Preska define si suspende la entrega de acciones de YPF tras la apelación de Argentina

En el Gobierno hay expectativa hoy ante una posible noticia favorable desde Estados Unidos. La Justicia de ese país podría suspender la orden que ...

En el Gobierno hay expectativa hoy ante una posible noticia favorable desde Estados Unidos. La Justicia de ese país podría suspender la orden que obliga al Estado argentino a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos beneficiarios que demandaron al país, pero impondría como condición el depósito de una garantía de pago. La medida podría ocurrir mientras se tramita la apelación al turnover de las acciones, iniciada por la Argentina el jueves pasado.

La decisión tiene que ser tomada por la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, y representaría un alivio para la Procuración del Tesoro, pero exigirá al Gobierno realizar una transferencia de fondos al exterior.

La medida se podría conocer hoy luego de que, la semana pasada, la defensa argentina apelara el fallo de Preska que ordenaba entregar las acciones de la petrolera en un plazo de 14 días, que vencía hoy.

El jueves pasado, Preska emitió una orden informando que resolverá el pedido de suspensión hoy a más tarde. Luego, le dará a las partes tres días más para que vayan a la Cámara de Apelaciones si así lo desean.

Si resuelve no darle la suspensión al Estado argentino, la defensa tiene 72 horas más para presentarse ante la Corte de Apelaciones. En cambio, si Preska falla a favor, lo más probable sea que los demandantes apelen la medida. En la Procuración del Tesoro, el órgano oficial encargado de diseñar las estrategias legales del país, dijeron que están trabajando en todos los escenarios y aguardando novedades.

Los beneficiarios del fallo son los fondos Burford Capital y Eton Park, que demandaron a la Argentina por la expropiación de YPF y obtuvieron a su favor una indemnización de US$16.100 millones más intereses.

También fue incluido como beneficiario el fondo Bainbridge, que recibiría acciones de la compañía como parte del pago de la deuda en default desde 2001.

Aunque ese último juicio ya tiene sentencia firme y el Estado argentino debe pagar alrededor de US$100 millones, el proceso por la expropiación de YPF aún se encuentra en etapa de apelación.

Burford —que compró el derecho a litigar en la quiebra de las empresas Petersen— y Eton Park solicitaron al tribunal que rechace la cautelar pedida por la Argentina. En caso de que se concediera, pidieron que quedara sujeta al pago de una fianza millonaria.

Mientras tanto, se espera en Estados Unidos la designación de los tres jueces que integrarán el Tribunal de la Corte de Apelaciones. Las tres partes involucradas en el caso —el Estado argentino, YPF y los fondos demandantes— ya presentaron todos los escritos requeridos, y solo resta el nombramiento de los jueces y la fijación de la fecha de audiencia, prevista para los próximos meses.

La semana pasada, la defensa del Estado argentino sostuvo que el pedido de los demandantes implica un ataque directo contra su soberanía y detalló tres argumentos centrales:

Un caso sin precedentes. No se trata de una disputa comercial tradicional, sino de un juicio excepcional que involucra un fallo por US$16.100 millones, actualmente apelado, y que plantea cuestiones jurídicas complejas. Incluso —destacó la defensa— el propio gobierno de Estados Unidos expresó desacuerdos con la decisión del tribunal.Daño irreparable. Cumplir con la orden implicaría violar la legislación local, específicamente la ley de expropiación de YPF, que prohíbe vender acciones sin la aprobación del Congreso. De avanzar, la Argentina perdería de forma irreversible el control de la petrolera.Falta de perjuicio y defensa del interés público. Según el escrito, los demandantes no sufrirían daños si se suspende la medida, mientras que su ejecución inmediata podría perjudicar a terceros ajenos al juicio —como provincias y bonistas— y activar cláusulas contractuales en contra de YPF. Por eso, aseguran, lo mejor es mantener el statu quo.

Del otro lado, los demandantes acusaron al Estado argentino de haber dilatado el cumplimiento del fallo durante más de ocho años, y de haber conseguido dos años extra desde que se dictó la sentencia, sin una suspensión formal. “Aprovechó al máximo ese tiempo adicional, pero no hizo ningún esfuerzo por cumplir con las condiciones impuestas por el Tribunal”, cuestionaron en un escrito firmado por el abogado Paul D. Clement.

En septiembre de 2023, el Estado argentino fue condenado a pagar una indemnización de US$16.100 millones más intereses por la expropiación de la petrolera, ocurrida en 2012.