Qué dice el proyecto de ley SB11 que Greg Abbott respaldó en Texas y cómo impacta en la Justicia

Greg Abbott salió a respaldar con fuerza un proyecto de ley que busca ampliar significativamente el poder de la Oficina del Fiscal General para intervenir en ...

Greg Abbott salió a respaldar con fuerza un proyecto de ley que busca ampliar significativamente el poder de la Oficina del Fiscal General para intervenir en casos de fraude electoral en Texas. La propuesta, conocida como SB11, reavivó el debate sobre los límites legales de esa oficina, su rol en los comicios y las posibles implicancias éticas para los senadores que también aspiran a ocupar ese mismo cargo.

Qué propone el proyecto de ley SB11 de Texas

El Senado texano se encuentra próximo a votar la iniciativa SB11, una de las prioridades de Greg Abbott en la presente sesión legislativa extraordinaria. El texto, impulsado por el senador republicano Bryan Hughes, apunta directamente a restaurar las facultades del fiscal general para iniciar procesos penales por delitos electorales sin necesidad de que haya una solicitud previa por parte de fiscales locales.

Según informó el Houston Chronicle, la Corte de Apelaciones Penales de Texas —el tribunal penal más alto del estado— dictaminó en 2021 que la oficina del fiscal general no tiene autoridad para presentar cargos criminales de forma unilateral en casos de fraude electoral. El fallo, basado en la interpretación de la Constitución estatal, estableció que esa facultad solo puede ser ejercida cuando un fiscal de distrito solicita asistencia.

A raíz de esa decisión, el fiscal general actual, Ken Paxton, emprendió una campaña para desplazar a los jueces que firmaron el fallo. Durante las últimas elecciones, logró que sus candidatos favoritos reemplazaran a los tres magistrados involucrados.

En paralelo, continuó con su promoción de investigaciones conjuntas con fiscales locales, como por ejemplo con el del condado de Frio, para imputar a un grupo de demócratas del sur del Estado de la Estrella Solitaria, acusados de prácticas ilegales de recolección de votos.

El nuevo proyecto busca dejar atrás ese contexto judicial restrictivo. Entre sus puntos más relevantes, la versión original de SB11 incluía un plazo de seis meses para que los fiscales locales actuaran antes de que la oficina del fiscal general interviniera. Sin embargo, durante la sesión legislativa regular, la propuesta fracasó por diferencias entre las cámaras sobre si ese marco temporal debía mantenerse.

Ahora, en la sesión especial, Abbott incluyó este tema entre los 18 asuntos prioritarios. El SB11 volvió a la agenda con la expectativa de lograr consenso, aunque genera resistencias, especialmente entre fiscales de condados demócratas y organizaciones defensoras de derechos civiles, que advierten sobre un uso político del aparato judicial.

Abbott defendió el proyecto legislativo: “No expande el poder del fiscal general”

Ante la controversia, el gobernador Greg Abbott salió a responder directamente a las críticas que generó el proyecto. En su cuenta oficial de X (ex Twitter), refutó un artículo del Houston Chronicle que describía el proyecto como una expansión significativa del poder del fiscal general.

“Para que quede claro: el proyecto de ley sobre integridad electoral no ‘expande dramáticamente el poder del fiscal general’. Lo restaura al modo en que estaba cuando yo ocupaba ese cargo”, escribió. A su vez, agregó que durante su gestión como fiscal general, procesó repetidamente casos de fraude electoral. En ese contxto, defendió que la oficina debe conservar esa capacidad.

Su postura se alinea con la narrativa dominante dentro del Partido Republicano, que sostiene que existen amenazas contra la integridad del voto, especialmente desde las elecciones presidenciales de 2020. Aunque expertos coinciden en que los casos de fraude electoral son extremadamente infrecuentes, la desconfianza sembrada tras las acusaciones de Donald Trump alimentan la agenda legislativa en estados como Texas.