Las leyes de Texas que entran en vigor en 2026 y todo lo que los migrantes deben saber

El panorama legal en Texas evoluciona con ...

El panorama legal en Texas evoluciona con un enfoque cada vez más marcado en la aplicación de la ley de inmigración a nivel estatal. Mientras algunas iniciativas ya comenzaron a implementarse, otras se perfilan en el horizonte para 2026, lo que configura un entorno complejo que las personas migrantes y las comunidades deben comprender.

SB 8: el futuro de la cooperación carcelaria de Texas con el ICE

A partir del 1° de enero de 2026, Texas dará un paso en la integración de las autoridades locales en la aplicación de la ley federal de inmigración mediante la entrada en vigor de la Ley SB 8.

La norma se centra específicamente en los condados que administran cárceles, ya sea directamente o a través de contratistas privados, obligándolos a gestionar activamente acuerdos de cooperación.

La esencia de esta ley, tal como se detalla en el texto de la SB 8, es requerir que cada sheriff solicite y firme un “acuerdo de cooperación en la aplicación de la ley migratoria” con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Estos pactos, basados en la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, autorizan a los departamentos del alguacil y a su personal a hacer cumplir la legislación migratoria federal dentro de un marco definido. Para garantizar el cumplimiento, la ley establece que si un sheriff no logra concretar un acuerdo, debe repetir la solicitud al menos una vez al año.

SB 36: la reorganización de la seguridad fronteriza y nacional

Mientras la SB 8 espera su turno, otra ley, la SB 36, ya comenzó a remodelar la estrategia de seguridad de Texas. La SB 36, que entró en vigor en septiembre de 2025, establece una nueva División de Seguridad Nacional dentro del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés). Dirigida por un jefe designado, está diseñada para ser el eje central de los esfuerzos de seguridad multiagencial y multijurisdiccional del estado.

Las responsabilidades de esta nueva división son amplias y tienen un impacto directo en las operaciones en la frontera. Según el texto de la SB 36, la división es ahora la encargada de:

Proporcionar la planificación estratégica y operativa para las operaciones de seguridad fronteriza.Coordinar los esfuerzos entre agencias federales, estatales, gobiernos locales y organizaciones privadas.Centralizar la recolección, diseminación y análisis de inteligencia para la seguridad fronteriza, operando centros dedicados a este propósito.Gestionar programas de vigilancia, como la instalación y el monitoreo de cámaras en la frontera con México, conocido como ‘Operación Drawbridge’.Iniciativas legislativas de Texas que no prosperaron: HB 2566 y SB 134

El panorama legislativo de Texas también estuvo marcado por propuestas que, tras el debate político, no lograron convertirse en ley. Dos de ellas fueron la HB 2566 y la SB 134, las cuales hubieran dado más amplitud a las responsabilidades de los agentes del orden y las entidades locales en materia de inmigración.

La HB 2566, titulada “Ley de Rastreo y Reporte de Extranjeros Criminales de Texas”, proponía una serie de obligaciones estrictas para los oficiales de paz. Entre sus disposiciones se incluía:

Investigar el estatus migratorio de cualquier persona detenida que no pudiera proporcionar ciertos documentos de identificación específicos, como una licencia de conducir de Texas o de otro estado que requiera prueba de presencia legal, un pasaporte estadounidense o documentación de inmigración con fotografía.Realizar esta investigación en un plazo de 48 horas, contactando al Centro de Apoyo para la Aplicación de la Ley del Departamento de Seguridad Nacional.Verificar el estatus migratorio de cada persona arrestada “tan pronto como sea practicable”.Exigir a las cárceles municipales y del condado que continuaran con estas investigaciones sobre el estatus migratorio de las personas bajo su custodia.

Por su parte, la SB 134 habría ido aún más lejos al ordenar directamente a todos los municipios y condados que celebraran acuerdos 287(g) con el ICE. Bajo esta propuesta, el fiscal general podría haber presentado demandas a cualquier localidad que se negara, al buscar medidas cautelares. Como castigo adicional, estas entidades se enfrentarían a la negación de fondos estatales para subvenciones.