Legisladores blindados, ciudadanos huérfanos

Con una votación empatada que terminó siendo dirimida por el “voto positivo” de la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, el Senado provincial dio un paso tan lamentable como peligros...

Con una votación empatada que terminó siendo dirimida por el “voto positivo” de la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, el Senado provincial dio un paso tan lamentable como peligroso hacia la consagración de una norma que, de convertirse en ley, reabrirá la puerta a la reelección indefinida de legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. No se trata de una mera modificación legislativa, como se esfuerzan en disfrazarla sus impulsores, sino de un vil intento de consolidar la eternización de funcionarios en el poder. Ha quedado así ratificado por dónde pasan hoy las principales preocupaciones de vastos sectores de la dirigencia política, acostumbrados a legislar para sí mismos, a espaldas de la sociedad y en abierta traición al espíritu republicano.

El proyecto aprobado por la Cámara alta distrital –falta el pronunciamiento de Diputados– fue promovido por el senador Luis Vivona (Unión por la Patria). Votado favorablemente por legisladores kirchneristas, del kicillofismo y por libertarios disidentes, representa la consumación parcial —pero clave— de una ruin maniobra que persigue un único objetivo: garantizar la supervivencia política de quienes no tienen otro horizonte que su propia permanencia en el cargo, asegurándoles buenas dietas. Es el sálvese quien pueda de una dirigencia que ha renunciado a cualquier compromiso con sus representados y que hoy encuentra en los fueros un paraguas útil no solo para amparar y proteger sus privilegios, sino también, en no pocos casos, para blindarse frente a investigaciones judiciales en trámite o por iniciarse. Como ya hemos señalado desde estas columnas, el camino hacia la impunidad está siendo pavimentado desde el propio recinto legislativo.

La degradación institucional es tan notoria como peligrosa. La ley de 2016, sancionada durante la gobernación de María Eugenia Vidal, con el aval del bloque del Frente Renovador, había resultado un avance en términos de transparencia y calidad democrática, pues permitía la reelección consecutiva de intendentes, legisladores, concejales y consejeros por una única vez, debiendo dejar pasar un período antes de intentar volver a postularse. Sin embargo, esa conquista fue primero desvirtuada por maniobras reglamentarias que permitieron a numerosos intendentes eludir su espíritu mediante licencias estratégicas y ahora es directamente atacada por esta reforma regresiva que momentáneamente dejó fuera a los intendentes.

Bajo un ropaje de falsa legalidad, los senadores decidieron anteayer revalorizar la figura del político eterno, incapaz de concebir la función pública como un servicio temporario. Los argumentos esgrimidos en favor del proyecto resultan descabellados. Sostener que la Constitución provincial no prohíbe las reelecciones indefinidas no es una justificación, sino la muestra de un pensamiento político carente de ética institucional. Como se sabe –aunque muchos pretendan desconocerlo– la ley no se agota en lo que no prohíbe, sino que se construye desde los valores que promueve. La alternancia en el poder, lejos de resultar un obstáculo, es el motor de toda democracia que se precie de tal. Justificar la maniobra en la necesidad de que “la gente elija” a quien quiera y entonar el tan mentiroso como remanido cántico de la proscripción solo persigue desviar la atención de forma descarada. Se pretende echar un manto de piedad sobre las consecuencias más comunes que resultan del ejercicio perenne del poder: el uso sistemático de recursos públicos, el clientelismo, la no rendición de cuentas y la distorsión de la competencia electoral.

A quienes mantienen alguna sospecha sobre el verdadero trasfondo de esta iniciativa, baste recordar que muchos de los legisladores que votaron a favor están culminando su segundo mandato y quedarían fuera del juego político si se mantuviera la normativa en vigor. Es, ni más ni menos, que una reforma a medida. No hay razones ideológicas ni técnicas que la sustenten. Solo el más rancio instinto de autopreservación.

Mientras la provincia de Buenos Aires enfrenta índices alarmantes de pobreza, inseguridad, déficit educativo y sanitario, los senadores han decidido que el problema más urgente es el futuro de sus bancas. El desprecio por las necesidades reales de los bonaerenses es tan flagrante como la hipocresía de quienes dicen representarlos.

Diputados tiene ahora la posibilidad —y la responsabilidad— de frenar esta vileza. Los legisladores que aún conservan un mínimo de respeto por las instituciones deben impedir que esta norma se sancione.

Es de esperar que los diputados rechacen esta iniciativa vergonzante y honren el mandato que les fue confiado por la ciudadanía a todos los que hoy cobran un sueldo del Estado para legislar por el bien común, no por el propio.