciones estatales.