Por el blanqueo de la Ley Bases se regularizaron solo 16.703 puestos de trabajo: por qué hubo baja adhesión

La Ley Bases aprobada por el Congreso a mediados de 2024 incluyó un plan para regularizar puestos de trabajo que no habían sido registrados o que estaban deficientemente declarados. Fue una apues...

La Ley Bases aprobada por el Congreso a mediados de 2024 incluyó un plan para regularizar puestos de trabajo que no habían sido registrados o que estaban deficientemente declarados. Fue una apuesta del Gobierno para ver crecer el número de ocupaciones asalariadas registradas, algo que en la práctica no se logró. Más conocido como blanqueo laboral, el Régimen de Promoción del Empleo Registrado previó una amplia condonación de las deudas con el fisco por los aportes y contribuciones no abonados en su momento, entre otros beneficios.

¿Qué resultados tuvo el programa? Durante los tres meses que estuvo habilitado el trámite para la regularización -entre fines de septiembre y fines de diciembre de 2024- adhirieron 1950 empleadores, y lo hicieron para poner en regla la situación de 16.703 trabajadores. Por el plan, el fisco recaudó unos $2000 millones.

Las cifras son de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y fueron obtenidas por LA NACION tras un pedido de acceso a la información pública.

El número de regularizados puede considerarse escaso si se lo contrasta, por ejemplo, con la cantidad estimada de asalariados no registrados que consta en los últimos informes del Indec referidos a la “Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra”. En el primer trimestre de este año -dato más reciente disponible- la cifra era de 5.437.000 ocupados, no muy diferente a la de igual período de 2024, de 5.448.000 (hubo 11.000 puestos menos este año). Es decir, del total de empleados no declarados que se estima que hay, se regularizó un 0,3%.

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Según algunos analistas consultados por LA NACION, además de la heterogeneidad del problema de la informalidad y de las dudas sobre la marcha de la actividad económica y sobre posibles reformas legislativas futuras, una cuestión que atentó contra una regularización más amplia es que, además de los incentivos para blanquear, la misma ley 27.742 eliminó sanciones que existían por no regularizar. Ambas medidas fueron promovidas por el Gobierno y una de ellas, según la observación, pudo haber opacado a la otra.

En la comparación de cifras del primer trimestre de este año con las de igual período de 2024 se observa que el empleo asalariado formal tuvo una caída, al igual que el no registrado: el citado informe del Indec consigna que los puestos eran el año pasado 11.199.000, mientras que en la primera parte de 2025 la cifra fue de 11.145.000.

El número total de puestos de trabajo, sin embargo, tuvo una suba interanual. Eso se explica por la el crecimiento de la cantidad de ocupaciones sin relación de dependencia, un segmento en el que suelen prevalecer los monotributistas y los cuentapropistas informales. La estimación del Indec revela la existencia de alrededor de 22.688.000 puestos de trabajo este año (sumando todos los grupos), 227.000 más que los estimados para el inicio de 2024.

Quita de sanciones y expectativas

Según el economista Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, hay “dos grandes razones” por las cuales considera que el resultado del plan no fue mejor. “La primera -dice- es que, si bien se crearon incentivos para regularizar, al mismo tiempo se eliminaron las sanciones por no regularizar", algo que desincentivó el ingreso.

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La segunda, según su análisis, es que el problema del no registro requiere un abordaje sectorial, “porque no es lo mismo el pequeño comercio minorista, que a veces ni siquiera tiene rentabilidad para pagar los salarios de convenio, que los pequeños talleres proveedores de grandes empresas, casos en los cuales sería necesario mirar toda la cadena de valor”.

Según el análisis del economista jefe de FIEL, Juan Luis Bour, hay varias hipótesis sobre por qué no hubo una mayor adhesión, y se vinculan con las razones por las cuales no se crea más empleo formal (el número de asalariados registrados del sector privado es, según datos oficiales del sistema jubilatorio, similar al que había a comienzos de 2012, más allá de algunos altibajos no demasiado significativos).

Una de las hipótesis es que las empresas enfrentan la necesidad de tener mayor competitividad y eso requiere “bajar drásticamente los costos unitarios de producción”. El objetivo implica un desafío para evitar que la demanda de bienes vaya hacia los que son más competitivos o hacia los importados. Aun con los beneficios para regularizar, dice Bour, el empleador no se libera de los altos costos de litigiosidad derivados de contratar en blanco que puede haber en el futuro “si la demanda se cae”. En consecuencia, afirma, no se contrata, “excepto que sea una planta nueva con mucha tecnología y capital intensiva”.

Esas observaciones se relacionan con lo que ocurre hoy con la actividad y, sobre todo, con las expectativas. Este año “la economía se desacelera, crece apenas al 5% y las perspectivas para 2026 son inciertas”, afirma el economista.

Esto lleva a que el empleo formal se mueva poco. Según la estadística del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los empleos registrados en empresas privadas fueron en abril de este año 6.255.083, el número mensual más bajo del primer cuatrimestre. En abril de 2024 y de 2023 fueron 6.257.457 y 6.339.738, respectivamente.

En las expectativas entra en juego la posible reforma laboral. “No es claro que habrá de propuesta de reforma. Y las pocas que hubo fueron revertidas”, observa Bour, en referencia a los fallos judiciales contra cambios dispuestos en la actual gestión.

Un alivio al costo de incumplir

El abogado Luis Discenza, socio del estudio Adrogué, Zabala, Discenza, Ronchetti & Abogados, coincide con Campos en destacar que “la misma norma que sancionó el blanqueo eliminó las multas que aplicaba el fuero laboral ante el empleo no registrado o parcialmente registrado, que tornaban muy gravosos los reclamos laborales”.

Según grafica, en una demanda por despido de un trabajador no registrado que había estado en una empresa 5 años, el monto a pagar se triplicaba por efecto de las multas que el año pasado quedaron derogadas.

La Ley Bases definió, por un lado, el plan de regularización que incluyó varios incentivos económicos para el empleador y el derecho para los trabajadores regularizados a computar hasta 60 meses de aportes al sistema jubilatorio.

Pero, a la vez, se eliminaron multas por falta de registración del vínculo laboral y se anularon incrementos del monto indemnizatorio previstos para el caso de no existir el debido registro, además de la quita de otras sanciones. “Evidentemente, los incentivos no despertaron el interés suficiente de los empleadores para acogerse al blanqueo, una vez derogadas las multas por no registrar”, evaluó Discenza. “La situación -concluye- generó un efecto desalentador” para regularizar.

Qué empresas regularizaron

Según los datos de ARCA, de los 1950 empleadores que adhirieron a la regularización 1411 fueron micro y pequeñas empresas o entidades sin fines de lucro. Este grupo fue beneficiado con un 90% de condonación de las deudas con los subsistemas de jubilación, del PAMI, de las obras sociales y de asignaciones familiares y al Fondo Nacional del Empleo.

También ingresaron 51 firmas medianas (se les perdonó el 80% de las obligaciones) y otras 282 no calificadas como pymes, que tuvieron un descuento del 70% del monto de sus deudas. Además, 206 empleadores se anotaron en el programa para rectificar los montos de las remuneraciones (habían declarado cifras inferiores a las reales).

La actividad que concentró la mayor cantidad de empresas fue la mercantil. Hubo 661 empleadores del rubro definido como “comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas”. En 266 casos se trató de establecimiento industriales, en tanto que adhirieron 182 firmas de servicios de alojamiento y gastronómicos, 131 de servicios profesionales, científicos y técnicos, 116 de servicios de salud y sociales, y 109 del rubro agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.