Exportadores cordobeses se suman a la ola desreguladora: impulsan 25 medidas para simplificar el comercio internacional

CÓRDOBA.- Aunque el Gobierno nacional avanzó en la remoción de regulaciones al comercio internacional, los empresarios creen que todavía puede hacerse más. La Federación de Cámaras de Comerc...

CÓRDOBA.- Aunque el Gobierno nacional avanzó en la remoción de regulaciones al comercio internacional, los empresarios creen que todavía puede hacerse más. La Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina (Fecacera) le presentó al ministro Federico Sturzenegger una propuesta de 25 medidas que simplificarían la operatoria (el trabajo fue elaborado por la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba y consensuado con el resto).

Además de Sturzenegger, tienen la propuesta la Aduana, el Banco Central y la Cancillería. Marcelo Bechara, presidente de la Cacec, señala que si bien se removieron trabas burocráticas “falta mucho todavía”.

Las medidas están diseñadas por áreas. Para ARCA-Aduana, por ejemplo, apunta a cambios en la iniciativa de Seguridad en Tránsito Aduanero (ISTA), fue aprobada en 2006 y se aplica al movimiento de mercaderías de importación en el territorio aduanero general sin el previo pago de los tributos aduaneros. Para los empresarios, el régimen “presenta sobrecostos y costos encubiertos”.

Por ejemplo, para evitar demoras en importaciones (a excepción de las que puedan afectar la salud pública), impulsan diferir el control a aduanas interiores mediante un sistema de alertas Canal Rojo; para exportaciones sostienen que los controles “sobre contenedores con imágenes sospechosas tras escaneos en puerto, cuando estos han sido previamente revisados en la planta del exportador, deben ser rápidos para evitar pérdidas de buques” y afecta los vínculos comerciales.

Empujan también la instrumentación de declaraciones electrónicas que eliminen la necesidad de presentaciones en papel, permitiendo correcciones más veloces. Sostienen la necesidad de reducir los costos del precinto electrónicos, que hoy varían entre US$200 y US$400, y pueden superar los US$800 en distancias largas, “lo que representa un peso significativo en relación con el valor de la carga”.

También se refieren a la necesidad de modificaciones en el régimen de devolución de IVA a los exportadores, al que consideran un “instrumento necesario y fundamental para mantener su competitividad”. Piden la revisión de los procedimientos para el pago, ya que las demoras son importantes e impulsan cambiar el artículo 23 de la RG AFIP 2000, eliminando a los incumplimientos de la obligación de ingresar y liquidar divisas como impedimento para la devolución de IVA al exportador.

Además, interpretan que hay que eliminar del incumplimiento de la obligación de ingreso de divisas como causal de recategorización en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). La modificación de la norma es porque aquellos que presentan inconsistencias o incumplimientos informados por el BCRA en cuanto a la obligación de ingresar y liquidar divisas cuando regularizan la situación no puedan recuperar la categoría de “bajo riesgo”, ya que permanecen 24 meses ininterrumpidos en el estado de “mediano riesgo”.

Entre los puntos que consideran necesarios cambiar se cuenta el de la liberación de mercadería bajo garantía. “Cualquier importador-exportador que haya tenido que enfrentar una denuncia con motivo de alguna discrepancia entre su declaración aduanera y el criterio del verificador de Aduana interviniente en el control de la operación puede dar testimonio de los graves daños que esta circunstancia puede ocasionar, y que, muchas veces, superan ampliamente a la sanción prevista”, describen, ya que el verificador puede, de manera cautelar, ordenar la detención del despacho de la mercadería.

Para la Fecacera se debe instrumentar un procedimiento “digital y ágil de liberación bajo garantía de mercaderías sujeta al cumplimiento de una intervención de tercer organismo que haya sido objeto de denuncia".

Hay un punto sobre fraude marcario: consideran que se deben delimitar de facultades de la Aduana en conflictos privados y eliminar la posibilidad de detener mercadería en tránsito.

En otro segmento de la propuesta repasan que los servicios extraordinarios de aduana “se han convertido en un gravoso problema que afecta fundamentalmente las exportaciones", aunque el impacto en importaciones también es significativo. Indican que aquello que estaba previsto para casos excepcionales “se ha convertido en práctica diaria y obligada, y afecta especialmente a empresas con régimen de carga en planta para exportación, depósitos fiscales particulares y aduana domiciliaria".

En esa línea plantean la necesidad de cambiar este sistema, a partir de “garantizar el ingreso de los agentes aduaneros a través de salarios regulares y acordes a la importancia de sus tareas; extender el horario hábil de atención del servicio aduanero hasta las 21, acorde con necesidades reales que plantee la actividad, de modo de limitar la aplicación de la tasa de servicios extraordinarios a los menores casos posibles (...) y establecer pautas de control mediante cruce informático”.

La Federación propone ampliar los plazos de permanencia en depósitos fiscales y unificarlos a todos, independientemente del modo de arribo de la mercadería (hoy rigen 90 días para llegada marítima y 30 por vía terrestre y aérea), y contemplar la posibilidad de suspensión de los plazos de permanencia a solicitud del interesado mientras mantenga el interés en la mercadería y que cumpla en forma adecuada con sus obligaciones con el Depositario.